¿Un nuevo Mariel?

El 14 de febrero, el ex director asistente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Chris Swecker advirtió sobre los riesgos que a su juicio presenta para los norteamericanos una posible alianza entre miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha, una extensa organización criminal nacida en los ochentas del siglo pasado, con tentáculos en varios países centroamericanos y toda la Costa Oeste estadounidense.

Esta situación, según Swecker, ha sido alimentada por la política de otorgamiento de libertades del Esatado a los presos por delitos comunes.

“Creo que Venezuela está vaciando sus prisiones en forma deliberada y enviando a estas personas hasta aquí, como hizo (Fidel) Castro en los ochentas”, afirmó, en una declaración para la cadena Fox News.

El ex funcionario hizo un paralelismo entre lo que se está viendo en las calles de Nueva York, Chicago y otras ciudades con la “ola de criminalidad” vivida en el Sur de la Florida a partir de la llamada crisis de Mariel.

En 1980, una serie de eventos se conjugaron en Cuba para que Fidel Castro autorizara la salida de más de 125 mil personas, a través de un puerto a 41 kilómetros al oeste de La Habana. El periodista español Román Orozco, en su obra Cuba Roja (Bogotá, 1993) recuerda que el régimen castrista impuso una condición, al menos formal: que las personas que se lanzaban al agua en cualquier cosa que flotara fuesen rescatadas por naves procedentes de Estados Unidos.

Uno de los aspectos que más fueron resaltados con la llegada masiva de los “marielitos”, efectivamente, fue el incremento de la criminalidad. Una revisión llevada a cabo por The New York Times en enero de 2017 reveló que las autoridades norteamericanas plantearon a La Habana la repatriación de 2746 cubanos, detenidos por delitos comunes.

De igual forma, tanto el NYT como otros medios aseguraron que Castro aprovechó la ocasión para “vaciar las cárceles”, para así generar problemas de gobernabilidad en su vecino del norte.

Aunque la cifra de “marielitos” apresados apenas representó el 2,2% de los individuos que huyeron del infierno cubano, fueron suficientes para inspirar relatos como el de Caracortada, un balsero que llegó a las calles de Miami y se abrió paso a tiros, hasta transformarse en el criminal más temido de la comarca. La historia de Tony Montana fue encarnada por Al Pacino en la pantalla grande.

Esta situación está siendo revivida actualmente, a propósito de los señalamientos sobre la expansión en EEUU del Tren de Aragua y otras organizaciones foráneas, en un contexto preelectoral, donde el tema migratorio está siendo explotado por los republicanos pro-Trump para criticar al actual mandatario, el demócrata Joseph Biden.

Para los norteamericanos, este ha sido un punto relevante durante los últimos años. Un estudio del reputado Centro Pew, dado a conocer el 15 de febrero, concluyó que el 80% de los encuestados se muestra crítico hacia el desempeño de la actual administración en asuntos de control migratorio. De igual forma, el 57% estableció una relación entre el incremento del paso de migrantes por la frontera sur y una mayor criminalidad.

Esta noción se refuerza a través de la filtración de supuestos informes de inteligencia, atribuidos al Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) que colocan en Maduro una intención similar a la de Castro en los ochentas del siglo pasado, es decir, “afectar la seguridad nacional estadounidense”.

La otra cara de la revolución judicial

La Patrulla de Aduanas y Fronteras de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) señaló que más de 144 mil venezolanos han cruzado la franja limítrofe por el Rio Bravo en el último año, presumiblemente luego de haber transitado por la selva del Darién panameño, o alguna de las otras rutas que han surgido para aprovechar el lucrativo negocio del tráfico de personas.

¿Cuántos de ellos podrían ser criminales? Es difícil de precisar. Sin embargo, se debe tomar en consideración que muchos de ellos podrían ser beneficiarios de un programa aplicado por el Estado para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios. El oficialismo lo bautizó “revolución judicial”.

