Los retos dentro del ejercicio del periodismo en Venezuela se acrecientan cada vez más: son constantes las amenazas, cierre de medios, prisiones arbitrarias de periodistas, en una continua violación de Derechos Humanos.
En la Venezuela de hoy el periodista de hoy además de tener valentía, ética, compromiso y responsabilidad, debe tener la mayor carga de resiliencia posible.
Más allá de tener las «ganas» de trabajar, el periodista debe llenarse de valor para -patear calle-, como bien conoce el hecho de buscar la noticia desde el pavimento, sin importar dónde o el tema a tratarse y es a través de las informaciones que se recopilan, las entrevistas y el hecho de mostrar la realidad de un país lo que hoy parece ser nuestra propia condena.
En estos tiempos, 3.900 periodistas han emigrado unos en busca de mejoras económicas, otros en busca de mayor libertad para ejercer el periodismo y hasta cuidándose de amenazas contra ellos y sus familias.
El cierre de medios ha sido una constante: 403 medios de comunicación han desaparecido durante los últimos 20 años, como bien lo han informado el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Distrito Capital, a través del Reporte de Agresiones; el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa; e instituciones y organismos como el Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público.
Por lo tanto, la población venezolana ya no cuenta con 285 radios, tampoco con la dicha de leer a 87 periódicos, 19 canales de televisión de señal abierta ya no están al aire y 12 medios digitales que no pudieron avanzar debido a la situación económica y la censura contra el derecho a expresarse libremente.
Muchos se preguntan ¿Hay Libertad de Expresión? Sí, pero eso puede tener consecuencias… ¿Entonces?
La Libertad de Expresión, es un derecho humano y derecho civil contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en sus artículos 57 y 58, en el capítulo de los Derechos Civiles que amparan a todos los ciudadanos.
Periodistas y trabajadores de la prensa han sido detenidos por publicar artículos, cubrir protestas o tomar fotografías. Hay casos sumamente delicados como el de los periodistas Roland Carreño o Ramón Centeno, quien fue detenido con su compañero de luchas Gabriel Guerra.
Centeno padece de una parálisis facial y otras patologías debido a que antes de haber sido detenido él tuvo un accidente. Hoy su estado es de cuidado.
Más allá de la propia detención de una persona, todo el proceso se hace más fuerte de sobrellevar al momento de los juicios porque muchos son diferidos.
El proceso es realmente preocupante, angustiante. Como periodista, me tocó mantenerme firme al tener a mi esposo -que es colega- detenido por cubrir una protesta de ciudadanos por el mal servicio de agua.
La espera de una audiencia se hizo eterna desde las 8:00 de la mañana hasta las siete de la noche, hasta que salió en libertad, luego de dos días detenido.
La sociedad venezolana debe conocer más sobre lo vivido por periodistas o trabajadores de la prensa durante y después de pasar por procesos judiciales.
Jesús Medina Ezaine
El reportero gráfico Jesús Medina Ezaine fue detenido el 28 de agosto del 2018. En realidad iban a capturar al colega Alberto Rodríguez, por llevar a cabo un trabajo de investigación en el Hospital Universitario de Caracas.
Ese día, Jesús Medina se encontraba con dos periodistas de nacionalidad peruana, quienes estaban realizando un reportaje sobre la crisis hospitalaria en Venezuela.
Mientras estaban sentados desayunando en un cafetín de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jesús sé percató que había un hombre sentado en una de las mesas que no le quitaba la «mirada de encima» y otro le estaba tomando fotografías con el teléfono celular. El reportero sé levantó de la mesa y se le acercó al hombre y le preguntó qué si tenía algún problema con él y por qué le estaba fotografiando. El sujeto de piel morena, de 1,70 cm de estatura, aproximadamente, y robusto le respondió: «Yo trabaje aquí de seguridad y le estoy tomando fotos al hospital».
Posteriormente el reportero le dijo: «si quieres nos tomamos una juntos sonriendo», en ese momento, Jesús le advirtió al corresponsal peruano que había movimientos extraños en el lugar y que había que llamar a la periodista que se encontraba dentro del hospital para irse inmediatamente.
