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Oro en Londres: chavismo acusa a Justicia británica de someterse al Poder Ejecutivo

"La Corte Suprema de Justicia del Reino Unido se ha subordinado al mandato del Ejecutivo británico, dejando en evidencia la falta de separación de poderes, de imparcialidad y, sobre todo, de actuación independiente de este órgano de justicia", afirma el chavismo.

Oro de Venezuela en Banco de Inglaterra
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El gobierno de Nicolás Maduro rechazó de forma vehemente la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido  en torno a la posesión de parte de las reservas de oro de Venezuela, y dijo que intentará recursos a sus alcance contra ese «intento de despojo burdo».

«Dicha decisión violenta las normas del Derecho Internacional Público, del orden constitucional venezolano y de la legislación británica, al tiempo que representa graves riesgos para las inversiones que la comunidad internacional ha confiado en el sistema financiero del Reino Unido, siendo que éste recurre a fraudes para apoderarse ilícitamente de los recursos que le fueren confiados», dice la Cancillería venezolana en un comunicado difundido en las últimas horas.

El Tribunal Supremo británico reenvió al fuero comercial el caso del oro venezolano guardado en el Banco de Inglaterra y cuyo control disputa el régimen chavista encabezado por Maduro.

El fallo dio la razón a la apelación presentada por Juan Guaidó, el líder opositor que todavía es reconocido como supuesto presidente interino de Venezuela por unas 50 democracias de corte occidental, hasta tanto haya elecciones presidenciales libres en Venezuela.

Oro de la discordia

El máximo tribunal de la justicia británica aleja al gobierno de Maduro de las 31 toneladas de oro, por un valor actual de cerca de $1.000 millones.

La cifra equivale al 10% de las reservas internacionales totales reportadas por el Banco Central de Venezuela (BCV). Desde 2017 el gobierno de Maduro declaró un impago unilateral de pagos de la cuantiosa deuda externa del país, que supera los $140.000 millones.

Como  no paga intereses ni capital de deuda comercial, ha podido reforzar sus reservas dentro0 del país. Pero a la vez enfrenta una ola de demandas internacionales de acreedores de bonos, facturas comerciales y por confiscaciones de empresas privadas hoy quebradas.

En medio de este enredo, algunos analistas advierten que si legalmente los activos de Venezuela en el exterior pasan a control total de Maduro Venezuela corre el riesgo de perderlos en embargos e indemnizaciones asociados a las demandas de acreedores de la República.

Ese dinero es fundamental para un gobierno chavista quebrado, sin acceso a fuentes internacionales de financiamiento en los mercados y en organismos multilaterales,  y que enfrenta fuertes presiones internas.

Sin control

Maduro alega que ese dinero es necesario para financiar la lucha contra la pandemia del coronavirus y otros gastos sociales.

Pero sus opositores afirman que en cambio será usado para financiar la represión al pueblo y para mantener los privilegios de una clase militar civil dominante que maneja a Venezuela sin ningún tipo de escrutinio, pues no existe separación de poderes, contraloría, ni se tolera la disidencia ni la crítica.

En las dos décadas de la llamada revolución bolivariana Venezuela pasó de ser la cuarta economía más poderosa de América Latina y el Caribe a disputarle a Haití las donaciones internacionales como uno de los países más pobres y desiguales de la región.

Buena parte de este estado de cosas se atribuye al despilfarro y la corrupción en torno a los ingentes ingresos petroleros superiores a un billón de dólares que recibió Venezuela. No hay un solo condenado por delitos de supuesta corrupción denunciados en las estructuras del régimen fundado por Hugo Chávez.

En Venezuela todos los poderes públicos, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, están supeditados a los designios y  órdenes de Maduro, del capitán Diosdado Cabello, y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que ambos controlan.

En el comunicado el gobierno de Maduro afirma que  «denegando justicia y no ejerciendo el control judicial de los actos del poder público», la decisión judicial impide el derecho del Estado venezolano a disponer, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), de parte de sus reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra.

«La Corte Suprema de Justicia del Reino Unido se ha subordinado al mandato del Ejecutivo británico, dejando en evidencia la falta de separación de poderes, de imparcialidad y, sobre todo, de actuación independiente de este órgano de justicia», dice el comunicado de la cancillería  venezolana.

