Un reporte de la Superintendencia Nacional Antidrogas refleja el incremento en el paso de sustancias ilícitas por el país, y el resurgir de las rutas marítimas para el traslado de los alijos
Recientemente, la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) presentó un informe sobre el estado de las acciones para controlar la producción, el tráfico y el consumo de drogas en el país.
Anteriormente, este informe era entregado en forma periódica, sin falta. Pero en el gobierno de Nicolás Maduro la divulgación de estos documentos no ha sido constante. Incluso, en 2022 y parte de 2023 los archivos fueron sacados de la web.
En este caso, el despacho encabezado por el mayor general (GN) Richard Vargas entregó una relación de actividades que intenta alejarse de la verborragia oficialista, centrándose más en los aspectos concretos de una actividad compleja y de múltiples facetas.
Uno de los defectos del reporte es que se sustenta sobre data correspondiente a 2022.
Aún así, llama la atención que el Ejecutivo abandone la retórica de “Venezuela, territorio libre de sembradíos”, para asumir una posición más sustentada, a la luz de los datos que les entregaron los cuerpos militares.
Ahora, se acude al criterio de la Organización de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (Undoc, por sus siglas en inglés) para reiterar que el país -todavía- no puede ser incluido entre los productores de drogas.
“Para que un país sea catalogado como productor, se requiere que existan cultivos en sus territorios con un área de al menos mil (1.000) hectáreas de plantas de coca o al menos cinco mil (5.000) hectáreas de plantas de cannabis. En Venezuela, durante el año 2022, se registraron aproximadamente cuarenta hectáreas de cultivos”, se afirma en el documento.
Las áreas sembradas de coca se ubican en la frontera zuliana con Colombia. Fueron detectadas durante tres operaciones militares, conocidas como Sierra. Esto confirma que Venezuela, realmente, carece de un sistema de monitoreo a los cultivos ilícitos. Las dudas acerca de las cifras suministradas por la Sunad están plenamente justificadas.
Por otra parte, se precisa que en el mismo período fueron destruidos 58 laboratorios para la elaboración de cocaína, es decir, el producto final del ciclo. Anteriormente, algunos de estos enclaves eran destinados a la fabricación de pasta base.
Los laboratorios intervenidos en 2022 se ubicaban en su totalidad en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia.
En el caso de la marihuana, el informe revela que fueron encontrados cultivos de poca extensión en Portuguesa, Monagas y Sucre. Además, se hicieron incautaciones de semillas en Cojedes, Zulia y Portuguesa, que tenían como destino final el Distrito Capital y Carabobo. En esos estados, sin embargo, no se reportó el hallazgo de sembradíos de cannabis.
Desde las primeras páginas, el Gobierno reconoce que, con la superación de la pandemia por el Covid-19 y la reapertura de las fronteras, el flujo de drogas ilícitas se ha incrementado. Además, las presiones sobre la cadena de distribución se acrecientan como consecuencia del aumento sostenido en la producción de cocaína, en especial en territorio colombiano. Este dato ha sido confirmado por reportes de distintos organismos internacionales.
Según la Sunad, la mayor actividad se ha visto en las rutas por las costas del país.
“El tráfico ilícito por vía marítima se ha incrementado a través de la conformación de un corredor acuático desde el estado Sucre hasta la península de la Goajira Colombiana, desde donde intentan trasladar hasta las Antillas Menores, en especial Martinica y Guadalupe, bultos de drogas”, explica el documento.
Los transportistas atraviesan el estrecho de 27 kilómetros que separa el Cabo San Román de Aruba, abastecen combustibles y alimentos y llegan a Sucre y Nueva Esparta. Desde allí, van a Trinidad y Tobago.
Las tripulaciones son captadas en Güiria (Sucre) y Boca de Río (Nueva Esparta). Utilizan embarcaciones tipo go fast.
“Son marinos que conocen la difícil ruta marítima y les ofrecen cantidades de dinero por viaje, que oscilan entre los 2.000 y 4.000 dólares americanos”, precisa el informe.
