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Opinión | Puntofijo del siglo XXI

La viabilidad de un proceso de transición ante un probable cambio político motiva a pensar sobre la construcción de algún esquema de interrelación con los actores que surgirían. El Pacto de Puntofijo, suscrito en octubre de 1958, es un ejemplo histórico.

Opinión | Puntofijo del siglo XXI

1) Puntofijo del siglo XX

La salida del poder del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, considerada como una dictadura por los principales líderes opositores en su momento en el exilio y los partidos que lo representaban, propició la implementación de un sistema político fundamentado en el gobierno civil y democrático.

Rómulo Betancourt – Acción Democrática – Rafael Caldera – COPEI – y Jovito Villalba – Unión Republicana Democrática – acordaron las bases mínimas de “entendimiento” para evitar el regreso de sectores antidemocráticos a la escena política. El acuerdo se suscribiría en octubre de 1958, en la residencia de Rafael Caldera denominada Puntofijo, ubicada en el sector de Sabana Grande en la ciudad de Caracas, como se dio a conocer a través del periodismo.

Una particularidad definía la coyuntura: los partidos políticos no lograron ponerse de acuerdo sobre un “candidato unitario” para las elecciones generales de diciembre de 1958, rompiendo el “consenso” originado en el denominado “Espíritu del 23 de Enero” que reconocían. Pudiese considerarse debilidad para procurar la democracia y el gobierno civil.

El texto del pacto menciona las “acciones unitarias” de las fuerzas políticas para la defensa del régimen democrático, destinadas “a asegurar la inteligencia, mutuo respeto y cooperación entre ellas”. Se definió la “tregua política” sin perjuicio de la autonomía organizativa y caracterización ideológica de los partidos suscriptores.

Se establece que el proceso electoral y los poderes públicos surgidos de las elecciones de diciembre de 1958 respondan a las pautas democráticas de la “libertad de sufragio” y garantiza que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del “frente unitario”, sino que lo fortalezca mediante la “prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, erradicación de la violencia interpartidista” y definición de normas que faciliten la formación del gobierno y de los cuerpos deliberantes – Congreso Nacional – de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la república como sistema popular de gobierno.

El pacto estableció el derecho a gobernar conforme al resultado electoral. La intervención de la fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de estado. Declarándose el cumplimiento de un “deber patriótico”, la resistencia permanente contra cualquier “situación de fuerza” que pudiere surgir de un hecho subversivo y colaboración con ella también se considera como delito de lesa patria.

Se busco el efecto político unitario al establecer que todos los votos emitidos a favor de las diversas candidaturas democráticas serán considerados por “votos unitarios” y la suma de votos de los distintos partidos como afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional y consolidación del estado de derecho. Los partidos políticos acuerdan concurrir al proceso electoral sosteniendo un programa mínimo común cuya ejecución seria punto de partida de la “administración nacional patriótica y afianzamiento de la democracia”.

El sistema político venezolano surgido a partir de 1958 se caracteriza por ser un “sistema de partidos” denominado por “sistema político pluralista” de centro izquierda e izquierda y grupo de interés institucionales como la burocracia, el sector militar, la iglesia, el sector empresarial y sindical. No necesariamente fue armónico porque el Estado, y más aún el gobierno, tenían por tendencia favorecer determinado sector en particular en detrimento de otros.

El Partido Comunista de Venezuela no sería consultado para la integración del gobierno ni convocado para desempeñar cargos administrativos para no influir sobre “los rumbos” de la política nacional e internacional. Según Betancourt, la filosofía política comunista no “compagina” con la estructura democrática del estado venezolano “ni el enjuiciamiento” por ese partido de la política internacional a seguir por Venezuela. Esta posición pudiera haber propiciado la insurgencia guerrillera, aunque el triunfo de la Revolución cubana en diciembre de 1958 influyó en esta tendencia.

