Sin el "monte y culebra" no hay paraíso para la oposición

A pesar de lograr apenas 42,26% del voto general en las elecciones regionales de noviembre del 2021, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados chavistas pintaron el mapa de rojo: “la oposición, que fue dividida en diversos frentes en casi todas las regiones, terminó perdiendo más de una decena de gobernaciones y más de un centenar de municipios” por la dispersión del voto, explica el politólogo y profesor del IESA Michael Penfold.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró un poco más de 25% del voto. Le siguió la Alianza Democrática, congregando partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (los llamados “alacranes”) y partidos minoritarios de oposición, con 14,41% del voto. Y Fuerza Vecinal se llevó 5,26%.

Juntas, las fuerzas nominalmente opositoras hubiesen podido superar a la coalición chavista.

Pero los resultados no revelaban meramente el saboteo intencional de fuerzas cooptadas por las instituciones al servicio del chavismo, como las versiones de Acción Democrática (AD) y Copei creadas por el TSJ, sino una revuelta desde las regiones contra las candidaturas impuestas –sin primarias y sin consulta– por los liderazgos nacionales de los grandes partidos opositores en Caracas y Maracaibo, además de las disputas de las distintas variantes opositoras en torno a la abstención electoral.

En Bolívar, por ejemplo, un excongresista adeco apoyado por la MUD y Fuerza Vecinal se enfrentó a un exdiputado de la MUD apoyado por partidos ajenos a la coalición y a otros dos candidatos nominalmente opositores. ¿El resultado? Una victoria del PSUV. En Táchira, la disputa interna de AD llevó a que la MUD apoyase una candidatura contraria a la gobernadora adeca saliente, mientras que en Lara la MUD apoyó a un candidato opuesto a Henri Falcón. Ambos estados también terminaron con gobernadores chavistas.

“Esas elecciones mostraron claramente que el chavismo con una votación minoritaria podía arrasar en las elecciones municipales y regionales, siempre y cuando dividiera a la oposición no en dos sino en tres grandes toletes y se instigara tanta conjura que la coordinación electoral entre sus distintas facciones o versiones se hiciera imposible”, explica Penfold: “Claramente, esta es la receta que va a aplicar el chavismo en el 2024”.

Y ya lo vemos: Antonio Ecarri, el Conde del Guácharo y al menos tres candidatos de la Alianza Democrática anunciaron candidaturas presidenciales paralelas a aquella que se elija en las primarias opositoras de octubre. Y las regiones serán cruciales.

Para que la Plataforma Unitaria –la sucesora de la MUD– pueda enfrentarse a un abanico de candidaturas paralelas, deberá buscar el aprendizaje en la segunda vuelta de las elecciones de Barinas en enero del 2022: el candidato opositor “Sergio Garrido ganó porque efectivamente la oposición dentro de la Plataforma Unitaria se unió para apoyarlo, pero también porque [parte de] la Alianza Democrática decidió apoyar y transferir sus votos a Garrido lo que terminó siendo determinante para ampliar la victoria”, dice Penfold. En la primera ronda, Freddy Superlano ganó con 37,60% del voto sobre el 37,21% del candidato chavista. En la repetición, Garrido ganó con 55,34% sobre 41,30% del candidato chavista.

Lograr tal coordinación con fuerzas regionales, muchas ajenas a la Plataforma Unitaria, será crucial en 2024. El candidato unitario de la oposición, como bien recalca constantemente Andrés Caleca, deberá entonces atraer a un grupo de votantes más allá de sus votantes duros; un grupo “heterogéneo” y ajeno “a la mirada caraqueña” dice Penfold: “Lo cierto es que esas facciones, aún si las rechazas, no son marginales electoralmente y por eso el chavismo las promueve consistentemente”.

¿Hay con qué enfrentar unas megaelecciones?

Para lograr una victoria en las elecciones del 2024, el gobierno de Nicolás Maduro buscará emular los resultados de 2021. Mientras que el chavismo depende de un solo bloque unificado, explica Penfold, “la mayoría opositora depende de coaliciones entre distintos grupos y partidos, es decir, necesitan articular políticamente el cambio”. Por ello, además de instigar divisiones, dice, el chavismo está buscando inhibir la participación electoral y utilizar “las inhabilitaciones de candidatos que puedan fácilmente descollar”. División y abstención.

La importancia de coordinar las fuerzas regionales y movilizar a los votantes de las regiones puede elevarse si el gobierno Maduro, como se ha rumorado recientemente, decide proceder con megaelecciones: es decir, un combo de presidenciales, legislativas y regionales.

Adelantar las elecciones de alcaldes y gobernadores, vislumbra Penfold, “podría exacerbar las divisiones dentro de la oposición, pues distintos candidatos a gobernadores y alcaldes pueden apoyar distintas candidaturas presidenciales”. Además, dice, el chavismo podría alinear a todos los candidatos del PSUV que buscan reelección y maximizar sus votos para la elección presidencial. De nuevo, el ajedrez en las regiones.

