Mientras que el foco informativo relacionado con América Latina y el Caribe presta mucha atención a la interacción de la región con Washington, así como a escándalos políticos nacionales, se encuentra en estado de fermentación lo que podría llevarnos a un escenario límite: un país gobernado por bandas criminales. Hablamos de Haití
La falta de interés en Haití es significativa en medios latinoamericanos y caribeños, con excepción de República Dominicana, y esto es obvio. Ambos países comparten la Isla La Española e históricamente el flujo migratorio haitiano, en distintas oleadas tras desastres naturales o capítulos de una crisis humanitaria endémica, busca mejores oportunidades en territorio dominicano.
Una muestra de esa falta de foco sobre la deriva que tiene la crisis haitiana, está en el prácticamente nulo impacto que tuvieron un par de advertencias recientes, pese a la envergadura de lo que señalaron.
El 13 de abril pasado, una cumbre de líderes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) expresó gran preocupación por la crisis institucional en Haití, alertando sobre la amenaza de bandas criminales que buscan tomar el control y alterar la gobernanza del país. Los 15 países miembros de CARICOM rechazaron esta situación como «inaceptable» y pidieron una mayor intervención de organismos internacionales.
CARICOM respaldó los acuerdos transitorios del año pasado, impulsados por la Administración Biden, que incluían una hoja de ruta para elecciones libres y justas en febrero de 2026, con el objetivo de restaurar el orden constitucional. Sin embargo, un año después, la crisis haitiana, marcada por una combinación de problemas humanitarios, desastres naturales, ausencia de instituciones públicas y el creciente poder de las bandas criminales, ha empeorado.
A pesar de la creación de un consejo de transición y la llegada de fuerzas extranjeras, principalmente de Kenia, autorizadas por la ONU, la violencia ha escalado, desplazando al 10% de la población. CARICOM advirtió que Haití podría caer bajo el control de las bandas, mientras que Estados Unidos, tras el cambio de gobierno en enero de 2025, parece haber relegado la crisis haitiana en sus prioridades.
Recientes episodios de violencia, como los asesinatos en Kenscoff y Canapé-Vert, reflejan la gravedad de la situación. En Canapé-Vert, uno de los pocos barrios de Puerto Príncipe no dominados por las bandas, se han reportado actos de extrema violencia, incluyendo la exhibición de cuerpos decapitados de policías y vecinos que hacían frente a las bandas criminales.
Según estimaciones de agencias de la ONU, las bandas controlan el 80% de la capital, y su influencia y poder ha venido creciendo desde hace un año.
Por otra parte, María Isabel Salvador, representante de la ONU en Haití, advirtió el 25 el abril ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que el país caribeño se acerca a un «punto de no retorno».
El mes pasado, el jefe pandillero Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue» anunció que los grupos criminales pretenden tomar el poder. «Barbecue», quien se manifestó admirador de Fidel Castro y del guerrillero Che Guevara, tomó hace un año dos prisiones en la capital y soltó a los presos, con lo cual ganó visibilidad internacional y ganó hombres para su organización delictiva.
De acuerdo con la representante especial de la ONU, los embates de las pandillas revelan un nivel creciente de coordinación e impactan áreas que antes se consideraban seguras, como Delmas, Pétion-Ville y el centro de Puerto Príncipe. Adicionalmente, la violencia se ha extendido hacia otros departamentos del país caribeño que comparte frontera con República Dominicana.
La crisis humanitaria se agrava con la política migratoria de República Dominicana, que ha deportado a unos 200.000 haitianos en el último semestre, mientras que en el último año un 10% de la población haitiana, estimada en 11,6 millones de personas, se ha desplazado de sus comunidades huyendo de la violencia.
Hace un año, Estados Unidos y CARICOM trabajaron intensamente en la crisis de Haití, logrando establecer un consejo de transición con representación diversa, lo que parecía ofrecer una solución a la compleja situación del país. Sin embargo, al conmemorar el primer año de esta iniciativa, los resultados son desfavorables y las expectativas son sombrías.
Esta última afirmación no es exagerada. Al hacer un balance del primer aniversario, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), una de las escasas ONG que sigue operando desde el territorio haitiano, criticó duramente al consejo de transición, calificándolo de «mafia» y señalando que representa un «Estado en ruinas» sin liderazgo ni visión.
La RNDDH, en un informe que difundió este 25 de abril, en coincidencia con el primer año del consejo de transición, reportó que el control efectivo del territorio lo tienen las bandas criminales, las cuales controlan la circulación en el país, imponiendo peajes, mientras que los sistemas de salud y educación, ya debilitados, han colapsado aún más por el cierre y saqueo de infraestructuras durante los últimos doce meses.
En Haití parece incubarse un nuevo modelo. Es tiempo de prestar atención.
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