El abogado del gobierno de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, el africano Makane Moïse Mbengue, argumenta que sería inaudito intentar frenar un referendo que es un asunto interno.
El gobierno de Venezuela ratificó este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de la ONU, que seguirá firme y adelante con el referendo convocado para el 3 de diciembre sobre el Esequibo y reiteró que no reconoce la jurisdicción de este máximo tribunal de Naciones Unidas en esta controversia histórica con Guyana.
«Venezuela reafirma su rechazo categórico a la audaz acción de Guyana para interferir en sus asuntos internos», dijo la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en su comparecencia ante la Corte, donde este martes 14 y miércoles 15 cada país presentó sus alegatos en audiencias preliminares.
La Corte estudia un pedido «urgente» de Guyana de frenar el referendo, al que considera «una amenaza existencial», según sus alegatos, y un intento del gobierno de Nicolás Maduro de obtener una carta blanca para la anexión de este rico territorio de 159.500 kilómetros cuadrados que le fuera arrebatado a Venezuela en 1899 por el Laudo Arbitral de París.
«Nada impedirá que se celebre el referendo programado para el 3 de diciembre», dijo Rodríguez, cuyo gobierno ha dicho que considera a las autoridades de Guyana como meros títeres de Estados Unidos y de la petrolera ExxonMobil.
«Deseo comenzar enfatizando que nuestra participación en esta audiencia de ninguna manera implica reconocimiento de la jurisdicción de este honorable tribunal», dijo Rodríguez al comenzar su intervención.
«Todo este comportamiento aborrecible e ilegal ha mostrado el verdadero rostro de Guyana, un Estado agresor, depredador de los recursos naturales y violador del derecho internacional, de ninguna manera una víctima», añadió.
Guyana sostiene que la votación allana una vía para que Venezuela se apodere «unilateral e ilegalmente» del territorio, lo que implica un «daño irreparable».
«No es exagerado calificar la amenaza actual como existencial para Guyana», declaró el martes Carl Greenidge, un exministro guyanés que representa a Guyana ante la CIJ en este proceso.
La CIJ resuelve disputas entre Estados y sus decisiones son vinculantes, pero no tienen ningún mecanismo para asegurar su cumplimiento.
«El referéndum es un asunto interno y no pretende en modo alguno dar lugar a la anexión del territorio en disputa», declaró ante el tribunal el profesor de Derecho Internacional Makane Moïse Mbengue, abogado defensor de Venezuela.
Makane Moïse Mbengue es Profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra y Director del Departamento de Derecho Internacional y Organización Internacional. También es profesor afiliado en Sciences Po Paris (Facultad de Derecho). Es Doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de Ginebra. Desde 2017, es Presidente de la Sociedad Africana de Derecho Internacional (AfSIL), según los registros de la Universidad de Ginebra.
Mbengue declaró ante la CIJ que referendo no afectaría al «supuesto título de Guyana sobre el territorio en disputa mediante la expedición de documentos de identidad (a los habitantes del Esequibo), sino que beneficiaría a la población de las comunidades fronterizas».
«Esto beneficiaría a la población fronteriza, en particular a quienes se dedican a actividades comerciales y cotidianas, y garantizará la libre circulación de personas en la zona», afirmó.
Sobre la pregunta del referendo que incorpora al condado guyanés del Esequibo como un nuevo estado de Venezuela, Mbengue argumenta que Venezuela «tiene una reclamación plausible sobre el territorio en disputa», reseña Demerara News.
«El referéndum es un asunto interno y no pretende en modo alguno dar lugar a la anexión del territorio en disputa», declaró ante el tribunal Mbengue en nombre de Venezuela.
La CIJ ya se ha declarado competente para conocer del caso de fondo de Guyana, que se refiere al laudo del Tribunal Arbitral de 1899 sobre la frontera terrestre con Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro niega que la Corte tenga esa potestad e insiste en pedir negociaciones directas con Guyana, que niega es alternativas.
Añadió que el referéndum de Venezuela y sus consecuencias internas no son ni pueden ser objeto del procedimiento ante el tribunal sobre el fondo del caso. Mebenge afirmó que las medidas solicitadas por Guyana no pueden quedar subsumidas en la eventual sentencia del tribunal sobre el fondo del asunto.
«Por lo tanto, el tribunal debería rechazar la solicitud de medidas provisionales presentada por Guyana», declaró el abogado, citado por el diario guyanés Demerara News.
Mbenge argumentó que no hay nada malo en celebrar un referéndum, especialmente cuando los límites o la extensión del territorio nacional están amenazados.
«Nada en el derecho internacional permite a Guyana dictar a Venezuela, a través del tribunal, cómo deben desempeñar sus funciones sus órganos constitucionales», afirmó. Señaló que el tribunal no puede adoptar medidas cautelares que interfieran en la celebración de un referéndum democrático, como solicita Guayana.
«Sería inaudito que un Estado obligue a otro a renunciar a una consulta popular interna y que el tribunal indique a un Estado que no consulte a su población sobre un asunto tan crucial», dijo.
«Sin perjuicio de nuestra posición y doctrina sobre jurisdicción. Venimos ante este tribunal a defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación como derechos inalienables de nuestra nación», dijo.
Observatorio de Fake News verifica: aunque el presidente del órgano rector, Elvis Amoroso, llamó a la participación masiva en la consulta popular prevista para el 3 de diciembre, no mencionó la posibilidad de sancionar o multar por abstención.
Nicolás Maduro usa la cuestión del Esequibo para intentar conseguir respaldo a un chavismo cada vez más impopular y pide la unidad nacional contra Guyana, mientras ambos gobiernos radicalizan sus posiciones.
Guyana ha venido ejerciendo de hecho durante décadas el control pleno sobre el territorio Esequibo, donde hay siete de las 10 regiones administrativas de ese país vecino de Venezuela. Enormes riquezas minerales y de petróleo y gas, se suman a una disputa nacionalista histórica.
