Representantes de las más de 100 ONG que integran el Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja en el estado Carabobo solicitan la derogación de la Providencia Administrativa 001-2021 por inconstitucional y por propiciar violaciones a los derechos humanos
Más de 100 organizaciones no gubernamentales del estado Carabobo consideran que la Providencia Administrativa, identificada como 001-2021, debe ser derogada porque atenta contra las libertades y es inconstitucional. Durante una rueda de prensa en la sede de la Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama) en Valencia, voceros de algunas de estas ONG se pronunciaron para alertar sobre las dificultades que traería la disposición.
“Las organizaciones no gubernamentales que integramos el Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja en el estado Carabobo expresamos nuestro claro y absoluto rechazo y solicitamos la derogación de la Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial número 42.098 del 30 de marzo de 2021, por constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”, expresaron en un documento.
Sostienen que el gobierno pretende con esa normativa -que calificaron como de rango sub legal- profundizar la persecución y el hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil, desconociendo la existencia de normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de éstas, conforme a su naturaleza sin fines de lucro y su carácter de asociaciones libres, autónomas e independientes.
El presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid), Eduardo Franco, dijo que el quebrantamiento de los derechos a través de esta norma profundizará la persecución contra las organizaciones de la sociedad civil.
“Impone la aplicación de sanciones abiertas por presunción de delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, entre ellas, multas, prisión y revocatoria de actividades de las organizaciones”, advirtió Franco.
Leyla Ortiz, directora de Médicos Unidos de Venezuela capítulo Carabobo, dijo que la providencia obliga a las organizaciones a registrarse para la vigilancia y supervisión de sus fines en actas constitutivas y de asambleas, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen.
“Todo ello bajo la presunción de incurrir en delitos de terrorismo”, añadió Ortiz.
Destacó que al establecer la posibilidad de ilegalización e inclusive cárcel por incumplimiento, pone en riesgo la acción de miles de ONG que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población “en un momento en el cual millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
Luisa Rodríguez, Táriba, presidenta de Funcamama, indicó que la providencia se inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos en contra de las organizaciones de la sociedad civil, intensificados durante el último año: “Sin duda representa el evento de mayor gravedad que se haya visto hasta ahora”.
Adelba Taffin, directora de Padres Organizados de Venezuela, expresó que la providencia pone en grave amenaza a las personas que se encuentran bajo el deber de amparo provisto por las organizaciones de la sociedad civil que sería vulnerado con la aplicación de esta medida.
Esto es porque obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad.
“Las organizaciones estamos comprometidas a resguardar tales derechos en cualquier circunstancia, incluyendo evitar riesgos de delación, estigmatización y abusos de discriminación o privación de acceso a bienes y servicios esenciales como ha venido ocurriendo durante los últimos años”, dijo Taffin.
Explicó que la providencia viola el derecho humano a la libertad de asociación al imponer que las ONG estén sujetas al permiso y control del Estado, faltando a sus obligaciones de garantizar el respeto y protección a las personas en su libertad para asociarse y constituir organizaciones con autonomía.
“Igualmente viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad al someter a todas las organizaciones de la sociedad civil a un estado general de sospecha bajo el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo, que deberían estar restringidas al sistema financiero. Es decir, se desnaturaliza el principio de presunción de inocencia. Al obligarnos a inscribirnos en ese registro, suponen que nos dedicamos al financiamiento del terrorismo y al lavado de capitales”, sostuvo.
Taffin recalcó que es inaceptable que las organizaciones estén sometidas a la violación expresa del principio o presunción de inocencia, que es una garantía constitucional que también está establecida en los tratados internacionales que son ley en la República.
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