Un decreto firmado al final de la Guerra Federal pudiera servir como antecedente para el estudio de los derechos humanos en Venezuela, pese a que todavía faltaban cerca de 85 años para que la ONU los estableciera formalmente, también tras la culminación de un conflicto bélico
En un extenso informe de 158 páginas, la Misión de la ONU señala a las fuerzas de seguridad y a grupos civiles armados leales al gobierno venezolano por presuntas violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Venezuela, que es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, siempre se destacó en el pasado por su defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo, pese a las dictaduras de su historia.
Un documento fechado en 1863, cuando ni siquiera se había concebido el término “derechos humanos”, tal vez pueda demostrarlo.
En 1863, Venezuela ha quedado devastada. Una guerra civil arrasó lo que con mucho esfuerzo y empeño se había construido después de los 20 años de conflicto independentista. La Guerra Federal acabó con todo, las cifras son sorprendentes: las estimaciones varían entre 150.000 y 200.000 muertos (sobre una población total de aproximadamente 1.800.000 personas). Al terminar el conflicto, el nuevo presidente, el general Juan Crisóstomo Falcón, quiso por encima de todo restablecer el orden a través del reconocimiento de las libertades y de los derechos fundamentales.
Para eso expidió el Decreto de Garantías, el 18 de agosto de 1863. En él se recoge no solo la esencia de los ideales liberales y federales del partido de Falcón, sino también la voluntad política de proteger las libertades esenciales de los ciudadanos: vida, propiedad, inviolabilidad del hogar doméstico, privacidad, libertad de pensamiento y expresión, libertad de instrucción, derecho al sufragio, a la asociación pacífica y sin armas y en general todo lo tocante a la libertad personal.
Se reconoce también la abolición de la esclavitud del 24 de marzo de 1854 y se dice que ni Bajo Seco ni La Rotunda debían servir más como prisiones.
Nada de lo dispuesto se cumplió en los años inmediatos al decreto. Todas las libertades y derechos consagrados en el documento fueron violados por el mismo Estado y también por los caudillos que, de revolución en revolución, iban y venían del poder.
La Rotunda no solo se volvió a utilizar como prisión, sino que se convirtió en el principal centro de tortura y represión política de la dictadura vitalicia del general Juan Vicente Gómez, hasta su demolición por orden de su sucesor Eleazar López Contreras en 1936, quien quiso borrar toda huella de sufrimiento.
La despreocupación por la memoria histórica de López Contreras, entendida en su contexto, pretendía hacer borrón y cuenta nueva en medio del nuevo ambiente político y los aires de transición.
Pero más allá de estos hechos, la intención es destacar que el Decreto de Garantías de 1863 es un importante antecedente para la historia de los derechos humanos en Venezuela, dato tal vez desconocido u omitido por los estudiosos del tema cuando se refieren al origen de la lucha por las libertades fundamentales en el país.
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