El régimen chavista de Nicolás Maduro tendrá más plata del petróleo y el oro para gastar en una campaña electoral; en teoría la mayoría opositora no será más perseguida y podrá escoger su candidato; y la valiosa empresa Citgo, amenazada de embargo por deudas del chavismo, tiene un respiro de tres meses. Son algunos efectos colaterales de este histórico acuerdo que sigue despertando más incertidumbre que certezas.
El primero impacto positivo de este frágil acuerdo viene por los lados del petróleo, después de todo desde hace más de 100 años Venezuela es una nación petrolera y ese recurso propiedad del Estado seguirá siendo durante mucho tiempo más el principal motor de la ahora enana economía nacional.
La economía venezolana perdió 80% de su tamaño en los últimos 10 años de la era Nicolás Maduro, y recuperarse de semejante batacazo va a tomar tiempo, pero por algo hay que comenzar.
Hoy Venezuela no es el dinámico actor petrolero internacional que solía ser en el pasado y a duras penas produce casi 762.000 barriles por día (bpd), lo que no alcanza para satisfacer el también menguado consumo interno y a la vez exportar importantes volúmenes de crudo y derivados que generen dólares que tanto se necesitan por aquí.
Ahora bien, el alivio condicionado de las sanciones sobre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco Central y el Banco de Venezuela (el que tiene más de la mitad del sistema bancario venezolano) supone la posibilidad de que Venezuela pueda exportar libremente sus hidrocarburos incluso a Estados Unidos, y aprovechar los mejores precios al alza, presionados en estos tiempos por la guerra de Rusia contra Ucrania primero y ahora por la guerra entre Israel y Hamas, que amenaza con extenderse en el Oriente Medio.
La Licencia General (LG) 44, divulgada el miércoles tras la firma del acuerdo en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y parte de la oposición determina la «Autorización de Transacciones Relacionadas con Operaciones del Sector Petróleo o Gas en Venezuela».
«La licencia se renovará únicamente si Venezuela cumple con sus compromisos conforme a la hoja de ruta electoral, así como con otros compromisos con respecto a personas injustamente detenidas».
Departamento de Estado, de Estados Unidos
Esa licencia autoriza temporalmente (ciertas condiciones aplican) todas las transacciones prohibidas por las Sanciones a Venezuela, relacionadas con operaciones del sector petrolero y gasífero en el país, incluidas las transacciones con PDVSA, incluida también la venta de petróleo y gas de Venezuela a Estados Unidos y a otras jurisdicciones.
También se suspende la sanción que impedía a empresas estadounidenses como Chevron «el pago de impuestos, regalías, costes, tasas, dividendos y beneficios relacionados con operaciones o transacciones del sector del petróleo y el gas en Venezuela».
Es decir, por esa vía de impuestos y regalías las quebradas arcas del gobierno de Maduro comenzarán a recibir algo más de dinero y teóricamente debería tener más platica para pagar aumentos de sueldos a cientos de miles de empleados públicos, civiles y militares.
También debería poder pagar pensiones un poquito más altas a miles de empobrecidos jubilados, como los profesores, y maestros, y ex trabajadores de la propia Pdvsa, a los cuales les confiscaron sus ahorros de toda la vida y han recurrido a huelgas de hambre en reclamo de sus derechos.
En un año electoral, Maduro y el chavismo también tendrán más plata para fomentar una ilusión de bienestar, elevar el gasto y, como de costumbre, financiar su campaña electoral con recursos del Estado.
El alivio de las sanciones «autoriza la producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas de Venezuela y el suministro de bienes y servicios conexos, el pago de facturas de bienes o servicios relacionados con las operaciones del sector del petróleo o del gas en Venezuela; nuevas inversiones en operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela; y la entrega de petróleo y gas de Venezuela a acreedores del Gobierno de Venezuela, incluidos los acreedores de las entidades de PDVSA, a efectos del pago de la deuda», aclara un documento sobre preguntas frecuentes, del Departamento del Tesoro.
Eso significa la posibilidad de que comiencen a revitalizar los abandonados y tristes pueblos petroleros del interior del país, o grandes ciudades petroleras como Maracaibo, y la Costa Oriental, El Tigre y Maturín.
Claro, en el mundo petrolero seis meses es muy poco tiempo para poner a andar inversiones importantes, pero la sola expectativa de que pueda haber una reactivación ya tiene su peso.
De hecho ya los economistas están rehaciendo sus análisis y perspectivas de escenarios de crecimiento económico para 2024. Por ejemplo, el siempre citado Asdrúbal Oliveros dijo en una reciente entrevista con el periodista Román Lozinski en Unión Radio que su escenario base para el año que viene era de cero crecimiento, pero con el impacto del Acuerdo especialmente sobre el petróleo, la economía podría crecer hasta 10%.