Según el diputado de la comisión de Política Interior del Parlamento dominado por el oficialismo, Juan García, gracias a esta iniciativa han ganado las calles 54 mil personas, contadas a partir de 2021.

¿Era necesario que Maduro o cualquier funcionario de su régimen los movilizara a territorio estadounidense con el propósito específico de generar desórdenes? Hasta ahora, no existe una evidencia documentada al respecto. De hecho, uno de los casos que ha generado mayor conmoción -y suscitó la declaración de Swecker- tiene como protagonista a un adolescente venezolano de 15 años de edad. Y como se sabe, la población de las cárceles “tocadas” por la revolución judicial está conformada exclusivamente por individuos con más de 18 años.

En todo caso, tampoco era necesario que estos venezolanos contasen con un empujón de Miraflores que los colocara en el umbral del territorio norteamericano. La emergencia humanitaria compleja tiene este efecto, en especial en la población juvenil. Para los que están en ese grupo de edad, cualquier cosa resulta mejor que la realidad venezolana, que no les ofrece futuro. De igual forma, el libro de Orozco recoge entrevistas con cubanos que salieron por Mariel hace más de medio siglo para cruzar remando el Estrecho de Florida, y de los que optaron por quedarse y padecer su versión de la emergencia humanitaria, llamada entonces “período especial”. Las similitudes saltan a la vista.

De otra parte, es claro que para el gobierno de Maduro hay un interés por obtener beneficios políticos manipulando el tema migratorio. Esto quedó en evidencia cuando la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció que cesarían los vuelos de repatriación desde EEUU, cuando Washington inició la reimposición de sanciones.

En esos vuelos también enviaban de vuelta a los delincuentes capturados en las calles norteamericanas.

Breves

-Sin derecho a fianza. Así quedó recluido el malayo Leonard Glenn Francis en una cárcel californiana, luego de que fuese expulsado de Venezuela en diciembre, como parte del último intercambio de presos entre los gobiernos de Joseph Biden y Nicolás Maduro. Alias Fat Leonard fue una de las fichas de cambio entregadas por el régimen venezolano para lograr la libertad del empresario colombiano Alex Nain Saab, que era procesado en EEUU por conspiración para lavar dinero obtenido mediante contrataciones con Petróleos de Venezuela. Francis, de 59 años de edad, fue trasladado junto a diez estadounidenses, y recluido en el correccional metropolitano de San Diego, por orden de la juez Janis L. Sammartino, hasta que finalice el proceso judicial por una multimillonaria estafa a través de contrataciones con la Armada estadounidense. En el mismo caso también fue acusado el efectivo de esa fuerza militar Michael Vannak Khem Misiewicz, e incluso han sido señaladas corruptelas de un funcionario del Servicio de Investigación Naval, conocido como NCIS, lanzado a la fama a través de una serie de televisión. Fat Leonard fue apresado en Maiquetía en septiembre de 2022, cuando intentaba trasladarse a Margarita para luego tomar un vuelo a Moscú.

–En 2023 fueron reportados doce homicidios en los distintos centros de detención del país. Aunque esta cifra resulta ínfima en comparación con las que se veían en los primeros quince años de este siglo, llama la atención que la instalación con el saldo fatal más elevado haya sido Tocuyito (Carabobo). Allí, tres hombres perdieron la vida durante una reyerta el 29 de octubre, es decir, cuatro días después de la intervención ejecutada por el ministerio de Relaciones Interiores, en el desarrollo de la operación Gran Cacique Guaicaipuro. Se suponía que, para ese momento, la cárcel estaba plenamente controlada. Pero no era así. Como se recordará, los presos de Tocuyito estaban bajo el yugo de Néstor Richardi, quien abandonó ese penal poco antes de la llegada de los uniformados, no sin antes colgar un video de despedida en sus redes sociales. Por otra parte, las cifras conocidas extraoficialmente también revelan que las necesidades de atención sanitaria son profundas en los centros de detención, puesto que en ellos se produjeron 71 muertes como consecuencia de enfermedades de todo tipo, en especial respiratorias.