Pasaron diez minutos aproximadamente cuando sale la periodista asustada y Jesús le dijo: «Vamos rápido Juana (la periodista peruana) hay que despistarlos». Ella se encontraba desorientada y asustada junto a su compañero y Jesús les preguntó: «¿Recuerdan las instrucciones que les di en caso de que pase algo? Ya saben qué hacer, a quién llamar y cómo llegar. Ustedes alerten cualquier cosa que no dejaré que los agarren a ustedes».
En ese momento se dieron cuenta que los están siguiendo y comenzaron a caminar más rápido dentro de la UCV. En lo que fueron menos visibles comenzaron a correr hasta dejar perdidos a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Después de varios minutos entraron al metro de Caracas, estación Ciudad Universitaria y ya estaban en los andenes. Pensaron que se les habían escapado a los agentes del gobierno, pero en ese momento llegó un hombre vestido de civil, armado con una pistola Glock 9mm color negra apuntando a Jesús Medina y le grita:
«¡Ezaine quédate quieto es el SEBIN!». Él solo preguntó: ¿Ahora qué hice?
El funcionario le respondió: «Quédate quieto, no te muevas y levanta las manos, no intentes correr. Estás rodeado». Medina Ezaine, cuenta que volteó la mirada y tenía aproximadamente a 20 funcionarios vestidos de civil con armas largas y cortas apuntándolo y dos mujeres grabando el procedimiento, con teléfonos.
«Yo le dije al funcionario: Si no bajas el arma me voy a lanzar a los rieles del metro y si no me creen mídanme el pulso. Me gritó en una distancia de 10 metros aproximadamente y me preguntó si estaba armado, le respondí que sí. Me pidieron que me levantara la camisa y que me diera la vuelta, en ese momento me cayeron encima varios funcionarios para dominarme y quien estaba a cargo me preguntó qué ¿dónde estaba el arma? Yo les dije que estaba en mi bolso y cuando revisaron se encontraron con mi cámara. Me preguntaron nuevamente ¿dónde estaba el arma? y yo conteste que esa era, más peligrosa que la de ellos. Me comenzaron a decir groserías, que si me quería pasar de chistoso y que me iban a dar una paliza».
Jesús Medina Ezaine
Jesús Medina preguntó dónde estaba la orden de aprehensión.
«Y la respuesta que recibí fue: ‘¿Tú crees que no hay orden de aprehensión?’, mientras me apuntaban con el arma en la cara. Insistí en verla y el funcionario me dijo que si gritaba o hacia un show me iban a dar una paliza que no olvidaría. Me agarraron por el cuello, mientras me esposaron».
«Preguntaron quiénes eran las personas que estaban conmigo y les aseguré que no sabía, que solo me habían preguntado dónde quedaba el metro, ¿Por qué corrimos? Porque les dije que venían unos malandros y al parecer nos iban a robar».
En ese momento, los funcionarios se creyeron lo que el reportero les había dicho y dejaron a los dos corresponsales peruanos tranquilos. Medina, había logrado que no los aprehendieran y así ellos lograron hacer lo que habían planeado en caso de que pasara algo, dieron el alerta a los periodistas y medios de comunicación venezolanos de que a JesúsMedina Ezaine lo detuvieron funcionarios del SEBIN.
Medina cuenta que en el traslado lo intimidaron, lo insultaron y le dijeron que lo torturarían.
«Me quitaron el reloj que cargaba, una cadena, una esclava y el poco dinero que cargaba en efectivo».
«Recibí mi primera paliza en la camioneta. Llegamos al SEBIN de Plaza Venezuela», relata. Allí lo tuvieron un buen rato esposado a la pata de una litera en el piso 10 donde lo reseñaron.
«No sabían qué delitos ponerme, porque mi historial estaba limpio. Le allanaron la vivienda a mis familiares y se llevaron lo que había de mi pertenencia. Me negué a contestar mientras me chequeaba un hombre -de acento extranjero. Me arrancó el piercing que tenía en la ceja. Él firmó por mí y también me negué a tomar alguna pastilla por temor a que me fueran a dopar, ya que estaba adolorido por los golpes que recibí».
Medina estuvo detenido a un año y seis meses en una celda de 1,60 de ancho por tres metros.
