En Venezuela opera una delincuencia organizada nacional y otra internacional; una delincuencia organizada ideologizada y otra que no; una delincuencia organizada urbana y una rural. Diversas tipologías de estructuras criminales violentas mantienen el control territorial en sus respectivos feudos.
Los policías que no cometen delitos y hacen frentes a los delincuentes son “vendidos” o “pichados” (lanzados) desde los hospitales cuando llegan heridos, para que los antisociales tomen venganza.
Así ocurrió con un policía del estado Aragua, quien quedó desprotegido y fue asesinado. Es un caso que ilustra el grado de deterioro de la seguridad ciudadana en Venezuela, un país sumido en una profunda crisis económica y social
Si no matan a los policías en la calle, los persiguen hasta cobrar por la muerte de algún criminal aliado. Se valen de todo. Hasta de una enfermera.
El día 9 de noviembre de 2020, al Supervisor Jefe de la Policía Nacional Bolivariana del estado Aragua, Joel Abiece Rodríguez, lo estaban trasladando en una ambulancia después de hacerse unos exámenes al Hospital Central de Maracay donde estaba hospitalizado. Días antes había quedado herido en un procedimiento policial en la cercana localidad de Palo Negro. Iba acompañado por su esposa, la enfermera Zuleima Prato y Máximo Abreu, paramédico y conductor de la unidad.
Pasadas las 6 de la tarde, en la avenida Las Delicias de Maracay la ambulancia fue atacada por sujetos armados quienes dispararon indiscriminadamente. Los delincuentes se desplazaban en una moto de alta cilindrada y una camioneta Chevrolet modelo Blazer, desde donde lanzaron una granada que explotó e incendió la unidad de emergencias. Rodríguez falleció en el hecho y su esposa y el chofer de la ambulancia resultaron gravemente heridos.
Más adelante, los delincuentes en la huida se encontraron con un grupo del Cicpc que se encontraba en labores de pesquisa por otro caso. Se produjo un enfrentamiento, mataron a un agente y los delincuentes se refugiaron en el barrio San Vicente, donde se dice, tienen su base de operaciones.
Barrio José Félix Ribas, en Petare, este de Caracas, territorio controlado por la banda de Wilexis. (Foto: El Estímulo)
Según fuentes policiales, el supervisor jefe fue “pichado” (palabra que viene del béisbol, lanzado) desde dentro del hospital donde era atendido. Una enfermera del área de quirófano apodada “la China” habría pasado la información a los antisociales. Su nombre Marieny Sánchez. Fue detenida en las instalaciones del hospital y le fue incautado su teléfono móvil el cual será investigado para precisar si hubo contacto con los delincuentes. La banda cobró venganza por la reciente muerte en manos de policías comandados por Abiece Rodríguez de tres de sus compinches en Palo Negro, municipio Libertador de la entidad aragüeña.
Este hecho vuelve a dejar en evidencia que los policías están desguarnecidos, están solos a merced del hampa, quienes al final son los que mandan y ponen las reglas a la ciudadanía. «Si me matas a mi gente yo voy contra ti porque la impunidad me lo permite», parece ser la consigna que pregonan a viva voz los integrantes de las bandas criminales en todo el país. No hay orden. Hay ley pero nadie la hace cumplir, especialmente los jerarcas del régimen chavista.
Varios criminalistas consultados por El Estímulo coinciden en que la ausencia del Estado ha dado margen para que las organizaciones delictivas tomaran las fuerza que hoy tienen.
Además, las llamadas “zonas de paz”, entregadas por la dictadura de Maduro al control de los delincuentes, son aliviaderos para el crimen. Allí nadie los toca. Uno de los más conocidos de estos circuitos criminales es la barriada Cota 905, donde nadie entra sin permiso de los antisociales. En las redes sociales muestran su poder fuego sin pudor alguno. Lo mismo pasa en el sur de Aragua con la megabanda llamada el “Tren de Aragua”, o en la occidental ciudad de Barquisimeto, la cuarta más grande del país, con grupos que a través de las redes sociales se permiten amenazar a civiles si no pagan «la vacuna» (extorsiones).