Dos particularidades destacan del sistema: evitar el conflicto social y estabilizar “el sistema de conciliación”. La integración se logra con un gran intervencionismo estatal a través de prácticas de negociación entre grupos,  reconociendo que éstos tiene su base financiera en la política de subsidios y dependen de la capacidad fiscal del Estado.

2) Pacto de Puntofijo del siglo XXI

Dos prioridades se tendrían en el nuevo acuerdo. El económico: reconocer que prácticamente se recibirá un país en la ruina e inmediatamente se deberían aplicar medidas drásticas para enfrentar la escasez de bienes, inversión y productos, hiperinflación y devaluación de la moneda. Significa agravar la situación social y el costo político del gobierno que las aplique.

El político: Bajo la hipótesis del “cese de la usurpación” significa la salida de Nicolás Maduro del poder, aunque no del Partido Socialista Unido de Venezuela, que continuaría ejerciendo el gobierno, escenario avalado por la tesis norteamericana expuesta por el diplomático Elliott Abrams.

Plantearía rescatar la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como establece el “Estatuto que rige la Transición a la Democracia”, emanado de la Asamblea Nacional, con el regreso a la “democracia constitucional” para superar el sistema político impuesto por la Revolución Bolivariana, calificado como «socialismo real».

Debe haber un “acuerdo mínimo” electoral con el compromiso de respetar los resultados electorales; es probable que, al igual de 1958, no se lograría un candidato unitario por la oposición. Se tendría que garantizar por los partidos involucrados el compromiso de mantener la estabilidad del nuevo gobierno promoviéndose “coaliciones partidistas” como acaeció en los gobiernos de Betancourt y Leoni.

El Acuerdo PSUV- oposición tendría que resolver políticamente sobre el presidente Nicolás Maduro y su entorno considerado “dictadura”; si se integraría al nuevo sistema político o simplemente seria proscrito – al igual que Marcos Pérez Jiménez – siendo el obstáculo a superar para iniciar la “transición” supondría “la salida del poder”.

El concepto de “tregua política” – término adjudicado a Betancourt –necesario para propiciar el conflicto no agonal o no contencioso, es decir el descarte de la “lógica de la guerra” a la política, sustento del discurso militarista de Hugo Chávez y mas atenuado de Nicolás Maduro. Los “acuerdos mínimos” entre los distintos sectores políticos se observarían por necesarios.

La superación de los problemas económicos conllevaría a un acuerdo político para la implementación de medidas de alto impacto social inclusive la negación del socialismo del Siglo XXI para favorecer la economía de mercado altamente competitiva conllevaría a la desburocratización del “estado revolucionario”, limitación drástica de las subvenciones y dádivas oficiales producto del populismo, privatizaciones inclusive someter al País a recomendaciones y adopción de políticas avaladas por los organismos financieros internacionales que siempre han sido consideradas de “shock” .

El restablecimiento de la Constitución bolivariana obligaría a un sistema de reconocimiento y conciliación de intereses diversos aunque en cuotas variables incluso podría considerarse injustas y antidemocráticas pero que en última instancia darían estabilidad al sistema. Rómulo Betancourt en 1958, mantuvo al margen de cualquier acuerdo al Partido Comunista venezolano por considerarlo ideológicamente anti-democratico.

La “cuestión militar” cuya “no deliberancia” y “apoliticismo” seria la base del gobierno civil se tendría que buscar la fórmula de disminuir el protagonismo político obtenido en estas dos últimas décadas.

La labor de un “gobierno de transición” tendría que ser similar a la Junta de Gobierno precedido en meses el Vicealmirante Wolfgang Larrazábal que realizo cambios en la estructura legal de las fuerzas armadas posteriormente propiciaron la estabilidad del gobierno de Betancourt aunque no de forma integral como se manifestaron en las intentonas golpista entre 1961 a 1962 – Táchira, Barcelona, Carupano y Puerto Cabello -.

Por último y una de las preguntas más importantes, quienes serian los líderes políticos que suscribieran el Pacto de Puntofijo del siglo XXI. ¿Quiénes serían los émulos de Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba en el siglo XXI?

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