De adelantarse las elecciones, explica, la oposición tendría que coordinarse de manera casi perfecta tanto a nivel nacional como regional y local. “El antídoto [a una fragmentación masiva] es Barinas”, dice Penfold: “Es decir, estructurar una coalición heterogénea muy amplia tanto a nivel nacional como regional y local. La oposición debe tener una mirada más allá de las primarias, algo que no parece estar pasando”.

Según la politóloga María Verónica Torres Gianvittorio, quien se ha enfocado en el municipalismo por medio de talleres de formación a consejos municipales, unas megaelecciones generarán “un desangramiento terrible de los partidos políticos” opositores porque no han reforzado sus estructuras regionales, no han promovido la democracia interna en sus organizaciones y “lo más probable es que sigan con las formas no democráticas de imponer candidatos desde Caracas”.

Esto, dice, podría generar una estampida de la militancia.

Los “desangramientos” y reflujos regionales ya vienen sucediendo, acelerados por las primarias opositoras. En 2022, Voluntad Popular enfrentó varias tandas de deserciones. En Carabobo, por ejemplo, muchos militantes se mudaron a Vente, que podría ser ahora el partido más grande del estado después del PSUV. Hace unos meses Primero Justicia también enfrentó renuncias masivas en Nueva Esparta. La campaña de Machado, incluso, ha recibido ramas del AD intervenido en Guárico y Mérida, un alcalde del partido de Javier Bertucci, ramas de Proyecto Venezuela en Carabobo, figuras de VP y PJ y hasta un candidato a gobernador de la Alianza Democrática en el Zulia.

A pesar del despliegue de las Juntas Regionales de la Comisión Nacional de Primaria, Torres afirma que las regiones han tenido un rol pequeño en la primaria por el debilitamiento de las estructuras partidistas a nivel municipal y regional. “Las grandes movilizaciones han sido por el candidato”, dice. María Corina Machado, por ejemplo, mueve multitudes en Valera y Guanare, pero su partido Vente aún no tiene una estructura particularmente robusta.

“La oposición debe reconstruir sus aparatos regionales”, advierte Torres: “Reconstruir sus casas de partido y sus equipos tanto de militancia como de activismo porque los han abandonado. La oposición se ha dedicado a lo nacional, tanto con el Gobierno de Juan Guaidó como con la Asamblea Nacional”.

Receta contra la descentralización

Aunque se liberen de las imposiciones partidistas, las regiones han perdido poder institucional formal en los últimos años. “La descentralización en Venezuela [iniciada a finales de los 80] fue revertida durante las últimas dos décadas tanto en sus aspectos fiscales como administrativos”, explica Penfold, quien escribió el libro “Dos tradiciones: un conflicto” sobre la descentralización en Venezuela.

Primero, Hugo Chávez dejó de reunirse con el Consejo Federal y anuló a la Asociación de Gobernadores de Venezuela creando una asociación paralela de gobernadores chavistas. Además, su gobierno empezó a aprobar discrecionalmente presupuestos de inversión sólo a gobernadores chavistas y castigando a las gobernaciones en manos de la oposición.

A eso se sumó la creación de estructuras paralelas para controlar la gestión de alcaldes y gobernador electos directamente: desde “protectorados” civiles y militares, pasando por la remoción de potestades sobre puertos y empresas públicas regionales, hasta consejos comunales y zonas especiales. Además, durante el boom petrolero de los años de Chávez, “el presupuesto se fijó sistemáticamente por debajo de los ingresos reales por exportación petrolera para minimizar el situado constitucional y alimentar fondos paralelos, particularmente aquellos que fueron administrados por PDVSA”, explica Penfold.

Con Maduro y la subsecuente crisis económica, el situado prácticamente ha desaparecido y se han desmantelado las reglas fiscales. “Los gobiernos regionales y locales en los que han sido electo figuras opositoras hoy son fundamentalmente espacios territoriales con un origen democrático de articulación y representación política con poco impacto en la gestión”, dice Penfold. Son cascarones. Además, existen grupos irregulares y militares que se han convertido en autoridades no constitucionales en muchas regiones, completa Torres.

El poco impacto político de las gestiones se vio en la falta de crítica abierta de autoridades locales y regionales tras la aprobación de la Ley de Coordinación y Armonización Tributaria en julio. Carlos Ocariz, quien fue alcalde opositor del municipio Sucre en Caracas entre 2008 y 2017, criticó el “silencio escandaloso” de los alcaldes en el país ante lo que describió como “una arremetida para arrebatar los recursos a los municipios”.

Aunque los gobiernos regionales y locales son muchas veces espacios de coordinación para enfrentarse a los gobiernos centrales, en Venezuela no tienden a hacer oposición activa para poder preservar sus victorias electorales y no ser aplastados con instrumentos políticos o económicos.

Por ejemplo, Manuel Rosales, gobernador del Zulia, desde su elección ha mantenido silencio sobre las investigaciones de la Corte Penal y las Naciones Unidas, pero ha criticado activamente las sanciones. Según una investigación del portal Armando Info, incluso el bastión opositor de la Alcaldía de Baruta en Caracas podría estar ahora cooptado por las redes de los poderosos hermanos Rodríguez.

