Un incidente diplomático durante su primera presidencia (1974-1979) con el gobierno de la República Oriental del Uruguay, dimensiona el proceder del líder socialdemócrata venezolano en pro de salvaguardar las instituciones del derecho internacional público en América Latina
En las elecciones uruguayas de noviembre de 1971, el presidente Jorge Alejandro Pacheco Areco (1967-1972) pretendía reelegirse modificando la Constitución de 1966, mediante un plebiscito. Había llegado al poder tras la muerte del presidente Oscar Diego Gestido, en 1967, del cual era vicepresidente. Los tupamaros, movimiento guerrillero de izquierda, hacían su aparición en la política de forma insurgente; sus acciones se reflejaban en atentados, balas y secuestros. Manifestaban estar dispuestos a hacer lo necesario para impedir la insistencia continuista de Pacheco Areco.
Por primera vez, los partidos tradicionales que detentaban el poder: Colorados y Blancos, ven amenazado su predominio por el general Liber Seregni, quien encabezaba una coalición en la que se confluían democristianos, socialistas, comunistas y disidentes de los partidos tradicionales. Esta fue denominada Frente Amplio. Inicialmente, tuvo escasa penetración popular, aunque posteriormente encabezaría las encuestas de opinión pública en detrimento de los partidos del estatus.
El candidato, general Seregni, fue un militar de izquierda moderado, que contaba con el apoyo electoral de los tupamaros. Gozaba de amplias simpatías en el electorado de la ciudad de Montevideo y de la confianza de un sector apreciable de las Fuerzas Armadas.
La organización Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, calificada como “perfecta”, fue organizada por Raúl Sendic, quien abandonó sus estudios de derecho para incorporarse a la agitación sindical. Sendic se inició como elemento activo de los cuadros del Partido Socialista, pero rompió con este al señalar que era un partido apenas de “maniobras”. Desvinculado de la línea partidista, se decantó por la agitación rural en Bella Unión, departamento de Artigas.
Organizó a los campesinos en sindicatos y grupos armados, referencia primaria de lo que serían después los tupamaros. No restringió sus actividades políticas a la lucha armada, como se evidenció después de la constitución del Frente Amplio, respaldándolo porque representaba la oposición al imperialismo y a la oligarquía. El programa político de los tupamaros sintetizaba su posición política en “la lucha armada para la implantación del socialismo”.
Su objetivo final era establecer un régimen marxista-leninista, lo que no le impedía, sin embargo, apoyar a movimientos nacionalistas, militares progresistas o a la burguesía nacional, factores que podrían ser incorporados al proceso de lucha revolucionaria.
En septiembre de 1971, 106 guerrilleros tupamaros protagonizaron una fuga inédita en la historia de Uruguay, liberando a sus líderes más calificados en Punta Carretas, un centenario presidio, luego de tres meses de planeamiento y nueves meses de ejecución. Se anunció la liberación de su jefe máximo, Raúl Sendic, fundador de la organización; y de Julio Marsenals Sáenz, primer guerrillero detenido por el gobierno en octubre de 1968. Pusieron en libertad a Geoffrey Jackson, embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña, secuestrado en enero de 1971, hecho reivindicado como un acto de “soberanía plena”.
El presidente Pacheco Areco tomó providencias inmediatas. Atribuyó el hecho a las “limitaciones del sistema democrático”, aprovechado con audacia por grupos delincuenciales. Estableció una rigurosa censura de prensa y prohibió cualquier manifestación pública. La dirección del combate contra la subversión estaría bajo la responsabilidad de 18.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, limitándose la policía civil a cumplir funciones de asesoramiento. En vista de la censura originada por esta fuga, el general Seregni anunció que el Frente Amplio crearía una cadena de periódicos de circulación clandestina.
Elegido en noviembre de 1971, Juan María Bordaberry, quien fuese ministro de Agricultura del presidente Pacheco Areco, asumió el poder. Bordaberry, en la estrategia reeleccionista de Pacheco, iba como candidato a vicepresidente, pero al mismo tiempo era uno de los candidatos del Partido Colorado. Pacheco se retiraría de la competencia electoral, pues su candidatura se topó con numerosos obstáculos y resistencias en su propio partido.
El triunfo de Bordaberry, quien como vicepresidente tenia por candidato al ministro del Trabajo, Jorge Sapelli, se debió principalmente a que, si bien obtuvo una suma similar de votos que todos los candidatos del Partido Colorado, la ley electoral uruguaya permitía que los candidatos de un partido sumaran sus votos a los del partido ganador. Si bien individualmente Bordaberry obtuvo más votos que sus compañeros del Partido Colorado, por sacar más sumó los votos de los otros.
De esta forma, derrotó al candidato del Partido Blanco, Wilson Ferreyra Adunate. Bordaberry anuncia la continuación de “pachequismo” y declara que la política uruguaya “no cambiara en nada”, dando a entender que aumentaría y acentuaría la represión contra los tupamaros.
Uruguay marchaba hacia una grave crisis política, principalmente por la incapacidad de la institucionalidad para responder a las profundas exigencias sociales del país. Al producirse las elecciones, se creó la expectativa por un cambio de situación que no solamente aseguraría la paz, sino que además mejoraría en la actividad económica y la eficiencia en la conducción de las instituciones del Estado.
