Mayda Hočevar: de la filosofía del derecho a la defensa de derechos humanos

«Jamás cambiaría este verde ni el azul del cielo». Así me respondió Mayda Hočevar cuando le pregunté, en aquel difícil año 2019, por qué no se iba de Venezuela si tenía nacionalidad eslovena. Ese país —de donde salió su padre para huir del nazismo— anunció entonces un plan para repatriar a eslovenos y venezolanos de origen esloveno que residieran en Venezuela. La oferta incluía el pago de los pasajes por parte del gobierno de Eslovenia y un estipendio para alojamiento y subsistencia durante los primeros 18 meses.

Mayda significa «Mariíta» en esloveno y el símbolo sobre la «c» de su apellido se llama carón y hace que esa letra se pronuncie como una «ch». Mayda nació, creció, estudió y ejerció como profesora de Filosofía del Derecho en Mérida, en la Universidad de Los Andes, donde un día de 2014, en plenas protestas sociales reprimidas con saña por el gobierno, decidió que su título de abogada era más útil al servicio de la defensa de los derechos humanos.

«No solo empezamos a trabajar en derechos humanos, sino también a crear un observatorio. Al estar dentro de una universidad, asumimos también con mucha seriedad la investigación y la formación. Desde que acepté ese reto y ese compromiso, sentí con claridad que se trataba de algo demasiado importante como para negarme. Sabía, además, que muchas veces el Consejo Universitario crea comisiones o propone instancias para atender distintos asuntos, y luego todo termina diluyéndose. En este caso pudo haber ocurrido lo mismo, pero quienes estábamos en el origen del observatorio entendimos que el momento histórico exigía ese compromiso».

Mayda nos cuenta el origen del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) en una entrevista virtual concedida desde Europa, a donde tuvo que irse contra su voluntad hace dos años, debido a la persecución que inició el gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Estar afuera con el país por dentro

Alta, blanquísima, de contextura delgada y rizos castaños, Mayda habla bajito y con acento merideño. Casi siempre está sonriendo, pero con una sonrisa que no es tanto alegría como reflejo de empatía, calma y una profunda comprensión por quienes han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y por quienes conforman su equipo de trabajo.

Pese a la distancia, no ha dejado de defender y promover los derechos humanos en Venezuela, sobre todo los de universitarios y presos políticos de la región andina. Recientemente hizo una investigación en el Centro de Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York, en el Reino Unido, sobre la memoria de la represión universitaria en Venezuela (2014-2024) y el papel de las universidades como espacios de resistencia y defensa de los derechos humanos.

«Me parece muy importante pensar el país desde fuera, porque a veces, estando allá y en medio de todo lo que ocurre, no hay tiempo para verlo con cierta perspectiva. También considero fundamental sensibilizar a personas de otros países, especialmente en las universidades, porque todavía hay mucha incomprensión y confusión sobre el caso venezolano, así como una fuerte ideologización en su análisis. Con frecuencia se observa a Venezuela desde un prisma ideológico y no desde el enfoque de los derechos humanos», advierte.

—¿Cómo describirías el contexto venezolano actual y qué impactos concretos tiene en las mujeres con las que trabajas o a las que representas?

—Venezuela continúa atravesando una crisis estructural caracterizada por el debilitamiento institucional, la ausencia de Estado de derecho, la precarización de las condiciones de vida y el cierre del espacio cívico. Si bien existen intentos de proyectar una imagen de normalización, la realidad cotidiana la desmiente: persisten profundas desigualdades, precarización salarial, miedo, censura y, sobre todo, falta de garantías.

En este contexto, las mujeres enfrentan la crisis de manera diferenciada. Muchas sostienen solas a sus familias, con salarios insuficientes, sobrecarga de trabajo y falta de acceso adecuado a la salud, la justicia y la protección social.

En las comunidades donde hemos trabajado, no solo hemos realizado procesos de capacitación y educación en derechos humanos, sino también encuestas e investigaciones sobre la situación de los Andes venezolanos. Hemos observado mayores riesgos de violencia, discriminación y exclusión, particularmente en las zonas rurales, así como una falta de conocimiento en las mujeres sobre sus derechos y las formas de exigirlos.

—¿Qué ha cambiado en Venezuela después del 3 de enero de 2026 y qué consideras que sigue igual?

—Creo que después del 3 de enero todos los venezolanos, sin excepción, sentimos que se produjo un punto de inflexión en una situación que parecía completamente estancada. Muchas personas sintieron que por fin se abría una posibilidad real de cambio, de avanzar hacia una transición democrática y hacia mejoras sociales y económicas largamente esperadas.