Además, la ausencia de asignaciones especiales y situado constitucional ha generado una voracidad fiscal de parte de estados y municipios que la nueva ley de armonización tributaria busca corregir, explica el abogado especialista en derecho financiero Daniel Betancourt Ramírez. Esta ley, dice, actualiza las obligaciones tributarias a través del tipo de cambio de la moneda de mayor valor (una dolarización inédita en el sistema tributario venezolano), crea un órgano consultativo, da potestades nuevas al Ministerio de Economía en cuanto a la tributación local y estadal y tipifica, limita y homogeniza las tasas tributarias de estados y municipios. Pero, apunta: “se obvia los tributos asignados al Poder Nacional, los cuales representan la mayor carga tributaria de los contribuyentes”.

Con esta aproximación, explica Betancourt, la ley establece qué tributos pueden cobrar los estados y municipios y fija los máximos de las alícuotas que pueden ser establecidos en ordenanzas y leyes estadales. “Si bien todo intento de armonización se caracteriza por la uniformidad, esto se refiere a la estructura técnica de los tributos y no a las alícuotas: es decir, que el tributo sea el mismo, pero no su resultado”, explica: “La decisión de estandarizar u homogeneizar las alícuotas es desacertada por cuanto desconoce las realidades económicas, sociales y culturales de los 335 municipios y de los 23 estados.”

Ahora, por ejemplo, se pagará el mismo impuesto de inmuebles urbanos por un apartamento en el Municipio Chacao –el más rico del país– y por uno en San Carlos de Barinas. “Además, históricamente, ciertos municipios habían establecido alícuotas más bajas de impuesto a las actividades económicas para atraer sectores de contribuyentes”, explica el abogado: “Así fue como San Diego, de Carabobo, o los municipios de los Altos Mirandinos lograron el establecimiento de industrias y atrajeron el comercio que se concentraba en Caracas”.

La limitación y estandarización del poder y potestad tributaria, entonces, reducirá la autonomía financiera de las regiones y municipios haciéndolos depender más del poder central.

¿Y los consejos comunales qué?

A medida que las diferencias se hicieron más marcadas entre las transferencias legales entregadas y las que se han debido entregar a los estados y municipios (De 24% en 1998-2002 a 40% en 2003-2007), estos también tuvieron que empezar a competir con los nacientes consejos comunales por recursos.

Con reformas de leyes y su incorporación a leyes presupuestarias, explica Penfold en su libro, los consejos comunales terminaron recibiendo un porcentaje del presupuesto mayor a lo asignado a los estados y municipios. La Ley de Consejos Comunales se reformó, presuntamente para eliminar trabas burocráticas. Pero la reforma se ha interpretado como una que da carácter territorial a entidades no previstas en la Constitución. También, la Asamblea Nacional del 2020 ha discutido una Ley de Ciudades Comunales.

Sin embargo, explica Torres, los consejos municipales hoy son “figuras vacías” que se han visto forzadas a colaborar con la comunidad, con empresas y emprendimientos para tratar de solucionar los problemas de agua y otros servicios públicos a medida que se han roto las cadenas de mando de los partidos de oposición y del chavismo.

Los consejos han quedado a la deriva, limitados al pragmatismo y la necesidad, con la implosión de la revolución bolivariana. Según un estudio de comunidades populares del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno, los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tienen presencia en 89% de las comunidades –buscando cubrir necesidades– mientras que las Redes de Articulación y Acción Sociopolíticas (RAAS), que son netamente ideológicas, solo se reportan en 14% de las comunidades.

Además, los subsidios y el gasto público del Estado se han replegado dando paso a escuelas particulares, bodegas, talleres mecánicos y tiendas de celulares en los barrios. Así, los jóvenes del chavismo –en consejos comunales y municipales– se han “desideologizado”, dice Torres, lo cual permite cohesión social e incluso colaboración en las cámaras municipales entre concejales opositores y chavistas para tratar de mitigar las consecuencias del colapso de los servicios públicos.

Aunque en Caracas estos ejercicios “colaborativos” entre chavistas y la oposición no son comunes, asegura Torres que sí actúan de forma efectiva en consejos municipales de Cojedes (Tinaco, Tinaquillo, San Carlos, Pao, Ricaurte y Rómulo Gallegos), Barinas (municipio Barinas) y Carabobo (Montalbán y Aguirre).

Incluso, dice Torres, existen casos de consejos comunales con miembros opositores. De estas instancias, de estas colaboraciones, también pueden surgir nuevas dinámicas locales y regionales que incrementalmente tengan mayor impacto político ante la despolarización en Venezuela y el desplome de las grandes fuerzas tradicionales del chavismo y la oposición.

Así como las regiones redefinieron las fuerzas políticas del país tras el colapso de la partidocracia adeco-copeyana, quizás la siguiente etapa política del país provendrá de la Venezuela profunda. Pero hay mucho trabajo por hacer.