El Permiso Temporal de Permanencia (TPS) no puede ser concedido si el migrante extranjero entró a Estados Unidos de manera ilegal. Este estatuto fue creado en los años 1990 para amparar de la deportación y permitir trabajar legalmente a los extranjeros que por desastres naturales o inestabilidad política en sus países no pudieran regresar de forma segura.
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó el lunes un revés a los extranjeros que tienen permiso temporal de permanencia, TPS, por razones humanitarias, al decidir por unanimidad negarles la posibilidad de solicitar la residencia permanente si ingresaron al país de manera ilegal.
Al 11 de marzo de 2021, casi 320.000 extranjeros en Estados Unidos estaban protegidos por TPS otorgados a 10 países: El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen.
A seis de estos países (El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán) el gobierno de Donald Trump (2017-2021) les canceló el TPS. Pero las terminaciones están en suspenso mientras se resuelven las demandas judiciales presentadas por los beneficiarios.
La administración Biden sumó tres nuevas designaciones de TPS: para Venezuela y para Birmania en marzo, y una nueva para Haití en mayo. Según estimaciones oficiales, unos 323.000 venezolanos, 1.600 birmanos y de 100.000 a 150.000 haitianos podrían ser elegibles para solicitar un TPS bajo estas designaciones.
La máxima instancia judicial falló a favor del gobierno de Joe Biden en una decisión que afecta a beneficiarios del Estatuto de Protección Temporal (TPS en inglés).
El TPS fue creado en los años 1990 para amparar de la deportación y permitir trabajar legalmente a los extranjeros que por desastres naturales o inestabilidad política en sus países no pudieran regresar de forma segura.
El beneficio puede aplicarse de seis a 18 meses, renovables hasta que las condiciones varíen. Actualmente, unos 320.000 ciudadanos de 10 países detentan un TPS.
Uno de ellos es el salvadoreño José Santos Sánchez, que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 1997 y a quien le fue otorgado el TPS en 2001. En 2014, solicitó un «ajuste de estatuto» para aspirar a la residencia permanente o «tarjeta verde» (green card), lo cual requiere haber entrado al país tras ser «inspeccionado y admitido».
Pero se le denegó el cambio y, tras su impugnación y fallos de tribunales superiores, el caso, que también involucra a su esposa Sonia González, terminó en la Corte Suprema, que finalmente se pronunció en su contra.
«Una concesión de TPS (…) no elimina el efecto descalificante de un ingreso ilegal», argumentó la magistrada progresista Elena Kagan al sustentar su opinión, apoyada por sus colegas.
«Sánchez no fue admitido legalmente y su TPS no altera ese hecho. Por lo tanto, no puede convertirse en residente permanente de este país», concluyó.
Kagan notó que la legislación pendiente en el Congreso estadounidense permitiría a los titulares de TPS convertirse en residentes permanentes. La iniciativa American Dream and Promise Act, aprobada el 18 de marzo en la Cámara Baja, aún debe ser adoptada por el Senado.
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