La identidad es un derecho que no todos los migrantes venezolanos tienen ¿Por qué?

El derecho a la identidad de los migrantes y refugiados venezolanos se vuelve a poner en el tapete con la cercanía de un par de procesos electorales que están a la vuelta de la esquina, las primarias opositoras y las presidenciales del 2024. Pero el tema es de vieja data, muchos de los que se fueron no cuentan con un pasaporte vigente y otros ni con cédula de identidad.

¿A qué se debe esta problemática? Carlos Carrasco, periodista e investigador en el área de migración aseguró que “el Estado venezolano no tiene capacidad administrativa ni voluntad política para resolver de manera eficiente el problema que presentan las personas migrantes y refugiadas”.

Esta afirmación de Carrasco la reseñó en una entrevista el portal @migramonitor, luego de la presentación del informe “Huellas de la movilidad venezolana. Análisis y documentación del derecho a la identidad y a la participación de las personas venezolanas migrantes y refugiadas”.

“En este informe que hicimos en conjunto con la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC) hicimos un esfuerzo por conocer el acceso a la documentación e identificación de los migrantes y refugiados venezolanos y cómo está la posibilidad de ejercer derechos políticos como puede ser el voto”.

Entre las barreras identificadas por el estudio destacan el alto costo de los pasaportes, los dilatados tiempos de espera para obtenerlo, además de la imposibilidad de tramitar cédulas de identidad en las oficinas consulares.

“En el caso de las cédulas es importante saber que esta barrera es administrativa y legal puesto que la ley no menciona la cedulación en el exterior. Esto se debe a que hace algunos años no pensábamos que nos convertiríamos en un país de migrantes”.

¿Qué tipo de opciones tienen los migrantes?

El estudio no solo identificó las barreras que impiden que se preserve el derecho humano a la identidad de los migrantes y refugiados venezolanos, también hizo propuestas para el Estado venezolanos y los gobiernos de los países de acogida.

“El primer paso es buscar soluciones dentro del país de acogida. Algunos gobiernos han facilitado el reconocimiento de pasaportes vencidos como el caso de Chile hasta la llegada de Boric. Colombia también lo hizo, así que debemos hacer incidencia para visibilizar la problemática y promover soluciones desde los países en los que nos encontramos”.

En lo que se refiere al derecho al voto, el informe propuso tomar ejemplos de países del área que también tienen una migración masiva, en gran medida, con problemas de regularización, pero a los que se les respeta el derecho al voto.

“El CNE en conjunto con la Cancillería, deben habilitar el registro de actualización de datos en el Registro Electoral Permanente, eso se puede hacer en las oficinas consulares. También consideramos importante ver casos como México cuya diáspora sobrepasa los 11 millones de personas, pero ellos permiten que sus ciudadanos voten independientemente de la situación migratoria que tengan en el país de acogida”.

Carrasco indicó que este es un debate que debe darse en el país, tomando en cuenta que su implementación requiere de un cambio en la ley. “Tiene que discutirse en la Asamblea Nacional porque implicaría una modificación de las leyes para hacerlo posible”.

El informe también apunto al derecho que tienen los migrantes de contar con una representación en la Asamblea Nacional. “Esto ya se ha visto en otros países como Ecuador, los migrantes escogen un representante en el Parlamento que se encarga de velar por sus derechos. En Venezuela es necesario”.