«Mi alimentación era caraotas, (granos) sin cocinar bien, tomaba agua del chorro», cuenta. Lo sacaban a las 5:00am a bañarse y a llenar los potes con el agua que lo mantendría en el día. Luego, a las 6:30 pm, cuando ya no había claridad, era el mismo procedimiento. Estuvo sin poder ver la luz del día y todo esto en un lugar donde el ambiente es montañoso y frío.
«Legitimación de capitales, lucro indebido de la administración pública, asociación para delinquir e instigación al odio».
En el tiempo que estuvo detenido, Jesús Medina presentó complicaciones de salud:
«Había perdido periódicamente parte de la visión, tuve complicaciones pulmonares, me encontraba en estado de desnutrición, pérdida de cabello y tres dientes frontales comenzaron a caerse», detalló.
Fue liberado el 06 de enero del 2020 y le otorgaron medidas cautelares de prohibición de salida del país y le decretaron régimen de presentación en los tribunales de Caracas cada ocho días y juicio cada diez días.
Arnaldo Sumoza es periodista y locutor. Preside un canal de televisión local, en el estado Guárico, de nombre Guárico y su Gente, que funciona desde hace 20 años en el municipio Julián Mellado.
El 14 de abril de 2020, a eso de las cinco de la tarde recibió una llamada telefónica, en la que le informaron sobre una protesta pacífica en las adyacentes de la avenida Bolívar de El Sombrero,Guárico.
¿El motivo? Los vecinos ya habían perdido la cuenta de los días sin servicio de agua potable.Es necesario aclarar que el agua antes de llegar por tuberías a las casas de Mellado recorre unos 80 kilómetros aproximadamente, desde el embalse de Camatagua, con los problemas que se presentan en el camino, (tomas de aguas clandestinas y varias poblaciones que se van surtiendo); por eso la escasez de agua es frecuente. Entonces, el periodista acudió al lugar de la protesta como trabajador para hacer la cobertura y como ciudadano afectado.
“Cuando llegue al sitio los habitantes solicitaron declarar y exponer la problemática de diversos sectores. Comencé el trabajo de recolectar la información y en menos de 30 minutos llegó una comisión integrada por funcionarios de Poliguárico y Guardia Nacional Bolivariana. De inmediato, un capitán de la GNB se me acercó, preguntó mi nombre y me dijo que yo estaba organizando la protesta que -que iba a acabar con mi vida-, y se retiró a otro sitio de la protesta. Me fui detrás de él para explicarle que tengo en la zona casi 20 años ejerciendo el periodismo, transmitiendo lo bueno y lo malo que sucede en el municipio Julián Mellado”.
El capitán solicitó que el periodista seretirara del sitio, cosa que no hizo debido a que las personas seguían exigiendo agua. Se improvisó una especie de cronograma de distribución de agua en el que lo incluyeron.
El comandante del puesto policial de El Sombrero, como medida de presión para que las personas abandonaran el lugar, ordenó a los funcionarios pedir los documentos a quienes andaban en moto y quien no los tuviera sería detenido. Dada esa orden y ya habiéndose acordado una posible solución al problema, Arnaldo Sumoza decidió cruzar la calle para alejarse y cargar su teléfono en la casa de un conocido.
“Al poco tiempo un grupo de funcionarios de ambos componentes trataba de detener a una manifestante y salí para tratar de mediar, sin embargo, resultó peor porque el comandante de la policía ordenó mi detención y la de otro ciudadano que iba llegando al lugar. ¿Dónde está el delito para mí detención? Fuimos trasladados a la sede de la policía en donde preguntaban una y otra vez nombres y cédula. De allí nos sacaron esposados en la espalda como peligrosos delincuentes y nos trasladaron a los calabozos conocidos como «El Peaje». Ahí están detenidos sin clasificación acusados debido a diversos delitos, otros esperando juicio, en plena pandemia unas 50 personas en una habitación de ocho por cinco metros. Cuentan los detenidos que esa noche había menos detenidos que en otras oportunidades. Debo dar gracias a Dios que casi todos los detenidos me conocían por como dije anteriormente tengo casi 20 años haciendo periodismo en la zona”.
Extraoficialmente, Sumoza se enteró que le querían imputar terrorismo y que la pena sería de seis años.