Estas sanciones y su alivio temporal están diseñadas para hacerle seguimiento y para fiscalizar que se cumplan, entonces que se extiendan más allá de seis meses o que sean levantadas por completo dependerá del compromiso del gobierno de Maduro de los propios acuerdos.
Maduro ha ratificado en las últimas horas que ha dado su palabra y que cumplirá su parte de este acuerdo. Pero no ha mencionado el punto más álgido de todo esto: ¿está dispuesto el chavismo a habilitar a la candidata favorita María Corina Machado para que compita en buena lid en unas elecciones presidenciales?
Las deportaciones masivas de venezolanos son también una advertencia para esas familias o individuos que hasta ahora acuden en masa hacia Estados Unidos (tercer destino de la migración venezolana) con el entendido de que los van a recibir mejor que otros nacionales debido a la crisis político, económica y social de la Venezuela controlada por el chavismo.
Ese compromiso del régimen chavista es especialmente importante en lo que concierne a las garantías para que haya unas elecciones presidenciales libres, democráticas, transparentes y en libertad de condiciones para todos los actores políticos (incluyendo el propio Maduro, cuya libertad vale 15 millones de dólares, según el gobierno de Estado Unidos, que ofrece recompensa y quiere enjuiciarlo por supuestos crímenes de corrupción y contra los Derechos Humanos cometidos desde el ejercicio del poder).
«El incumplimiento de las disposiciones de este acuerdo posibilitará que Estados Unidos retroceda respecto a medidas que ha adoptado».
Departamento de Estado de EEUU
Aunque la licencia 44 «ofrece un amplio alivio a las operaciones del sector del petróleo y el gas en Venezuela, siguen vigentes varias prohibiciones clave fundamentales», aclara.
El experto petrolero internacional Francisco Monaldi, director del programa de Energía de América Latina de la Universidad de Rice, señala que puede haber un crecimiento económico importante en Venezuela en 2024, un año electoral, aunque no con tanta fuerza como en otros años electorales.
«Los más importante es que los flujos de petróleo se van a redirigir desde el mercado negro a Estados Unidos y a cualquier otro mercado que sea formal. Venezuela va a pasar de tener descuentos que pueden ser (hoy) de 40 dólares sobre el Brent (petróleo marcador de referencia) a 10 dólares sobre el Brent. Es un tremendo aumento para Maduro con la producción ya existente», explica Monaldi para este análisis.
Resulta que para sortear las sanciones hasta ahora Venezuela ha estado vendiendo su petróleo a clientes internacionales mediante engorrosos procesos comerciales y financieros a través de terceros países y aliados como Irán y Rusia. Eso determinaba que ese barril aportara mucho menos dinero (descuento) a las arcas del gobierno venezolano de lo que ocurre cuando se trata de una negociación directa con clientes formales y pagada por los canales regulares.
En septiembre, el precio de la Cesta de Referencia de la OPEP, compuesta por 13 tipos de crudo de cada país, cerró en $94,60 por barril, con un importante aumento del 7,27% respecto a los $87,33 de agosto.
El crudo referencial venezolano Merey promedió en septiembre $75,51, contra $68,48 en agosto, es decir, unos $20 por debajo del promedio de la cesta OPEP.
Pero Monaldi no prevé que la producción aumente mucho por ahora debido a la incertidumbre que le ha introducido el gobierno de Estados Unidos por la duración de seis meses de la licencia, y la fecha de aquí a noviembre (dicha por el Departamento de Estado como límite para conceder las garantías electorales de los candidatos opositores).
«Claramente introduce gran incertidumbre, excepto para empresas como Chevron que ya tiene una licencia específica, creo que ellos ya pueden trabajar con esa licencia con mucha más certeza», explica Monaldi a El Estímulo.
Observa que Chevron ya tiene su plan y pudieran aumentar en año y medio a dos años su producción en 110.00 barriles por día (bpd) respecto a los 140.000 bpd que tiene ahorita.
Otras empresas como la Eni, de Italia, pudieran tener algo parecido, así como los chinos de CNPC que pudieran subir la producción de manera significativa pero no haciendo grandes inversiones hasta tanto se despeje la incógnita política. Pero ellos pudieran aumentar en un año, o año y medio en 100.000 bpd desde los 100.000 que producen hoy, explica Monaldi.
Sobre lo que puede hacer Pdvsa en sus propios campos, la prioridad de Maduro «es gastar todos los reales en 2024 para subir su aprobación», no invertir en petróleo, señala.
«Creo que Pdvsa va a poder hacer inversiones solo para mantener producción y si acaso para un incremento marginal, de nuevo, hasta que se despeje todo esto y Maduro vea si puede mantener las sanciones levantadas y ahí sí ver si puede invertir algo más».
Francisco Monaldi
Lo que dice Monaldi coincide con un análisis del grupo de investigación en energía y petróleo Rystad, que espera que la producción venezolana podría aumentar en un máximo de 200.000 bpd en seis meses después del levantamiento de las sanciones.