En el estado Bolívar, sur del país, los sindicatos criminales también controlan las minas de oro y los negocios conexos, como el tráfico de combustibles, herramientas y maquinarias, alimentos, drogas y mujeres. Allí estas bandas someten a pueblos enteros como El Callao, Tumeremo o Las Claritas.
El penalista y criminalista, experto en política criminal Juan Carlos Carrero, señaló que con la restructuración de la Policía Nacional y los organismos de investigación penal, les quitaron facultades a las policías estadales y municipales (por razones políticas).
“En cuanto a las operaciones tácticas, antes en la policía municipal dentro de su grupo de operaciones espaciales tenían un armamento adecuado para combatir a estos grupos irregulares. Desde hace unos 10 años les quitaron esas facultades de actuación, por supuesto ya no tienen esas armas que se equiparaban a la que tienen las organizaciones criminales, por eso la supremacía de fuego, no es lo mismo que un funcionario tenga una pistola y un delincuente tenga un fusil”, afirmó Carrero.
Por su parte, Luis Izquiel, abogado y criminalista, piensa que el hecho ocurrido en Aragua fue cometido por la banda del “Tren de Aragua”, banda que creció por el abandono por parte del Estado de las cárceles en Venezuela. Esta organización delictiva tiene su “cerebro de acción” dentro de la cárcel de Tocorón, la de mayor población penal en Venezuela.
El Tren de Aragua, un sindicato criminal que se ha internacionalizado. Algunos de sus miembros fueron deportados desde Colombia.
Según Izquiel, este caso demuestra la indefensión, la orfandad de los funcionarios policiales cuando tienen que enfrentar a la delincuencia. En Venezuela el promedio de funcionarios asesinados es de uno por día.
“Muchos funcionarios viven en barriadas producto de que ganan salarios de hambre y tienen que convivir con los delincuentes y ahí están indefensos completamente y los delincuentes están mejor armados que los funcionarios”, afirmó.
Carrero cree que fue un error desarmar a los funcionarios policiales cuando están fuera de servicio.
“Un policía es policía 24/7, no puede ser que un funcionario cuando sale de la institución se va sin arma a su casa, siendo presa fácil para los delincuentes porque no les puede hacer frente”, señala.
Luis Izquiel manifestó que los antisociales saben que están mejor armados y se atreven a ir de frente y atacar comisarias con armas de asalto y granadas, porque saben que no les van a responder.
El arma pasó a ser el principal botín de los antisociales. Un policía solitario es presa fácil para que los delincuentes vayan por ese preciado trofeo, una pistola o un fusil. Carrero indicó que muchas de las armas que obtienen los delincuentes son producto del ataque a los cuerpos de seguridad, sin dejar de lado el tráfico de armas o la complicidad dentro de alguna institución para conseguirla.
“Hay un mercado negro de armas en Venezuela, de otra manera no se explica que un delincuente esté mejor armado que un policía, pistolas modificadas con selector de tiros, fusiles AR-15 semiautomáticos de última generación con accesorios que uno piensa de dónde pueden conseguirlos estos delincuentes. Hay que decir que seguramente también hay funcionarios militares que transgreden la ley y venden equipos militares”, afirmó el criminalista Juan Carlos Carrero.
“Los policías venezolanos son los peores pagados del planeta. Ni en Haití se le paga tan mal a un policía como aquí en Venezuela. En estos días miré el recibo de pago de un comisario jubilado del Cicpc y era equivalente a tres dólares. Entonces, hoy en día se incorporan personas menos idóneas a la institución policial, porque nadie preparado va a arriesgar su vida por tres dólares, entonces eso provoca que cada vez menos personas brinden confianza dentro de las policías. Los honestos se van por esta situación y el que ingresa en medio de esta situación es permeable por la corrupción”, dijo Izquiel.
Para este criminalista, los policías son víctimas y victimarios. Víctimas de un gobierno que los olvidó, que paga salarios “miserables” y no les brinda ningún tipo protección, y son victimaros porque muchos buscan el beneficio personal fuera de la ley.
