"Este sistema funcionó en el presente caso, no hubo interferencia ni del Gobierno ni del presidente de la República, ni podría haberla. El Tribunal Constitucional falló con total libertad, autonomía y completa independencia", dijo el jefe de Estado. Saab, mediante una carta, dijo que el fallo "está mal escrito, mal argumentado y es jurídicamente incoherente"
El presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, defendió este 9 de septiembre la integridad del Tribunal Constitucional de su país después de que fallara favor de la constitucionalidad de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
«Somos un Estado de derecho democrático muy creíble y respetado en todas partes, dado que uno de sus pilares es, precisamente, nuestro sistema judicial», afirmó Fonseca en declaraciones hechas a los medios caboverdianos estatales en el palacio presidencial en Praia, capital de este país insular de África occidental.
«Este sistema funcionó en el presente caso, no hubo interferencia ni del Gobierno ni del presidente de la República, ni podría haberla. El Tribunal Constitucional falló con total libertad, autonomía y completa independencia», subrayó el jefe de Estado.
«El proceso se llevó a cabo de acuerdo con la Constitución y las leyes de Cabo Verde. Siempre dije que el Estado tendría que cumplir con las decisiones de los órganos legales que ejercen y aplican la ley en Cabo Verde», agregó Fonseca.
El presidente hizo esas declaraciones después de que el propio Saab, detenido en Cabo Verde desde junio de 2020 a petición de EEUU, tildara hoy de «incoherente» el fallo del Tribunal Constitucional.
«Está mal escrito, mal argumentado y es jurídicamente incoherente», afirmó Saab en una carta publicada por su equipo legal.
«Utilizar la ley con fines políticos (…) para que tenga éxito requiere que los jueces que lo lleven a cabo tengan algún talento inherente que, por desgracia, parece estar ausente en los numerosos jueces de Cabo Verde que se han sentado a juzgarme en los últimos 15 meses», subrayó el empresario.
«Sencillamente, el resultado es jurídicamente deplorable», zanjó el presunto testaferro.
La misiva se hizo pública horas después de que sus abogados emitieran un comunicado criticando el fallo del alto tribunal caboverdiano, que tacharon de «suicidio constitucional».
«Esta sentencia es un momento importante en la historia constitucional de este pequeño Estado africano, porque simboliza la muerte expiatoria del Estado de derecho tan querido por los caboverdianos, al servicio de intereses puramente políticos según una agenda dictada por Washington», denunció el abogado Femi Falana.
En un veredicto publicado el pasado día 7, la corte juzgó «improcedente» el recurso interpuesto por Saab contra la supuesta inconstitucionalidad de su arresto para frenar su extradición.
El Constitucional respondió así al recurso en el que Saab alegaba, según el tribunal, que durante el proceso de extradición «se aplicaron reglas inconstitucionales».
La corte vino a dar la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo de Justicia, que ya habían autorizado en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega de Saab a EEUU.
En la práctica, el fallo del Tribunal Constitucional da -salvo sorpresa o imprevisto- vía libre a la extradición, aprobada también por el propio Gobierno caboverdiano el año pasado.
Hasta ahora, todos los intentos legales de detener su entrega a EEUU han resultado infructuosos ante la Justicia caboverdiana, en un proceso en el que la defensa argumentó siempre que era «ilegal» y que tenía motivaciones políticas.
El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, en respuesta a una petición de EEUU a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
Tras su detención, Venezuela insistió en que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se halla en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según las autoridades estadounidenses, el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con «cientos de millones de dólares».
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