Deportación a un tercer país recibe respaldo de Corte Suprema: ¿qué viene ahora?

La decisión sobre la deportación a un tercer país, con votación de 6-3, no es un fallo sobre el fondo del asunto, pero de inmediato le dará luz verde al gobierno de Donald Trump para retomar esta práctica que ha sido condenada ampliamente por abogados migratorios y organizaciones de derechos humanos de los migrantes. La decisión definitiva que tomará la Corte Suprema estadounidense se espera más para 2027.

Resumidamente, la política de expulsiones a un tercer país consiste en que el gobierno puede enviar a inmigrantes con orden de expulsión firme a naciones con las que no tienen vínculo alguno, sin que esas personas dispongan, estando todavía en territorio estadounidense, de una vía efectiva para apelar el destino ni, en muchos casos, de información previa sobre adonde los llevan.

Esa modalidad no sustituye las deportaciones directas al país de origen, en realidad las complementa dentro de un discurso gubernamental que se enorgullece de un altísimo número de expulsiones, desde que Trump asumió su segunda presidencia en enero de 2025.

El envío, sin consulta ni protesta, a un tercer país se activa cuando el retorno al país natal no es posible o no es práctico: porque el gobierno de origen se niega a recibir a sus nacionales, porque un juez de inmigración reconoció riesgo de persecución o tortura y concedió una figura de protección como el withholding of removal, o porque Washington prefiere no devolver a ciertas personas a un Estado con el que las relaciones son complejas.

Desde 2025, según recuentos de investigaciones periodísticas coordinadas y de organizaciones como Human Rights First y Refugees International, más de 25.000 personas han sido enviadas a unos 29 países bajo esta fórmula. La gran mayoría, unos 20.000, terminó en México. El resto se dispersó por América Latina, África y, en menor medida, el Caribe y el Pacífico.

¿Cuáles son estos terceros países?

Los acuerdos firmados por Washington con diferentes naciones son en su mayoría confidenciales. EEUU ha destinado cientos de millones de dólares, según investigaciones periodísticas, para financiar “gestión migratoria”, alojamiento temporal o cooperación con los países receptores. En América Latina además de México, figuran Guatemala (a donde envían a los mexicanos que no pueden devolver a México), Honduras, Panamá, El Salvador, Ecuador y, más recientemente, Guyana.

En África la lista es más extensa y más lejana: Liberia, Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, Ghana, Camerún, Ruanda, Eswatini (Suazilandia), Sierra Leona, Burundi y la República Democrática del Congo, entre otros. También hay pactos con islas del Pacífico como Palau. El mapa combina países dispuestos a aceptar
contraprestaciones económicas o diplomáticas con la premisa de que el deportado no será perseguido ni torturado.

¿Y qué pasa con los venezolanos?

Para los venezolanos en situación irregular en Estados Unidos, el escenario después del 3 de enero pasó a ser otro. Tras la caída de Nicolás y la instalación de un gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la cooperación estrecha entre Caracas y Washington no sólo es para inversiones petroleras, lo es también para el manejo
de los venezolanos deportados por Estados Unidos.

Si nos guiamos por las reseñas periodísticas de medios estatales, los vuelos de deportación hacia Venezuela se estabilizaron en un ritmo de dos a tres por semana. Organizaciones que monitorean los vuelos de ICE contabilizaron decenas de operaciones, pero con períodos de interrupción, en 2025 y un incremento -significativo- en el período posterior al cambio de poder en Caracas. El terremoto doble del 24 de junio de 2026, que dañó parcialmente al aeropuerto de Maiquetía, desplazó las llegadas hacia el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui, en Barcelona.

En este mes de septiembre se registró una novedad. En las últimas semanas, se confirmaron jornadas con dos vuelos el mismo día: el 17 de septiembre aterrizaron 379 personas en los vuelos 170 y 171; el 23 de septiembre, 406 en los vuelos 172 y 173. Este conteo de vuelos los hace el gobierno venezolano.

El patrón confirma lo que anticipaba la lógica actual de cooperación entre Miraflores y la Casa Blanca: la mayoría de los venezolanos sin estatus regular que el gobierno estadounidense decida expulsar serán enviados a Venezuela.

Esa vía directa, sin embargo, no cubre a todos. Quienes solicitaron asilo, denunciaron persecución política u obtuvieron una orden de no devolución precisamente porque un juez consideró que Venezuela no era un destino seguro quedan, en la práctica, a merced de ser enviados a un tercer país como ya ocurrió con los migrantes venezolanos enviados por el ICE a Liberia, un caso reseñado por El Estímulo.

Ahora, mientras la Corte Suprema toma una decisión definitiva en este tema, las expulsiones a terceros países se reiniciarán. El caso de Liberia, en tanto, demostró que pese a que en teoría existían restricciones desde febrero, en la práctica los vuelos de expulsiones siguieron ejecutándose, ya que los denunciados al país africano ocurrieron en agosto.

Este proceso judicial se inició cuando el juez federal Brian Murphy, en Boston, decidió en febrero pasado que la política del Departamento de Seguridad Nacional violaba el debido proceso de la Quinta Enmienda y los procedimientos de la ley de inmigración: no había notificación real del destino ni una oportunidad sustancial para alegar riesgo de persecución o tortura antes de ser subidos a un avión.

La Corte Suprema no ha dicho que el juez Murphy se equivocara. Dijo que, mientras resuelve el caso, el gobierno puede seguir aplicando la política. En la práctica, eso significa que una persona detenida por ICE puede ser montada en un vuelo sin que se le informe con antelación el país de destino y sin un mecanismo administrativo o judicial inmediato, dentro de Estados Unidos, para impugnar esa decisión.

Y eso afectará también a los migrantes venezolanos que sean detenidos por el ICE y que por alguna razón de peso no puedan ser deportados directamente a Venezuela.