El documento del funcionario norteamericano apuntó a ambos efectivos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro tras estar implicados en “violaciones y abusos de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”.
La acción de Pompeo se ampara bajo la 7031 (c) de la ley de dicho departamento, la cual señala que la medida permite revocar las visas norteamericanas a funcionarios extranjeros y sus familiares solo si el Secretario de Estado tiene información creíble “de que esos funcionarios han estado involucrados en significativa corrupción o una violación grave de los derechos humanos”.
La decisión del miembro del gabinete de Donald Trump se sustenta bajo la denuncia del Observatorio Venezolano de Violencia, el cual aseguró que en 2018 se cometieron 7.523 ejecuciones extrajudiciales cuya responsabilidad es de los organismos de seguridad chavistas.
La cifra también fue tomada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien advirtió sobre la situación en su informe tras la visita de tres días que realizó durante junio en el territorio nacional.
Bastardo Mendoza y Hernández Dala ya habían sido sancionados en febrero del año en curso por el Departamento del Tesoro, el cual bloqueó los bienes que los mencionados puedan tener en Estados Unidos y les prohibió todo tipo de transacciones con estadounidenses.