Los procesos de redemocratización, en países largamente gobernados por dictaduras, no suelen ser un camino lineal, ni una ruta garantizada al éxito. El caso de Libia evidencia la necesidad de un compromiso a fondo de la comunidad internacional democrática no sólo en lograr el cambio de régimen, sino la imperiosa actuación externa para el día después
El 20 de octubre de 2011, Muammar Gaddafi fue capturado en un túnel de drenaje en Sirte y ejecutado por milicianos. Su cadáver fue exhibido para simbolizar el fin de 42 años de dictadura personalista. A 14 años de aquellos sucesos, salta a la vista que el fin de una dictadura y el respaldo internacional para la reconstrucción no trajo consigo, de forma automática, la democracia y las libertades al pueblo largamente oprimido. Libia ha pasado a ser un caso de estudio.
En 2011, una vez derrocado y asesinado Gaddafi, en medio de la euforia que se manifestó en las calles y pueblos de Libia, la OTAN declaraba “misión cumplida” y la ONU prometía “una nueva Libia democrática”. Catorce años después, el país es un mosaico de feudos armados, economías paralelas y un Estado nacional que solo existe en los organigramas de la burocracia internacional y en los mapamundis.
La caída de Gaddafi dejó a centenares de milicias con unos 250.000 milicianos armados, según un censo de la ONU de 2012.
El Consejo Nacional de Transición (CNT), formado por exiliados y rebeldes que estuvieron dentro del país, carecía de poder de mando sobre el terreno. Un factor distintivo es que la dictadura había logrado unificar a etnias y tribus y tras la desaparición del dictador, florecieron las diversidades y junto a ellas antiguas rivalidades entre facciones.
Human Rights Watch (HRW) documentó en su informe Death of a Dictator (2012) las primeras ejecuciones sumarias, que sumaron centenares. El control territorial rápidamente se extendió entre esos milicianos armados: Trípoli, la capital, las brigadas de Zintan controlaban el aeropuerto; en Misrata, los thuwar dominaban el puerto; en Bengasi, los islamistas de Ansar al Sharia patrullaban barrios enteros.
Entretanto, los tawergha, población negra acusada de lealtad a Gaddafi, fueron expulsados en masa de su ciudad, unas 40.000 personas desplazadas, según la ONU. No hubo ninguna investigación ni sanción en aquel período donde la euforia se mezcló con venganza y revanchismo.
En mayo de 2014, el general Khalifa Haftar lanzó la “Operación Dignidad” desde Bengasi contra islamistas y el Congreso General Nacional (CGN). El Parlamento, elegido en julio, huyó a Tobruk. Libia quedó partida: oeste bajo el CGN y milicias de Misrata; este bajo Haftar y la Cámara de Representantes.
La intervención extranjera se consolidó y aupó la fragmentación territorial: Turquía envió drones Bayraktar al oeste; Emiratos Árabes Unidos y Egipto suministraron cazas Mirage al este; Rusia desplegó mercenarios Wagner en 2018 para proteger campos petroleros de Haftar. Y a todo esto, de por sí desolador, se sumó que el radical Estado Islámico capturó Sirte en junio de 2015.
En diciembre de 2016, tras 2.000 bombardeos estadounidenses, fue expulsado. Pero la ciudad quedó en ruinas, de acuerdo con reportes de la prensa internacional.
Hace cinco años, en octubre de 2020, las partes firmaron en Ginebra un cese de hostilidades. La producción petrolera remontó entonces a 1,2 millones de barriles y pasó a ser el pastel a repartir. Según los reportes de prensa extranjera, los ingresos petroleros se destinan al pago de milicias y se distribuyen entre los factores de poder, aceitando un frágil equilibrio.
El acuerdo de Ginebra no fue seguido de acciones de la comunidad internacional para desarmar milicias o restituir las instituciones nacionales. El país árabe siguió dividido territorialmente, con grupos armados que han sido el poder de facto por más que existan figuras simbólicas que han terminado por ser decorativas.
Un asunto sin resolver es que el general Khalifa Haftar, comandante del Ejército Nacional Libio (ENL o LNA por sus siglas en inglés), se ha negado a ceder o negociar el control territorial que sigue ejerciendo en el este del país, inicialmente respaldado por Rusia y con amplio poder dado que en las tierras bajo su dominio se explota ampliamente el petróleo.
Hace dos años, la tormenta Daniel rompió dos presas en Derna. Murieron 4.300 personas según cifras de entidades internacionales, mientras que se reportaron miles de desaparecidos. Estas represas, construidas en 1982, no habían recibido mantenimiento desde 2003.
HRW denunció que las autoridades de Bengasi y Trípoli usaron la tragedia para desviar fondos de reconstrucción y apenas el 12% de los 2.000 millones de dólares prometidos por la comunidad internacional llegó a los damnificados.
Libia tiene actualmente tres gobiernos. El Gobierno de Unidad Nacional, que está en Trípoli, es avalado por la ONU y tiene un claro respaldo incluso bélico de Turquía. El Gobierno de Estabilidad Nacional en Sirte (designado por la Cámara de Representantes) y la Administración de Haftar en Bengasi, que es el control militar real.
El think tank Internacional Crisis Group advirtió en su informe Libya’s Coming Crossroads (de julio de este año), que “el país está a un incidente de recaer en guerra total”, como la que asoló a los libios en la década pasada.
Crisis Group estima un 70% de probabilidad de nuevos combates antes de fin de año. Entre tanto, la migración, el tráfico de armas y el riesgo de reemergencia yihadista mantienen a Libia como amenaza regional.
Catorce años después de la caída de Gaddafi, Libia no sólo es un Estado fallido, es también la promesa incumplida de la comunidad internacional de que ayudaría a que esa nación árabe del norte de África viviese en democracia.
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