«La expansión potencial se ve obstaculizada por la prolongada falta de inversión en la industria», dijo Rystad, que estima que el gasto de capital en la industria petrolera de Venezuela cayó de un promedio de $12.000 millones por año entre 2010 y 2014 a solo $3.000 en 2019.
El venezolano promedio no suele estar pendiente de esto, pero debería: en Estados Unidos la nación venezolana está a punto de perder su empresa más importante, que es el consorcio refinador Citgo Petroleum, una filial de PDV Holding, a su vez filial de PDVSA, que vale unos $25.000 a $30.000 millones, según la más reciente valoración, de acuerdo a fuentes de la empresa.
En este acuerdo de Barbados las partes acordaron «defender los bienes y la propiedad de la empresa Citgo Petroleum Corporation para preservar los intereses vitales y el patrimonio del pueblo venezolano».
Citgo fue empeñada por el gobierno de Nicolás Maduro como garantía de unos Bonos 2020 ya vencidos y los compradores de esos títulos de deuda quieren cobrarse sus arras. Hasta ahora se ha salvado por esta parte gracias a que el Departamento del Tesoro la ha protegido con unas licencias que impiden la comercialización de esos papeles y la ejecución de las garantías, aunque el complejo caso navega en los pasadizos del complejo sistema judicial de Estados Unidos.
La petrolera de Venezuela en Estados Unidos – cuyo valor de mercado ha sido recuperado en los últimos años, cuando además ha pagados sus propias deudas- también está amenazada de embargo por una larga lista de acreedores de Maduro, encabezada por la minera Crystallex que reclaman pagos de propiedades confiscadas en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, que decretó las expropiaciones masivas (más bien confiscaciones) de activos de estas empresas en el país sin pagar compensaciones.
Pues bien, esta semana el Departamento del Tesoro ha renovado esa licencia hasta el 18 de enero de 2024, dándole un nuevo respiro de tres meses a la empresa frente a estos acreedores.
«Debido a que PDVSA sigue siendo una corporación sancionada, las acciones de PDV Holding, Inc. siguen siendo propiedades bloqueadas. Por lo tanto, para ejecutar mandamientos de embargo a través de la venta en subasta de esas acciones, sigue siendo necesario obtener una licencia», observa en un artículo el experto abogado José Ignacio Hernández, quien en el pasado fungió como representante legal del llamado gobierno interino frente a las instituciones de Estados Unidos.
«Todo acuerdo es por definición frágil. Su implementación y verificación es la clave de todo. Venezuela no será una excepción. Falta todavía mucha carpintería. Las licencias generales para el sector petrolero y de gas y los permisos para el BCV tendrán un impacto significativo en lo económico por su magnitud dado que implica el regreso del país a los mercados petroleros», escribió el profesor del IESA Michael Penfold en su cuenta de X (ex Twitter).
«No soy optimista. Pienso que la implementación lo es todo y las probabilidades de fracaso son altas si no se ejecuta bien y se verifica cumplimiento. También pienso que la alternativa de cualquiera de las partes es peor que el acuerdo», comentó más tarde para este enfoque Penfold, doctor en Ciencias Políticas, egresado de Universidad Central de Venezuela, de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Para Penfold «lo más importante es que los flujos de petróleo se van a a mover y dan un marco de seis meses para ejecutar en lo político, con filigrana, la dimensión política, social y las garantías electorales para todos -y cualquier desvío tendrá un costo gigante para el país y también para el chavismo».
«La alternativa a no implementar puede ser un nuevo cierre del sistema y la reversión de las licencias generales. El acuerdo viene también con medidas de concesiones mutuas entre ellas la liberación de los prisioneros políticos. Muchos estarán tentados a abandonar o torpedear un camino que es intrínsecamente incierto», señala.
«Esto es una apertura política y electoral -todavía estamos lejos de una transición- que puede si hay liderazgo convertirse en un proceso de reinstitucionalización y democratización si se juega con inteligencia y responsabilidad. La alternativa es volver a donde estábamos: la inercia y la tragedia».
Michael Penfold
Venezuela sigue siendo política y petróleo, parafraseando aquél famoso y vigente libro de Rómulo Betancourt.
El chavismo, como cualquier grupo autocrático en el poder, no va a la mesa de negociación para soltar al poder, sino a ver cómo se amarra más a éste. Este análisis muestra lo que no acordó a pesar de ser puntos claves para una transición
Derecho de la oposición a escoger su candidato libremente en la Primaria del domingo está protegido por el acuerdo firmado en Barbados este martes, tras largas conversaciones, afirma Gerardo Blyde, el jefe negociador por la Plataforma Unitaria.
La fase preparatoria del proceso durará 90 días desde este 24 de julio y hasta el 23 de octubre. Después habrá 270 días para que se lance oficialmente la subasta y que los acreedores se cobren deudas contra Venezuela por expropiaciones y bonos de deuda externa impagos por la República y por Pdvsa.
