Gobierno de Milei cambia las reglas del juego en materia migratoria: ¿cómo afecta a los migrantes venezolanos?

El gobierno del presidente Javier Milei publicó ese 29 de mayo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que contiene una reforma sustantiva de la política migratoria de Argentina. El conjunto de reformas había sido anunciado inicialmente hace dos semanas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el fragor de la campaña electoral para la legislatura de Buenos Aires, en las que finalmente este hombre de confianza de Milei resultó el más votado.

La reforma, en síntesis, busca endurecer las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos para los extranjeros, además de agilizar los procesos de deportación para quienes cometan delitos. La medida ha sido cuestionada de inmediato por entidades de derechos humanos. Si bien no está dirigida de manera explícita hacia la comunidad venezolana en Argentina, tendrá impacto sobre ésta sin duda alguna. 

Se estima, que a fines de 2024 casi 200 mil venezolanos residían en Argentina, siendo 2020 el punto de mayor presencia venezolana cuando se estimada que eran 220 mil.

La Ley de Migraciones 25.871, sancionada en 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner y reglamentada en 2010, estableció un marco garantista que reconocía el derecho a la migración como «esencial e inalienable», promoviendo la igualdad de derechos para los migrantes en áreas como salud, educación y trabajo. Esta normativa fue elogiada internacionalmente, incluso por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que en 2006 la consideró un modelo a seguir.

Sin embargo, el gobierno de Milei ha argumentado que la legislación actual «invita al caos y al abuso» de los recursos públicos por parte de extranjeros, especialmente en el contexto de lo que denominan «turismo de salud» y la inmigración irregular. 

Según datos oficiales citados por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, en los últimos 20 años han ingresado al país más de 1,7 millones de inmigrantes en situación irregular. La actual narrativa oficial vincula la migración con el desorden y la delincuencia, y el tema ha sido constante en los mensajes gubernamentales y colocado como parte de la campaña de la legislatura de Buenos Aires, en la que Milei se involucró de llenó en favor de que Adorni resultase el más votado, cosa que ocurrió.

El DNU 366/2025 no es el primer intento de modificar la política migratoria por decreto. En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, un DNU similar impulsado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscó endurecer los controles migratorios, pero fue declarado inconstitucional por violar estándares internacionales de derechos humanos. 

En esta oportunidad, aunque Bullrich no se quien públicamente impulsa el cambio en la política migratoria, estando ella de nuevo en el despacho de seguridad, tendrá responsabilidad directa en aplicar el cambio legal.

El DNU 366/2025 introduce una serie de modificaciones a la Ley de Migraciones 25.871, con el objetivo de «restaurar el orden, la seguridad y la equidad en el acceso a los recursos del Estado argentino», según el comunicado oficial de la Casa Rosada. A continuación, se detallan los puntos clave de la reforma:

Endurecimiento de los requisitos para la residencia y la ciudadanía:

Para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros deberán residir de manera continua en el país durante dos años sin interrupciones, o realizar una «inversión relevante» en Argentina, cuyo monto será definido por un decreto reglamentario.

Para la residencia permanente, se exigirá demostrar medios de subsistencia suficientes y la ausencia de antecedentes penales, tanto en Argentina como en el exterior. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) tendrá la facultad de determinar la viabilidad de cambios en las categorías migratorias (permanente, temporaria o transitoria) y podrá otorgar una «residencia precaria» de hasta 90 días, renovable bajo estrictas condiciones.

Cualquier extranjero condenado por un delito, independientemente de la gravedad, será sujeto a deportación inmediata. Esto elimina la posibilidad de que autores de delitos menores permanezcan en el país, una disposición que contrasta con la legislación anterior, que solo contemplaba la expulsión para delitos con penas superiores a cinco años.

Quienes ingresen por pasos no habilitados o eludan controles migratorios serán expulsados en situación de flagrancia. Además, se acortarán los plazos para apelar decisiones de deportación, lo que ha generado críticas por limitar el derecho al debido proceso.

La reforma fortalece el rol de la Policía Migratoria Auxiliar, integrada por la Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal, que colaborarán con la DNM para reforzar los controles en fronteras y dentro del territorio.

En el ámbito de la salud, los extranjeros no residentes deberán presentar un seguro médico obligatorio para ingresar al país. La atención en hospitales públicos estará sujeta al pago, salvo en casos de emergencia. Esta medida busca reducir el denominado «turismo de salud», que según el gobierno genera altos costos para los contribuyentes argentinos.

En el sector de la educación, las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros con residencia temporaria o transitoria, rompiendo con la tradición de gratuidad universal que Argentina ha mantenido por más de siete décadas. Cada universidad, de forma autónoma, decidirá sobre este asunto. Sin embargo, la educación inicial, primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos, independientemente de la situación migratoria.

La reunificación familiar seguirá siendo reconocida, pero con requisitos más estrictos. Los solicitantes deberán acreditar convivencia, interés afectivo y económico con un ciudadano argentino o residente permanente. La DNM tendrá la potestad de evaluar estos casos, y las decisiones podrán ser revisadas solo en casos excepcionales.

La reforma migratoria ha generado un amplio espectro de reacciones. Desde el gobierno, se argumenta que las medidas buscan proteger los recursos públicos y garantizar la seguridad, alineándose con políticas migratorias más estrictas implementadas en países como Estados Unidos.

El vocero presidencial Manuel Adorni destacó que «Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes» y subrayó la importancia de priorizar a los inmigrantes que «vienen a trabajar y forjar un futuro dentro de la ley». 

Sin embargo, organismos de derechos humanos han expresado su preocupación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las más emblemáticas organizaciones del país, argumenta que el uso de un DNU para modificar la Ley de Migraciones vulnera el principio de que las restricciones a derechos fundamentales deben ser aprobadas por el Congreso. Además, criticaron la reducción de plazos para apelar deportaciones, que podría limitar el acceso a la justicia. 

El DNU 366/2025 representa un giro significativo en la política migratoria de Argentina, alejándose de la tradición de apertura y derechos humanos que caracterizó al país durante las últimas dos décadas. Bajo esta política de apertura, la migración venezolana -masiva a partir de 2015-, encontró un país que les acogió sin limitaciones legales, al contrario, se les facilitó la regularización migratoria a venezolanos.

Resultó llamativo que la entrada en vigor de esta reforma migratoria, este 29 de mayo al publicarse oficialmente, haya coincidido con el anuncio oficial de que por primera vez se haya desarticulado en Argentina una banda de criminales oriundos de Venezuela y conectados con el Tren de Aragua.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, brindó detalles de lo que el gobierno de Milei calificó de “gran operativo”. Según el comunicado oficial, fue desarticulada una célula de la estructura criminal denominada “Tren de Aragua”, dedicada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y compuesta por 12 personas que operaban en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes.