Esta red, donde Venezuela participa con la presencia de dos instituciones, Wataniba y Provita, encuentra en sus análisis que los proyectos de infraestructura y los planes de inversión amenazan la permanencia de los ecosistemas amazónicos. El estudio se basa en una colección de mapas publicado por RAISG, el cual aborda seis temas: intervención por infraestructura de transporte (vías), energía (hidroeléctricas) e industrias extractivas (minería y petróleo), deforestación e intensidad de quemas.
Si se analizan en forma conjunta minería y petróleo, 87,2 millones de hectáreas, es decir 22% de los 390 millones de hectáreas incluidos en territorios indígenas y áreas de conservación, están sujetos a algún tipo de amenaza o presión.
Los mapas también revelan la presencia de hidroeléctricas y carreteras en áreas naturales protegidas y territorios indígenas. De las 272 grandes represas hidroeléctricas de la Amazonía, planificadas, en construcción u operativas, 78 (29%) están dentro de territorios indígenas y 84 (31%) están en conflicto con áreas naturales protegidas. Con relación a las carreteras y caminos, de los 136.000 kilómetros mapeados en la región, aproximadamente 20% (26.000 kilómetros) cruzan áreas naturales protegidas y territorios indígenas.
“Actualmente, no existe una política nacional para la Amazonía que nos permita trazar una visión integral, coherente y de largo plazo para la región”, afirma el director ejecutivo del Instituto del Bien Común, Richard Smith. “De hecho, la orientación de las decisiones políticas depende principalmente de las circunstancias y de la voluntad de los actuales gobernantes”, concluye.
Los resultados pueden ser encontrados en la plataforma multimedia “Amazonía en la encrucijada” (encrucijada.amazoniasocioambiental.org), que reúne estudios de caso de los temas analizados. Además de mapas interactivos, los usuarios encontrarán fotos y videos sobre las presiones y amenazas para cada uno de los seis países. El especial es lanzado en alianza con el proyecto de periodismo de datos InfoAmazonia.
En Venezuela, la principal amenaza y presión es la minería, tanto legal como ilegal. En términos legales, antes del 2016 existían una serie de concesiones mineras ubicadas principalmente en la Reserva Forestal de Imataca y a lo largo de algunos de los tributarios más importantes de la represa Guri, parte de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Sin embargo, luego de la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, Venezuela suma aproximadamente 11,4 millones de hectáreas (incluida la Zona Especial de Icabarú) a las áreas que potencialmente pueden ser objeto de explotación minera. Una extensión que representa millones de campos de fútbol y que está por encima de más de 100 países en cuanto a extensión.
En el terreno de lo ilegal, hay que señalar que todos los parques nacionales presentes en los estados Amazonas y Bolívar son víctimas de la explotación de diferentes minerales y de diamantes, lo cual se ha asociado a la expansión de enfermedades como la malaria y a epidemias como el sarampión. Esto conlleva a la afectación no sólo de los ecosistemas guayaneses-amazónicos terrestres y acuáticos, sino, en gran medida, a los pueblos indígenas que habitan principalmente en esta región de nuestro país.
Con información de nota de prensa
