Política

Hasta 20 años de cárcel e incautación de bienes: Maduro oficializa "Ley de activos en el Extranjero"

Aunque el chavismo reitera que será una manera de recuperar bienes, especialistas han explicado que la ley es más una vía para aumentar la persecución contra diputados opositores dentro y fuera de Venezuela

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Nicolás Maduro hizo oficial la «Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero» este lunes 22 de mayo en su programa de televisión Con Maduro +.

«Tenemos un nuevo instrumento jurídico y constitucional para proteger todo el patrimonio que le pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas ¡Cúmplase!», dijo tras firmar el documento de la ley que diputados chavistas celebraron la semana pasada.

¿De qué va esta ley?

El pasado 16 de mayo la Asamblea Nacional de mayoría oficialista afirmaba que esta ley había sido aprobada para recuperar los bienes de Venezuela. En marzo fue aprobada en primera discusión y ya estaba claro su alcance.

Entonces, Diosdado Cabello, diputado y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresó que era una manera de hacer efectivas las sanciones «para aquellos que han usurpado cargos, desde aquellos que se creyeron presidentes hasta otros, pero, además, para aquel grupo de personas que hayan intervenido con el robo de nuestra nación».

Sin embargo, este lunes Maduro fue más específico y señaló que la ley, en su artículo 12, expone que castigará a las personas que participen de cualquier forma en negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o disposición de cualquier activo del país en el extranjero o territorio nacional.

¿Cuál es el castigo? Una pena de prisión de 15 a 20 años y el allanamiento e incautación de sus bienes.

¿Puede tener alcance esta ley?

Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia afirma que esta sería una manera de afianzar la persecución política de dirigentes opositores mediante el artículo 12 y 13 de la ley. Sin embargo, Daniels indicó que al ser legislación nacional, no podría tener alcance internacional, que es la premisa de su aprobación.

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