Guerra de palabras

También acusa al gobierno británico del primer ministro Boris Johnson de «un montaje político fraudulento, en complicidad con factores extremistas de la política venezolana, encabezados por el impostor Juan Guaidó».

Todo con «el perverso objetivo de robar descaradamente el oro de los venezolanos y apoderarse de las reservas internacionales del Estado venezolano, en el marco del entramado antijurídico dirigido desde Washington para despojar los recursos que son propiedad de nuestro pueblo».

Insiste además en que «en Venezuela existe, por mandato de la soberanía popular a través del voto universal, un solo gobierno constitucional, cuyo Jefe de Estado y de Gobierno es el presidente Nicolás Maduro Moros».

La raíz del problema

El actual período presidencial de Maduro proviene de unas elecciones organizadas en mayo de 2018 fuera del plazo constitucional. Esos comicios los convocó una Asamblea Constituyente que nunca redactó ni un solo artículo de una constitución.

Mediante maniobras legalistas anticonstitucionales, a través de la Contraloría y del Tribunal Supremo de Justicia, en las elecciones tenían prohibido participar los principales partidos de oposición y sus líderes históricos. Maduro se reeligió entonces en medio de una muy alta abstención, tras una campaña relámpago en la que, según partidos y ONG, el chavismo abusó al extremo de los recursos del Estado y de su dominio absoluto de los medios de comunicación públicos y privados.

La constituyente que convocó esas elecciones en el lugar del Consejo Nacional Electoral la creó Maduro para usurpar las funciones del Poder Legislativo (que había quedado en manos de la oposición tras un abrumador triunfo en diciembre de 2015). Ya antes, a través del Tribunal Supremo de Justicia, el chavismo había suprimido buena parte de las funciones del legislativo (congreso) para convertirlo en un cascarón vacío.

El asunto Guaidó

De este modo, varios países encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea desconocieron el resultado de esas elecciones, como también habían desconocido la elección de la Constituyente.

Todo eso supuso el agravamiento de la crisis política que se prolonga hasta nuestros días.

En enero de 2019 Juan Guiadó, entonces un joven y desconocido diputado del perseguido partido Voluntad Popular -en quien había recaído la presidencia del acosado parlamento-, se proclamó a sí mismo como presidente encargado de Venezuela hasta tanto saliera Maduro y hubiera elecciones libres.

Gracias al apoyo de Estados Unidos en el gobierno de Trump y de las democracias liberales de América, Europa y Asia, que lo reconocieron como «presidente interino», esta maniobra tuvo fuerte repercusión internacional.

Aunque Guaidó nunca ha tenido ningún poder real ni práctico, ese reconocimiento le ha dado el control sobre los pocos activos que conserva Venezuela en el extranjero. Entre ellos esas reservas de oro en Londres y las acciones de Citgo, la filial estadounidense de la quebrada Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Guaidó intenta entrar al Palacio Federal Legislativo donde sesiona la Asamblea Nacionalel 5 de enero

Juan Guaidó el 5 de enero de 2020, ya con un año como fenómeno mediático, sube las rejas de la sede del  parlamento de Venezuela sordeado de fuerzas policiales chavistas y de seguidores. (Foto: Federico Parra / AFP)

Esta historia continuará

Ahora, en el comunicado el gobierno de Maduro carga contra el sistema de justicia de Reino Unido.

«En esta decisión judicial, sorprendente e irracional, la Corte Suprema de Justicia se subordina a un acto ilícito de la política exterior de su corona, reminiscencia del absolutismo, ejercido deliberadamente por el Ejecutivo Británico quebrantando abiertamente los principios fundamentales del Estado de derecho internacional, su propia legislación interna e internacional. Venezuela aspira que el propio sistema judicial del Reino Unido repare esta atónica decisión», dice el comunicado.

Insiste en que «esta acción abusiva» en torno al oro de Venezuela pone trabas «a la ejecución de recursos para cubrir contingencias en el marco de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, por la COVID-19».

Argumenta que la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno del Reino Unido ignoraron deliberadamente la propuesta hecha por Maduro en este caso de disponer los fondos para los fines de la lucha contra la pandemia, mediante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

«Ante este intento de despojo burdo, la República Bolivariana de Venezuela seguirá ejerciendo todos los recursos a su alcance en la defensa del patrimonio que forma parte de sus reservas internacionales, así como de los legítimos derechos del pueblo venezolano, tanto a nivel internacional como dentro de su propia jurisdicción», advierte el texto.

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