¿Qué funciones tiene el juez de paz? ¿Es una nueva figura? ¿Fue correcto hacer las elecciones un mes después de la aprobación de la ley? ¿Un juez de paz tiene mayor autoridad que un alcalde? Esto es lo que debes saber
Hace poco más de un mes fue la elección de los jueces de paz comunales en Venezuela. La jornada electoral pretendía movilizar a miles de personas, y aunque pasó desapercibida para la mayoría, desde la Asamblea Nacional y el gobierno se intentó mostrar como un gran acto ciudadano.
El Estímulo consultó a vecinos de distintas comunidades e indicaron que se enteraron del proceso electoral por grupos de WhatsApp del consejo comunal, pero la asistencia fue poca. «Eran personas de la comunidad, pero que solo las conocían ellos. Nadie fue a votar. Aunque los del CLAP no se pusieron intensos, no nos obligaron», comentó una vecina de la parroquia El Valle de forma anónima.
Si bien el proceso para escoger a estos funcionarios pasó por debajo de la mesa, sin presentar datos sobre la votación el gobierno informó que el domingo 15 de diciembre de 2024 se eligieron 30 mil jueces de paz en Venezuela.
Han pasado casi cinco semanas desde la elección y el conocimiento sobre los jueces de paz comunal continúa siendo escaso. Sobre esta figura hay más dudas que certezas.
Frente a este vacío de información, El Estímulo conversó con Elías Santana, fundador y director de MiCondominio.com, una red de acompañamiento comunitario que ha hecho seguimiento sobre el tema desde hace varios años y también incluyó algunas consideraciones de la organización Acceso a la Justicia sobre el tema.
Elías Santana explicó que el juez de paz comunal es una figura que se concibió para preservar la armonía en las relaciones familiares y estimular y garantizar la convivencia vecinal y comunitaria.
Su objetivo es resolver asuntos derivados de las actuaciones de las organizaciones de la comunidad y su característica principal es que es un líder comunitario innato: «Debe tener un profundo conocimiento de su entorno, de sus necesidades y de los conflictos, de las costumbres, de la cultura y un compromiso con la justicia social, la solidaridad y la colectividad».
El juez de paz cuenta con las herramientas del arbitraje, la conciliación y la mediación para resolver conflictos aplicados al ámbito comunitario: «Promueve la convivencia solidaria, busca la paz en la comunidad y garantiza el acceso efectivo a justicia responsable, equitativa y expedita. La justicia de paz comunal comprende que ellos tienen la facultad de conocer, de investigar, de decidir, sobre los asuntos que sean sometidos a su competencia. Ellos actúan sin dilaciones indebidas, sin excesivo formalismo o sin reposiciones inútiles».
La realidad es que no debería usurpar ninguna de estas funciones. Según Santana, «desde su origen, el juez de paz estaba conectado con el poder municipal porque era el primero que buscaba que se resolvieran conflictos cotidianos de la ciudadanía».
«En 1994 se creó la Ley de Justicia de Paz, el primer instrumento jurídico que sirvió de marco para lo que sería la elección de la primera experiencia de jueces de paz en Venezuela, (…) estaba muy claro que el juez de paz estaba conectado con el poder municipal, con la alcaldía, con el concejo municipal, con las autoridades locales».
Santana cuenta que esta figura decayó por falta de acompañamiento y recursos, pero en 2012 se reformó la Ley de Justicia de Paz y pasó a llamarse Ley de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal.
Esa ley reformada no se aplicó porque le asignaron al Tribunal Supremo de Justicia una serie de obligaciones (crear protocolos, capacitar jueces, evaluar la remuneración de los mismos) que no cumplió. No obstante, entre las nuevas consideraciones estaba que «los jueces de paz serían electos por la vía popular, previsto en la Constitución del año 1999, y si no fuera el caso, el TSJ a partir una terna presentada por las comunidades de las regiones podría designar los jueces de paz».
La idea es que el juez de paz trabaje y solicite apoyo de la policía o autoridades municipales si es necesario. Sin embargo, Santana aclara que en la ley actual «no se asocia a la figura del juez de paz al municipio, al alcalde, al poder local -algo que que está previsto en la Constitución-, sino al Poder Popular».
¿Qué significa que se asocie al Poder Popular? Que al igual las comunas y consejos comunales, depende en gran medida del Poder Ejecutivo. Ninguna de estas figuras están previstas en la Constitución y por lo tanto sus instrumentos jurídicos no deberían tener el carácter de orgánicos. No son el reflejo del consenso, del acuerdo social que existe en Venezuela.
