Guatemala se blinda para unas elecciones sumidas en la incertidumbre

Después de casi tres meses de intensa campaña, este 16 de junio, más de 8 millones de personas están llamadas a las urnas, que estarán abiertas desde las 7.00 hasta las 18.00 horas en 2.932 centros de votación.

Allí deberán elegir al presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 miembros de corporaciones municipales.

El portavoz de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, dijo que 42.197 agentes brindarán seguridad en el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, vigilarán las bodegas y materiales electorales, resguardarán plantas de energía y acompañarán a observadores nacionales y extranjeros.

En estas labores también participará el Ejército, resguardando puntos críticos, áreas de valor estratégico y centros carcelarios del país.

Guatemala impuso desde este sábado a las 12:00 hora local y hasta las 06:00 hora local del lunes la Ley Seca, que prohíbe la venta, distribución y consumo de licores.

Para vigilar el proceso, además de los observadores locales, está presente una misión de la Organización de los Estados Americanos, dirigida por el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís e integrada por 84 miembros de 23 nacionalidades que ya están desplegados en los 22 departamentos y en dos de los centros de votación en el exterior: Silver Spring y Nueva York (ambos en Estados Unidos).

Las elecciones de este domingo son las primeras en las que los migrantes guatemaltecos radicados en Estados Unidos que se han empadronado para los comicios -unos 63.000- podrán votar para elegir al presidente y vicepresidente para los próximos cuatro años (2020-2024).

Según las encuestas, entre las candidaturas presidenciales lidera en intención de voto, aunque sin la mayoría suficiente para evitar una segunda vuelta, la ex primera dama Sandra Torres (del partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza, UNE).

Los cuatro siguientes, cuya posición varía según el sondeo, son el exdirector de Presidios Alejandro Giammattei (Vamos), el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzú (coalición ultraconservadora PAN-Podemos), el extrabajador de la ONU Edmond Mulet (del partido Humanista, centro) y la líder indígena y defensora de los derechos humanos Thelma Cabrera (del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, izquierda).

La campaña guatemalteca ha estado marcada por las decisiones judiciales, que no solo impidieron la participación de varias candidaturas como la de la ex fiscal general Thelma Aldana o la de Zury Ríos, hija del exdictador José Efraín Ríos Montt, sino también por las denuncias de clientelismo político.

Esto, según dijo el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, llevó a la detención en Estados Unidos al que era candidato por el partido Unidad del Cambio Nacional, Mario Estrada, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

La situación, sumada a retos como la pobreza, corrupción, migración irregular, bajos salarios o hambruna, ha provocado un «desencanto» en buena parte de la población, que no encuentra en las propuestas políticas una «solución» a sus principales problemas.

Rodas también pone el ojo en otros dos asuntos: la salida del país del fiscal electoral Óscar Schaad por amenazas y la advertencia de un grupo de militares retirados, que amagó con boicotear las elecciones si no atendían sus peticiones al grito de «Sabemos hacer bombas».

«Estos dos hechos, graves, son una clara señal del debilitamiento del sistema de justicia ante los poderes fácticos que se resisten a los nuevos tiempos», dijo Rodas.

«En este contexto, no hay muchas esperanzas», resume quien aún así llama a los guatemaltecos a hacer uso de su derecho al voto secreto, la única herramienta para cambiar el país, y opta por pensar que, aunque hay pocas opciones políticas que representen un cambio, el Congreso se inundará de nuevos aires y nuevas voces que ayuden a fortalecer la democracia.