Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, declaró este martes 30 de enero que se reunirá el próximo 5 de febrero con precandidatos para definir el cronograma para las elecciones presidenciales de Venezuela.
Aunque este trabajo le corresponde al Poder Electoral, mediante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el portavoz del chavismo en la mesa de diálogo expresó frente a la AN: «Mucho antes del 18 de abril, y por consenso, todo el pueblo de Venezuela, por primera vez en la historia de esta república, elaborará el cronograma presidencial».
Sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y la respuesta de Estados Unidos al retomar sanciones a la industria petrolera, de oro y gas de Venezuela, Rodríguez dijo: «Tienen hasta abril, dicen, ahórrense el lapso yankees de mierda, porque la decisión soberana que tomó la Sala Política Administrativa del TSJ en la activación de un mecanismo elaborado en el marco del acuerdo de Barbados, que fue redactado por la delegación opositora de la Plataforma Unitaria y que señala que deberá respetarse la decisión de esa sala, cualquiera ella fuera, porque si la única decisión era la que quería la extrema derecha, ¿entonces para qué existe un tribunal?».
El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller, anunció más temprano que «Estados Unidos no renovará la licencia» que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril de 2024, una medida que el gobierno de Maduro tachó de «grosero e indebido chantaje».
Rodríguez indicó que la propuesta que surja será entregada al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene la competencia de convocar elecciones.
En la consulta participarán, según Rodríguez, no solo pre candidatos presidenciales, sino dirigentes políticos, hasta empresarios, maestros y campesinos.
El gobierno y la oposición suscribieron en octubre un acuerdo para que las elecciones se celebraran en el segundo semestre del año con observación de la Unión Europea. Washington, muy presente en las conversaciones, flexibilizó sanciones pero lo condicionó a la liberación de presos políticos y al establecimiento de garantías electorales, incluida la habilitación de opositores.