“Cuando tu sumas todo lo que rodea al sistema policial la respuesta es sí, sí son permeables los funcionarios, tienen una muy mala formación, reciben cursos muy cortos de formación, más en aspectos ideológicos que técnicos. Mal pagados, sin seguro, sin respaldo del Estado, y además no son sancionados por los delitos que cometen. Por ello, cada día son más los funcionarios que vemos cometiendo delitos”, dijo.
Tenemos una delincuencia organizada nacional y otra internacional, tenemos una delincuencia organizada ideologizada y otra que no. Asimismo, tenemos una delincuencia organizada urbana y rural, es decir, si analizamos la geografía de Venezuela tenemos diversas tipologías de estructuras criminales violentas con control territorial.
Una de las organizaciones más poderosas son los «colectivos» bandas armadas y violentas vinculadas el gobernante que son paramilitares urbanos. Pero tenemos a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), “los boliches” y sus distintas facciones que son de corte rural.
También operan en todo el país las mega bandas criminales, o los seudo sindicatos de la construcción, mineros y petroleros; los guerrilleros disidentes de las FARC; las «bat crime» colombianas, garimpeiros brasileños, el pranato carcelario (jefes de los penales) que somete a una población más allá de los muros carcelarios. En Venezuela pulula una delincuencia organizada violenta que cada día controla más espacios, más territorios.
Esto puede ocurrir, según análisis criminológicos y sociológicos, cuando por acciones u omisiones las estructuras formales del Estado lo permiten y ha habido políticas públicas que han alentado esto.
Entre esas estrategias oficiales está el llamado Plan Pacificación, que dio nacimiento a las “zonas de paz”, o el haber dado beligerancia a la guerrilla colombiana en territorio venezolano.
También se ha permitido por omisiones, al tener una Ley Desarme y Control de Municiones, y por otro lado un discurso ambiguo de que la revolución es pacífica pero armada, o que determinados grupos son guardianes del proceso político gobernante. Son discursos ambivalentes y ambiguos, señalan expertos.
Y si a eso le sumamos el desmontaje de la República para dar nacimiento al Estado Comunal, el fin de la separación de poderes públicos y la erosión del sistema democrático, tenemos un paisaje donde se desmorona la institucionalidad. Está probado científicamente que cuando las instituciones son débiles, se desmontan, evidentemente crece la impunidad, el estado de derecho se desdibuja.
En Venezuela, se ha roto la lógica de lo correcto, el distinguir lo bueno de lo malo, el distinguir lo correcto de lo indebido, darle paso a la lealtad política en lugar del concurso de credenciales u oposición, o la meritocracia. Todas esas circunstancias han premiado al delito.
Es evidente que cuando un país presidencialista quiere enfrentar al crimen organizado, violento, lo primero es darle la prioridad presidencial.
En segundo lugar, para el Poder Ejecutivo es importante desplegar esas políticas pública para enfrentar la criminalidad con aliados, como los medios de comunicación social, el sector privado, las iglesias de los diferentes cultos, las ONG, porque esos son los verdaderos aliados que han cooperado en políticas públicas exitosas en Latinoamérica.
También es importante que estas políticas se sostengan en el tiempo sin importar quién es el presidente.
Pero si los aliados de un gobierno son los llamados colectivos armados, violentos, supuestos guardianes del proceso político, y además ese gobierno persigue a los medios de comunicación, al sector privado, sataniza a las ONG, evidentemente serán alianzas que coadyuvarán pero a la impunidad y la criminalidad.
Ese es el gran problema que tiene Venezuela. El delito organizado violento, que hace florecer una economía criminal, espanta la inversión nacional e internacional, produce desplazamiento interno, y sustituye la autoridad del Estado por la autoridad criminal.
Ahora en Venezuela la estructura del crimen organizado es la que ordena desalojos de bienes inmuebles, pone las reglas y horarios para celebraciones familiares en las comunidades, arregla problemas maritales, paga entierros, cobra por la distribución de alimentos y licores; es la que establece las normas de convivencia social, en zonas rurales y urbanas, dirigidas por venezolanos y colombianos.
