El Concejo de la ciudad de Doral, en Florida, aprobó que la policía local colabore con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en procesos de interrogatorios y detención de migrantes por su estatus en Estados Unidos.
«Esta medida es una ley para un entrenamiento obligado por la ley que pasó en el estado de la Florida, nosotros tenemos que cumplir con esa ley», dijo la alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
El concejo de Doral se reunió el miércoles 16 de abril y en el encuentro contó con la presencia de activistas que pidieron reconsiderar el acuerdo. Esta medida permite que un grupo de policías reciba entrenamientos del ICE.
Rafael Piñero, concejal de Doral, dijo a Univisión: «Noventa y siete agencias policiales de las ciento cuarenta del estado ya han firmado ese acuerdo, entonces más bien nosotros estamos es siguiendo la ley, con precaución».
Esta colaboración forma parte del programa migratorio 287 (g), que permite al ICE entrenar a policías para que ejecuten órdenes de arresto, identificar y procesar a personas indocumentadas por cargos pendientes. «También permite que oficiales de la policía local interroguen a cualquier extranjero sospechoso o persona que se crea que es extranjero, sobre su derecho a estar en EEUU», detalla Univisión.
Este acuerdo lo han firmado hasta ahora: el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE); la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC); la Guardia Estatal de Florida; la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP); el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida. También todas las oficinas de sheriff de los 67 condados de Florida.
Adelys Ferro, directora de la organización Venezuelan American Caucus, recordó que en Doral hay 82 mil habitantes hispanos y que alrededor del 83% se identifica como latino o hispano. 40% de esas personas son de origen venezolano, «es decir unas 32.800 personas», y resaltó que 45 mil personas pueden votar.
La medida aprobada por el Concejo de Doral llega en medios de múltiples presiones de la administración de Donald Trump para revocar el TPS y parole humanitario, dos programas que permiten a ciudadanos venezolanos trabajar y mantenerse en el país. Aunque por los momentos la anulación fue suspendida por jueces federales, la amenaza para la población migrante se mantiene.