Claro que hubo investigaciones: ¿o se nos olvidó el caso CAP?

Las recientes investigaciones en Venezuela, emprendidas por el mismo Estado, han suscitado los más diversos comentarios sobre una práctica que acompaña al ser humano desde que hace vida social: la corrupción. Manuel Caballero, en uno de sus tantos artículos de opinión acerca de la Venezuela del final del siglo XX llegó a decir que la corrupción no puede exterminarse, pero sí controlarse.

Aunque ese control haya sido un bemol de la democracia renacida en 1958, en el país hubo notables casos en los que el Estado, gracias no solo a la separación de poderes sino también a las fuerzas políticas y sociales que respaldaron los acuerdos democráticos del Pacto de Puntofijo, desarrolló investigaciones sobre las movidas irregulares de los gobiernos adecos y copeyanos.

Decir pues, que durante la mal llamada “cuarta república” (porque el concepto tiene una connotación partidista que trasciende la periodización académica) no se investigaba absolutamente nada es, cuando menos, un gran disparate. Por supuesto que hubo investigaciones, que hubo procesos que contaron no solo con el respaldo popular, sino también con el aval de las instituciones cuestionadas.

¿La carencia de un relato histórico?

¿Por qué entonces estas afirmaciones hechas desde del poder han calado tanto? ¿La gente que vivió a plenitud las cuatro décadas de democracia olvidó todo con un chasquido?

No, parece no ser el olvido la causa (al menos no la principal), sino más bien hay carencias de un relato histórico hecho desde la sociedad y no desde el partido o el poder (pues ese ya está, véase el 18 de octubre del 45).

Un relato que recuerde cómo la democracia se puso a prueba con el juicio hacia el dictador Marcos Pérez Jiménez, que destaque la cobertura en la prensa que tuvieron los escándalos de Sierra Nevada, Recadi, Blanca Ibáñez y de los banqueros prófugos a finales de los años 90, pero que sobre todo exponga cómo salió Carlos Andrés Pérez de su segunda administración, investigado por el Congreso.

Esos hechos, a los que intentaremos aproximarnos en estos breves apuntes, por supuesto que no narran la historia de un país limpio de corrupción, sino por el contrario, ensuciado por ella. Sin embargo, era un país (en todo el sentido de la palabra) que increpaba al poder y a los intereses detrás de esos actos, porque había libertades y garantías para hacerlo, un Estado de derecho que respondía.

Las cuentas de un exdictador

Para el año 1968, la democracia venezolana suma una década de vida. Han transcurrido 10 años del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez, quien en ese momento comparece ante la justicia y recibe una sentencia de poco más de cuatro años de cárcel por peculado y malversación de fondos. Llevaba un lustro encarcelado, desde 1963, por lo que quedó en libertad inmediatamente.

Pese a que no podían demostrar las violaciones a los derechos humanos, tal vez para no avivar un avispero en las Fuerzas Armadas que combatían a los movimientos guerrilleros esparcidos por la región, la democracia buscaba la forma de hacer justicia: el hombre que persiguió, torturó y asesinó a la disidencia ahora pagaba las consecuencias de aquellos actos frente a un Estado de derecho.

Libre, Pérez Jiménez comenzó a reunir seguidores y fue postulado primero como senador en diciembre de 1968 y luego intentó ser candidato presidencial en 1972 para las elecciones del año siguiente, pero el Congreso Nacional se lo impidió con la promulgación de la primera enmienda de la Constitución que establecía que ninguna persona con sentencia mayor a tres años podía ejercer cargos públicos.

La inhabilitación de Marcos Pérez Jiménez pudo significar dos cosas (o ambas): o los partidos se sentían perdidos ante su figura, que para algunos alcanzaba popularidad; o buscaban resguardar a la democracia frente a las amenazas que constantemente la acechan. Sea cual fuera el caso, frente a un escenario así, las instituciones respondieron, y hubo investigaciones y discusiones en la sociedad.

La defenestración de un demócrata

25 años después del juicio al dictador, otro presidente, pero esta vez en pleno ejercicio de su cargo, enfrentaba una investigación. Más allá de la impopularidad de su segundo gobierno y de las posibles conjuras y coincidencia de sus enemigos, la salida de Carlos Andrés Pérez marcó otro hito: ni el Presidente de la República está exento de ser investigado por la justicia, como debe ser.

El proceso comenzó tras una denuncia presentada por José Vicente Rangel en su programa en Televen, a finales de noviembre de 1992, en la que señalaba un supuesto uso irregular de la partida secreta del presidente. Días más tarde, el Congreso designó una subcomisión para investigar el caso que finalmente presentó resultados que envolvían a dos de los ministros del gabinete.

Tanto el fiscal general como la Corte Suprema de Justicia encontraron méritos suficientes para enjuiciar al mandatario, pero este, haciendo gala de sus valores democráticos, decidió separarse del cargo un día antes, el 20 de mayo de 1993. El mando del país quedó en manos del Congreso hasta que, a comienzos de junio, eligiese al senador Ramón J. Velásquez para el cargo de manera interina.

La salida de Carlos Andrés Pérez de la presidencia ha tenido, al igual que la de Pérez Jiménez, varias lecturas: que si hubo una conspiración en su contra, que si por el contrario demostraba la separación de poderes y la existencia de un régimen liberal, o incluso de ambas, porque las dos no se excluyen. Al final, lo que realmente es evidente: para intentar hacer justicia, hacen falta instituciones independientes. O, al menos, lo más independientes posible.