Estas estructuras producen desapariciones forzosas, esclavitud moderna, como ocurre en las minas del sur del país; reclutamiento forzoso de integrantes de las bandas, como ocurre en el occidente. En definitiva, controlan territorios y haces florecer una economía criminal que genera pobreza y primitivismo.
Venezuela tiene, lamentablemente, los tres tipos de primitivismo clasificados por los expertos: primitivismo criminal, el crimen es violento y organizado en Venezuela, atroz y perverso. Asimismo, el primitivismo social, parte del gentilicio y la idiosincrasia del venezolano ha sufrido mutaciones, aquello que la sociología llama modificación antropológica social. Hay una erosión importante de la convivencia ciudadana de las buenas costumbres, del respeto por las normas, del concepto de ciudadano. Y el más grave de todos, el primitivismo institucional, las instituciones en Venezuela no están para resolver los problemas, más bien son parte del problema, son lugares a los que el ciudadano dejó de ir para resolver su cotidianidad.
No en vano, la encuestado Gallup, capítulo Ley y Orden, en 2018 llegó a estimar que casi ocho de cada 10 venezolanos no interpondrían una denuncia para la persecución jurídica penal de un hecho criminal y sus autores.
El hecho de que los ciudadanos de un país no confíen en sus instituciones para interponer una denuncia en aras de que se haga justicia genera ese primitivismo social y materializa el primitivismo criminal. Cuando no se denuncia se deja de ser ciudadano y la persona se convierte en un sobreviviente habitante-poblador. Además, buscan mecanismos de resolución de conflictos como el linchamiento o el sicariato.
Es grave que Venezuela tenga presente los tres tipos de primitivismos, es grave que la desconfianza en las instituciones sea tan elevada, igual de grave son los niveles de impunidad, donde de cada diez delitos nueve no se resuelven. En medio de eso está el desmontaje de la República, de la división de poderes, la alternancia en el poder, de la transparencia, el desmontaje de que los hombres buenos en el sentido filosófico, estén al frente del ejercicio público.
El resultado de que eso no sea así, es como se encuentra la salud, la educación, la producción nacional, las políticas de seguridad ciudadana, pero sobre todo como se encuentra aquello que enarboló la llamada revolución del siglo XXI, los niveles de felicidad del venezolano, eso que medía Latino Barómetro, donde se expresaba la felicidad del venezolano, eso quedó atrás hace muchísimo tiempo.
Sin estado de derecho no hay modernidad. Sin saber que normas jurídicas están vigentes y quién las haga cumplir sin miramientos, no habrá orden, ni inversión. No nos extrañemos de los niveles de crimen y violencia que hoy día caracterizan a Venezuela y que lamentablemente nos ha llevado a puestos en ranking muy negativos en el mundo.
El tumor social llamado crimen y violencia, que pueden materializarse de forma simultánea, aunque no son iguales, pueden aumentar o disminuir de acuerdo a las políticas públicas. Si éstas son inexistentes o si son equívocas, esos tumores sociales van a seguir creciendo. Si por el contrario son acertadas, evidentemente van a disminuir. Lo que no va a suceder en ningún país es que estos dos tumores sociales se queden estacionarios, es decir, que las tasas de homicidios, de secuestros, la cantidad de robos, la percepción de corrupción, el tráfico ilegal de drogas, tráficos de armas y municiones, de personas, extracción de minerales preciosos, no van a disminuir sin políticas públicas adecuadas.
Si esto no llega a ser una prioridad, rescatar temas de educación, de cultura, de empleo, de llenar al país de empresas, industrias, comercios, escuelas, liceos, institutos técnicos, canchas deportivas, iluminación y la meritocracia al frente de las instituciones y la rendición de cuentas de forma transparente, evidentemente que la delincuencia organizada violenta como tumor social seguirá en alza. La historia dirá si hubo la voluntad de hacer lo correcto para generar felicidad verdadera y progreso para la mayoría de los venezolanos.
La información fue confirmada por el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López.
"En materia de seguridad ciudadana hemos fracasado rotundamente" afirmó Fermín Mármol García.
Noel Álvarez, representante del Movimiento Generación Independiente (Gente), denunció que cuando el Estado pierde el control de la violencia legitimada suceden casos como el de los mineros en Tumeremo.