“Vuelvo a preguntar ¿dónde está el delito? Informar pareciera ser un delito en estos tiempos, cubrir una protesta, tomar declaraciones a los afectados por carencia de buenos servicios públicos, unirse a una protesta pacífica por estar afectado por un problema que no distingue entre ricos o pobres, blancos o negros, de un partido o de otro. En fin, todo lo mencionado está consagrado como derechos en la Construcción de la República Bolivariana de Venezuela”.
Arnaldo estuvo dos días detenido en El Peaje de la zona. Surgió una foto que le tomaron mientras el grababa la protesta ¿con qué intención? Nadie lo sabe, pero el abuso de poder quedó como evidencia ante los hechos ocurridos.
En el período de sesiones número 186 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fue realizada una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de personas privadas de libertad en Venezuela, en la que organizaciones de derechos humanos expusieron el incumplimiento de las medidas solicitadas por la Comisión al Estado venezolano, así como las condiciones y situaciones que atentan contra la vida, salud y dignidad a las personas.
Entre las organizaciones y personas que estuvieron presente: El Instituto Casla, Defiende Venezuela, Foro Penal, Fundaredes, Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia e Irene Caguaripano (esposa del capitán Caguaripano), denunciaron frente a los miembros de la Comisión «actos de tortura, tratos crueles e inhumanos a la que los beneficiarios han sido sometidos de manera impune».
El pasado mes de junio estuvo en Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien se reunió con el jefe del Ministerio Público para buscar un mecanismo de entendimiento con el gobierno de Nicolás Maduro en una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad durante las protestas del año 2017.
Lo que indaga la CPI son denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la Policía y la Guardia Nacional Venezolana durante la represión de las protestas.
Vale destacar que la CPI es una instancia de último recurso que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo por su cuenta y responsabilidad.
Más allá de todo lo que establece nuestra Constitución venezolana acerca de la Libertad de Expresión y de las diversos testimonios y denuncias de parte de organizaciones, es pertinente hacer énfasis en artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en algunos Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas enmarcados en la CIDH.
El artículo 5, establece que «nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Mientras que el artículo 14, dice que «nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho».
El artículo 19, establece que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
Ahora bien, respecto a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad:
En los Principios y Buenas Prácticas, se toman en cuenta el valor de la dignidad humana y de los derechos y libertades fundamentales, reconocidos por el sistema interamericano y por los demás sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Sin olvidar, además, el derecho fundamental que tienen todas las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral.
Cada uno de los Principios se enfocan en diversas características, el principal detalla todo acerca del Trato Humano, textualmente dice que «toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos».
También en el Principio I, se refiere a la protección de las personas contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.
El Principio II, resalta que «toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia… Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condición social».
En ese sentido, en el tercer Principio, se puede leer que «toda persona tendrá derecho a la libertad personal y a ser protegida contra todo tipo de privación de libertad ilegal o arbitraria. La ley prohibirá, en toda circunstancia, la incomunicación coactiva de personas privadas de libertad y la privación de libertad secreta, por constituir formas de tratamiento cruel e inhumano».
Y así, el Princio V, detalla sobre el debido proceso legal, el VII sobre la petición del privado de libertad y el derecho a obtener respuestas, el décimo se enfoca en la salud «las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos…»
De esta manera, como periodistas y gremialista, mantengo cada vez con mayor fuerza el anhelo de que en Venezuela exista una Libertad de Expresión sin miedo a ser condenado, sin consecuencias; que los medios audiovisuales, impresos y digitales puedan más bien crecer y tener la posibilidad de que los jóvenes de la nueva generación de comunicadores puedan disfrutar de oportunidades de trabajo; que se pueda ejercer un periodismo para toda la población, sin censura y sin servilismo por el tema económico.
"La polarización y la inestabilidad institucional" que afectan a varios países de la región "fomentan la hostilidad y los recelos hacia los medios", advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF)
Sin periodistas que fisgoneen, sin reporteros que escudriñen, sin fotógrafos que rebusquen, la tragedia de Las Tejerías será rápidamente olvidada
Las páginas web del Gobierno no tienen información disponible y esto mantiene al Estado con una gran deuda con el país, con los ciudadanos, con la información clave para generar propuestas de políticas públicas y contraloría social
