Una investigación de Fundaredes encontró que desde el 2019, 44 personas perdieron la vida dentro de la práctica de la minería ilegal en Venezuela, 20 de ellos pertenecientes a las comunidades indígenas
La minería ilegal se convirtió en un negocio muy lucrativo en los estados del sur de Venezuela, tradicionalmente tomados por bandas criminales que se han adueñado de la explotación del oro en esas zonas. La violencia y los desplazamientos han sido dos de las principales consecuencias de esta práctica que ha cobrado la vida de 44 personas desde el 2019.
Adriangela Álvarez, investigadora de Fundaredes, informó en el programa En Este País que, según sus investigaciones, estas muertes se han producido en los estados Bolívar y Amazonas en los últimos 4 años.
“44 muertes de personas que no solamente habitaban el sur de Venezuela, otras muchas personas han tenido que emigrar desde el año 2016 hacia esas zonas a practicar la minería ilegal para tener un sustento y poder mantener a sus familias”, destacó.
La investigadora también resaltó que, de acuerdo a sus registros, el Arco Minero del Orinoco está invadido por grupos irregulares desde hace aproximadamente 13 años. Además, en el desarrollo de operativos de la Fuerza Armada Nacional, se han cometido vulneraciones a los derechos humanos, en vez de ayudar a solucionar el problema.
“Los operativos militares han ocasionado desplazamientos, violencia, muertes por enfrentamientos que se pueden catalogar como presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, secuestros, desapariciones forzadas. Esto no ha favorecido a la población de esas zonas”, dijo.
Asimismo, denunció que no hay cifras claras en los operativos que realizan en cuanto a las personas detenidas. Detenciones que también han sido en contra de integrantes de comunidades indígenas.
También señaló que entre las vulneraciones que han identificado en el territorio resalta el trabajo forzado, el narcotráfico, las desapariciones y el secuestro, en mayor medida en el estado Bolívar.
De igual manera manifestó que es preocupante como los niños, niñas y adolescentes de esta zona caen en el trabajo infantil porque necesitan comer, al igual que son víctimas de la prostitución, especialmente las niñas y las mujeres.
Álvarez indicó que 20 de las 44 muertes registradas han sido personas pertenecientes a comunidades indígenas del estado Bolívar y Amazonas, indígenas que también han estado en la minería ilegal en búsqueda de un sustento.
Adriangela Álvarez resaltó que, a su juicio, las comunidades indígenas están totalmente desprotegidas por parte del Estado venezolano.
“Nuestras comunidades indígenas no tienen la oportunidad de obtener una educación de calidad, una alimentación que pueda suplir sus necesidades, sino al contrario. Hemos visto como muchos grupos armados regulares los han arropado a su fila para cometer graves delitos”.
Para escuchar la entrevista completa puedes ingresar a este Link
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