Según la Sunad, las autoridades de Aruba, Curazao, Bonaire y Martinica habían detenido a 60 venezolanos en total, presuntamente involucrados en el transporte de estupefacientes. Un dato que hasta el momento no era del conocimiento público.
El territorio venezolano sigue siendo un área apetecida por los transportistas de drogas por vía aérea.
El informe de la Sunad refiere la destrucción de 57 “pistas clandestinas” en 2022, ubicadas en Zulia, Apure, Falcón y Guárico.
“Sin embargo, se conoce que algunas pistas clandestinas ubicadas al Sur del Lago de Maracaibo, han sido reconstruidas por los traficantes, al igual de la existencia de pistas naturales en la costa del Falcón y al sur de Apure”, indica el documento.
Además, en un mapa de “georreferenciación” de las referidas pistas aparecen dos en Amazonas que no fueron incluidas en la relación escrita. Esta es un área dominada por elementos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde también hacen presencia algunos reductos de las llamadas disidencias de las FARC.
En general, es preocupante el posicionamiento de las organizaciones dedicadas a la producción y el tráfico de drogas en Zulia.
En una actualización remitida al ministerio de Relaciones Interiores se indica que el 62% de los alijos incautados en 2023 corresponden a procedimientos llevados a cabo en ese estado.Esto, tarde o temprano, tiene consecuencias en el entorno político. No se olvide que durante los procedimientos relacionados con la organización Thompson-Camacaro (febrero de 2023) fueron privados de libertad dos diputados oficialistas, así como la alcaldesa del municipio Semprún.
*A propósito de la desaparición y el posterior asesinato del primer teniente (Ejército) Ronald Leandro Ojeda, el 21 de febrero en Santiago de Chile, se hicieron menciones a un acuerdo firmado entre las autoridades del país austral y Venezuela, para sugerir que el crimen pudo haber contado con la complicidad de autoridades de aquel país. En realidad, este convenio fue suscrito en Caracas el 18 de enero, con la finalidad de agilizar el intercambio de informaciones, estrictamente, en el plano técnico policial. Aunque no se dice en forma explícita, la iniciativa fue impulsada por la expansión internacional del Tren de Aragua, y ciertas dificultades con las que han tropezado los chilenos al momento de obtener datos en forma oportuna, a través del canal establecido por Interpol.
En concreto, el objeto del convenio es “facilitar información (…) necesaria para la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones de la criminalidad organizada (…) así como promover el intercambio de conocimiento especializado, resultados de análisis estratégicos y participación en actividades de capacitación”.
Los órganos actuantes en este pacto son la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la judicial venezolana (Cicpc). Mediante un canal directo, ambos órganos podrán remitirse “alertas tempranas” relacionadas con estructuras de delito organizado, intercambiar antecedentes, listados de prófugos, “información biométrica y decadactilar” y las resultas de procesos judiciales.
El convenio no prevé el traslado de grupos tácticos para la ejecución de capturas, ni la agilización de procesos de extradición.
*Un informe elaborado conjuntamente por el cuerpo de Bomberos y Protección Civil revela que en 2023 se incendiaron 2007 vehículos en todo el país. El 42% de los casos fue reportado en Distrito Capital, Miranda y Carabobo, 7% en Zulia y Lara y Anzoátegui con 5%, respectivamente. Hubo casos en todos los estados.
Esto equivale al 29% de todos los vehículos nuevos que entraron al parque automotor venezolano durante el año recién finalizado, según los estimado de la Cámara Automotriz de Venezuela. En años anteriores, el Gobierno no había puesto atención en el asunto, hasta que llegaron a sus oídos las denuncias que asocian estos incendios con la mala calidad de la gasolina. El informe de Bomberos/PC no especifica la causa de los siniestros, pero el hecho de que tantos vehículos ardan en un solo año resulta cuando menos llamativo.
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