Cristina Kirchner fue hallada culpable de "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz, su cuna política
La Justicia argentina decidió: la vicepresidenta y exmandataria Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por fraude y corrupción mientras se desempeñaba como presidenta de Argentina, de 2007 a 2015.
Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de «administración fraudulenta» en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), su cuna política.
Sin embargo, podría no cumplirla y en esta nota El Estímulo explica las razones:
Si bien los jueces Carlos Gorini, Andrés Bassi y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Federal 2, la consideran «autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública». Su veredicto se tambalea porque el cargo que ocupa Kirchner tiene privilegios de inmunidad de arresto y para quitárselos debe pasar por un juicio político.
Además, según explica Infobae, para que una eventual detención se concrete o no pueda postularse más como candidata, la sentencia debe quedar firme.
Porque debe pasar por otras dos instancias judiciales, según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia: la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además Infobae agrega otra causa importante: «en este expediente la expresidenta nunca tuvo prisión preventiva. Y en sus alegatos, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola no solicitaron la detención de la titular del Senado cuando pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos».
En el juicio se revisaron 51 obras viales, de contratos otorgados a Báez, de las cuales 24 quedaron abandonadas. La Fiscalía denunció que hubo sobreprecio e incumplimiento de plazos y estimó en 1.000 millones de dólares el daño al patrimonio del Estado.
Las primeras denuncias por estos hechos de corrupción se presentaron en el año 2004 y no fue hasta 2008 cuando la Fiscalía abrió una investigación, y en 2019 inició el juicio.
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