Sin embargo, más allá de liberaciones de presos políticos —muy importantes— y de ciertas medidas puntuales, como el regreso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sensación actual vuelve a ser de estancamiento e incertidumbre. No se perciben avances claros hacia una verdadera democratización ni hacia una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y los ingresos petroleros.

Tampoco hay una mejora sustancial y palpable en las condiciones de vida, ni gestos o acciones que nos lleven a pensar que se trabajará seriamente para lograrla. Además, en las regiones seguimos enfrentando severos cortes de electricidad y fallas en servicios básicos que afectan la calidad de vida y derechos fundamentales como la educación y la salud. Por supuesto, todo ello tiene un impacto diferenciado en mujeres y niñas, quienes suelen asumir mayores cargas de cuidado y sostenimiento familiar. La incertidumbre sigue afectando la vida cotidiana de la población.

También hay que mencionar que, pese a todo, ha habido cierta apertura del espacio cívico. Lideresas, líderes y movimientos se han atrevido a salir, a resistir, a organizarse y a permanecer. Creo que es importante resaltar que esta forma de resistencia y de protesta, después de un cierre tan total previo al 3 de enero, ha sido impulsada en gran medida por mujeres y por jóvenes universitarias.

—A propósito de esto último que señalas, ¿qué significa para ti el liderazgo femenino hoy en Venezuela?

—Significa resistencia, resiliencia, reconstrucción social y sostenimiento. Las mujeres han asumido roles fundamentales no solo en las organizaciones sociales, de derechos humanos y en el espacio político, sino también en sus propias comunidades, en la universidad y en sus familias. En muchos casos, son ellas quienes han mantenido vivas las redes de apoyo, cuidado y defensa de derechos en medio de la crisis. Basta recordar el caso de las madres de presos políticos, de perseguidos, de estudiantes arbitrariamente detenidos, desaparecidos o asesinados, que se han organizado en redes para visibilizar, denunciar, protestar y defender.

Aunque no contamos con estadísticas suficientes, ni en Venezuela ni a nivel global sobre liderazgo femenino, en el ámbito de los derechos humanos sí está ampliamente documentado que las mujeres desempeñan un papel central y cada vez más visible en su defensa. Ese liderazgo comunitario es, y seguirá siendo, fundamental para la reconstrucción del tejido social en Venezuela.

—¿Qué acciones priorizarías para fortalecer el liderazgo de las mujeres en Venezuela?

—Tenemos que pensar en un liderazgo femenino sostenible, a diferencia de un liderazgo de mera resistencia o supervivencia: un liderazgo asentado sobre cierta estabilidad, garantías de seguridad y un marco institucional mínimo. Eso sería lo primero para poder hablar de sostenibilidad.

En el caso de Venezuela, incluso dentro de las organizaciones de derechos humanos, muchos de estos liderazgos han tenido que continuar su trabajo desde el exilio. Por eso también es fundamental mencionar el tema del financiamiento y el acceso a él. Hemos visto una restricción del financiamiento proveniente de la cooperación internacional y, lamentablemente, un desfinanciamiento de muchos proyectos vinculados con el liderazgo femenino, los derechos de las mujeres y la igualdad.

Para que exista un liderazgo sostenible, también es fundamental fortalecer capacidades y ampliar los espacios de participación. Esto se vincula con lo que mencionábamos al comienzo: el cierre del espacio cívico persiste. Aunque ha habido esfuerzos importantes de liderazgo para abrirlo, todavía no existe una apertura real.

—¿Y cuáles consideras que son los principales obstáculos y «techos de cristal» que existen en Venezuela para que más mujeres accedan a espacios de decisión?

—Creo que el principal obstáculo sigue siendo cultural. Aunque como sociedad hemos avanzado, persisten muchas barreras asociadas al machismo, a la desvalorización de la mujer y, por supuesto, a la desvalorización de la mujer como líder o lideresa. Muchas veces las mujeres tenemos que demostrar constantemente capacidades que, en el caso de los hombres, suelen presumirse automáticamente. Por supuesto, estas barreras también dependen del ámbito en el que nos desempeñemos.

En el caso de los movimientos sociales en Venezuela, al menos en el ámbito de los derechos humanos y también en el universitario, creo que esas barreras son menores, aunque siguen existiendo. También hay obstáculos económicos y una fuerte sobrecarga de tareas como las de cuidado, la falta de redes de apoyo y un mayor riesgo de violencia, estigmatización y ataques contra las mujeres por participar en espacios públicos o políticos. En contextos autoritarios, estas dificultades se agravan, porque las defensoras y lideresas suelen estar mucho más expuestas a campañas de descrédito y desgaste emocional. -Por: María Fernanda Rodríguez

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