Los recientes cortes de energía en Argentina, incluido un apagón sin precedentes que alcanzó a países vecinos, ha puesto bajo la lupa el sistema eléctrico local afectado por largos años de baja inversión, tarifas congeladas, falta de planificación y controles insuficientes.
El apagón del pasado 16 de junio, que afectó durante catorce horas a todo el país, Uruguay y parte de Brasil, conectados a la red argentina, dejó ver las limitaciones del sistema nacional de transmisión de electricidad en alta tensión.
Pocos días después, otro corte dejó sin luz durante cuatro horas a buena parte de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, pero en este caso el fallo estuvo centrado en la red de distribución a los hogares.
El Gobierno de Mauricio Macri atribuyó el gran apagón del 16 de junio -que afectó a unos 50 millones de usuarios y cuyo impactó de daños económicos aún no fue calculado- a un «error operativo» de la empresa de transporte en alta tensión.
El error se conjugó con una respuesta inadecuada de las empresas generadoras y de distribución, un fallo «inusual» que hizo colapsar al sistema.
No obstante, para las autoridades no hay un problema estructural ni de falta de inversiones.
Por el contrario, el Gobierno asegura que el sistema es «robusto», una afirmación con la que no todos están de acuerdo.
«El apagón es un mascarón de proa de una problemática estructural de falta de inversión y de control y de mala regulación», dijo a Efe Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina.
El Gobierno del presidente Mauricio Macri, quien llegó a la Casa Rosada a finales de 2015, asegura que recibió un sector eléctrico en decadencia, sin planificación de largo plazo, con inversiones demoradas, un esquema de subsidios abultado y constantes cortes de suministro.
En la primera semana de gobierno, el Ejecutivo decretó la emergencia eléctrica e inició un proceso de fuerte ajuste en las tarifas de la electricidad, que habían estado congeladas desde 2002, lo que golpeó los bolsillos de los consumidores, pero que, para las autoridades, permitió reactivar las inversiones, aumentar la generación y mejorar la calidad del servicio.
Letcher apuntó, sin embargo, que, pese al «tarifazo», las inversiones han sido insuficientes, apenas las que, por los contratos de concesión renegociados hace dos años, las empresas están obligadas a hacer.
«El aumento de las tarifas ha sido muy significativo. Supera en algunos segmentos el 2.000 % en los últimos tres años y medio. Pero las inversiones no acompañaron ese nivel de aumento de tarifas», observó.
Por el contrario, para Pablo Besmedrisnik, director de la consultora Invenomica, la actualización de tarifas mejoró la rentabilidad de las compañías del sector y les permite dirigir parte de sus beneficios a sostener la infraestructura eléctrica.
«Las empresas han tenido buenos resultados y, en alguna medida, esos resultados los fueron trasladando a la infraestructura», dijo a Efe Besmedrisnik, para quien lo del 16 de junio fue un «gran inconveniente» que entra dentro del «terreno de los imponderables» que «no necesariamente están asociados a la falta de inversión».
Según fuentes oficiales, en los últimos tres años se invirtieron unos 13.000 millones de dólares en obras de generación y en redes de distribución que permitieron reducir en un 40 % la cantidad de cortes en el servicio eléctrico .
De acuerdo a Úrsula Cassinerio, analista de la calificadora Moody’s, las compañías locales de trasmisión y distribución deberán invertir cerca de 30.000 millones de pesos (unos 700 millones de dólares) en los próximos dos años bajo el régimen de revisión integral de tarifas establecido en 2017.
«Será de vital importancia contar con aumentos tarifarios oportunos para ejecutar adecuadamente el plan de inversión y mitigar los riesgos evidenciados con este incidente», apuntó Cassinerio, para quien el apagón masivo «evidencia la fragilidad del sistema de energía eléctrica».
En un reciente informe, Moody’s dijo que la inestabilidad macroeconómica -en 2018 Argentina entró en recesión, con sobresaltos cambiarios y alta inflación- y los costes financieros extremadamente altos han retrasado los proyectos en el sector.
Según la calificadora, pese a que el apagón muestra que es necesario reforzar y aumentar la seguridad del sistema, es «poco probable» que el Gobierno otorgue cualquier proyecto significativo hasta las elecciones presidenciales de octubre.
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