Bordaberry encabezó el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, que disolvió el Parlamento. Lo sustituyó un Consejo de Estado, que designó el Ejecutivo junto con organizaciones sociales y partidos políticos. Esa instancia suprimió las libertades civiles. Los militares tendrían mayor participación en el nuevo gobierno. La propuesta del nuevo plan del gobierno hacía prever su injerencia decisiva en la conducción política del Estado, llevando a Bordaberry en la práctica a asumir un papel meramente formal.
El Frente Amplio llamó a la lucha contra el régimen. Wilson Ferreyra Aldunate, líder del Partido Blanco exiliado en Buenos Aires, denunciaba el flagrante apoyo del régimen brasileño al autogolpe de Bordaberry. El partido de Ferreyra Aldunate hizo pública su decisión de trabajar junto al Frente Amplio para derrocar la dictadura.
Se intentaría un particular régimen legal en el que la autoridad del presidente no emanaba del voto popular, sino de la voluntad de los jefes militares, que pasaban a constituir una nueva fuente jurídica.
Los acontecimientos ponían de relieve un camino de plena hegemonía militar, lo que afectó gravemente la democracia partidista uruguaya. Los partidos tradicionales fueron incapaces de protagonizar una resistencia notable a los planes militares. La resistencia de las medidas tomadas por Bordaberry corría a cargo de la izquierda, especialmente del sector obrero, pero esta cesaría en condiciones de aislamiento y por la incapacidad de promover una lucha de dimensiones nacionales.
El documento, suscrito por José Pérez Caldas –comandante de la Fuerza Aérea– y por Hugo Chiappe Posse –comandante interino del Ejército–, contenía “preocupaciones reformistas” que superaban la pasividad con la que el Ejecutivo enfrentó los problemas sociales uruguayos. La doctrina militar de la época, que se había proyectado a otros países, cuestionaba los “mecanismos democráticos formales”, replegados sobre sí mismos y poco eficaces ante las tareas del desarrollo. Ello ponía en entredicho el sostén partidista de la democracia uruguaya.
Los militares condenaban tácitamente la ineficacia de los partidos tradicionales y los sometía a un juicio moral. También expresaban hostilidad hacia los marxistas. Bordaberry no negaba su simpatía con el régimen brasileño y sus puntos en común con la defensa de la democracia y el anticomunismo, además de señalar el hecho de que la amplia frontera con Brasil hacía posible desarrollar una provechosa política de integración económica.
La Junta de Oficiales de las Fuerzas Armadas decidió destituir a Bordaberry y designar a Alberto Demicheli, quien entonces ocupaba la presidencia del Consejo de Estado, como su reemplazo.
El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez ordenó el retiro de su embajador en Uruguay. Lo hizo bajo el argumento de que defendería el principio del derecho de asilo y que llegaría hasta la ruptura de relaciones, si finalmente el gobierno uruguayo no reintegraba a la dama que pretendía asilarse en la representación diplomática en Montevideo y fue sacada violentamente de la legación. En el mismo episodio fueron agredidos físicamente dos funcionarios diplomáticos venezolanos. La primera excusa presentada por Uruguay dejó entrever que la acción fue ejecutada por un grupo parapolicial.
La involucrada se llamaba Elena Quinteros Almeyda, maestra y militante de la Federación Uruguaya del Magisterio. Para el momento de los hechos, el gobierno uruguayo la consideraba militante activa de la resistencia. Posteriormente fue “desaparecida”. Había ingresado a los jardines de la sede diplomática venezolana el 28 de junio de 1976, luego de trepar una pared.
El embajador venezolano en Montevideo, Julio Ramos, manifestó de forma enérgica ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. El gobierno uruguayo afirmaba desconocer la actuación por los cuerpos de seguridad, incluso la existencia de Quinteros Almeyda. Ramos insistiría en la violación de la sede diplomática y en el “secuestro” de una ciudadana uruguaya que solicitaba asilo.
En un comunicado, el gobierno venezolano se comprometía a insistir en la devolución de la secuestrada, al objeto de resarcir la flagrante violación de la soberanía venezolana.
El 1° de julio de 1976, Gonzalo Barrios, presidente del Congreso, anunció que era inminente la ruptura de relaciones diplomáticas.
El presidente Carlos Andrés Pérez, mediante un telegrama, insistió ante el presidente de Uruguay, Alberto Demichelli, en la necesidad de garantizar los derechos humanos, incluido el derecho de asilo.
El 5 de julio de 1976, Pérez ordena la suspensión de las relaciones, con fundamento en los tratados y convenciones internacionales que consagran la inviolabilidad de las sedes y representaciones diplomáticas y las normas que precisan el derecho de asilo, disposiciones que fueron objeto de flagrante violación por parte de funcionarios oficiales uruguayos.
No se obtuvo resultado alguno, ya que la dama no fue restituida a la Embajada, como reiteradamente lo exigió Venezuela. Tampoco se produjo una explicación valedera y satisfactoria de los hechos. Esto llevó a que Pérez considerara inútil el viaje a Venezuela del canciller uruguayo, Juan Carlos Blanco.
Internacionalista UCV- Abogado UCAB
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