«El acuerdo está en que los municipios son la unidad fundamental en este proceso, y esta figura debe estar asociada a los gobiernos locales. No a otras figuras que, si bien son legítimas y legales, no pueden imponerse al conjunto de la sociedad. Debe dejarse en el lenguaje, en las políticas, en los articulados, siempre la decisión abierta en manos de las comunidades», detalla.
El principal motivo, considera Elías Santana, fue por la rapidez con la que se hizo la elección. Hay que recordar que la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal fue aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista el 12 de noviembre de 2024. Nicolás Maduro la promulgó dos días después. Y un mes más tarde ocurrió la elección.
Santana -a través de MiCondominio.com- y otros actores sociales pidieron que se aplazara la fecha porque aún no existía algo clave para la gestión de estas figuras: el programa de formación de los jueces de paz.
Este programa de formación, que es una especie de manual, debe elaborarlo la coordinación de Justicia de Paz Comunal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en articulación con la Escuela de la Magistratura, pero aún no está listo.
«Procedimos a elegirlos de manera apresurada y ahora no está listo el programa de formación. Ellos pueden ser juramentados, pero no pueden tener desempeños porque no han sido presentados a la sociedad. Eso (el programa de formación) tiene que ejecutarse en los primeros meses de 2025 y tocará también a la sociedad, por diferentes vías, procurar la mejor formación para los jueces y juezas de paz».
En un artículo, la organización Acceso a la Justicia indicó también que una de las posibles causas de la opacidad es que fue organizada de manera partidista: «La manera apresurada como se organizaron los comicios (…) deja en claro que el oficialismo hizo lo posible por cooptar esta instancia».
La ONG documentó que durante la elección quienes votaron tuvieron una «sensación generalizada (…) de que se trataba de un proceso partidista vinculado con la dinámica de control que ejerce el oficialismo mediante los denominados circuitos comunales y comunas».
Si se toma en cuenta el origen o planteamiento para crear la figura de los jueces de paz (años 70 y 90), y lo que establece la Constitución en su artículo 258, entonces los consejos comunales no deberían considerarse sus antecesores.
Elías Santana explicó que en la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal «esta figura forma parte de una suerte de entramado institucional del Poder Popular» que está estrechamente vinculado al Poder Ejecutivo.
«Esta ley indica que para que exista el juez de paz comunal debe también considerarse al Comité de Justicia de Paz Comunal, que es un comité de trabajo en cada consejo comunal. Luego esos comités conforman, en la comuna, el Consejo de Justicia de Paz Comunal, que es una instancia que tiene decisión colectiva sobre las impugnaciones dictadas por los jueces de paz en los términos establecidos en la ley. Además está la Coordinación Nacional de Justicia de Paz Comunal del TSJ, que es la unidad encargada para diseñar y ejecutar las políticas», detalló.
Es decir, no se cumple con el carácter de independencia con el que nació la idea del juez de paz.
Santana apuntó que, en teoría, la ley brinda garantías para que esta figura no se asocie o no esté vinculada al control social o político. En su artículo 18, la ley habla de los requisitos y el perfil del juez de paz y una de las prohibiciones es que tenga alguna militancia partidista. Sin embargo, hasta ahora, ese no ha sido el caso.
Antes de la elección de los jueces de paz, el partido Futuro, vinculado al chavismo y liderado por el ministro de Educación Héctor Rodríguez, hizo público su «acompañamiento» en la elección de los jueces de paz. Esto se suma a que la concepción de esta figura en la nueva ley está ligada al Poder Popular y no a las autoridades municipales, como debería ser constitucionalmente.
Considerando ese contexto, y la premura electoral, Acceso a la Justicia señaló «que las autoridades hicieron todo lo posible por asegurarse el control de esta instancia y con ello acentuar la partidización del sistema judicial y sobre todo el control social, dado el poder que se les da a estas figuras en la comunidades, que las transforman en verdaderos comisarios políticos».
Esta organización cree que es una forma de «partidizar la justicia de paz y transformarla en otro agente de control social en las comunidades».
Para dar un ejemplo, el pasado 19 de diciembre, Venezolana de Televisión reseñó que la milicia bolivariana trabajaría con los jueces de paz electos para evitar «intentos de desestabilización».
Más allá de las funciones utilitarias que tiene el juez de paz, Elías Santana considera importante acompañar a la ciudadanía a revisar cuál es la falla de origen de la figura porque se «asocia a la justicia paz comunal con figuras como circuitos comunales, que no existen en la legislación venezolana».
«Tenemos municipios, parroquias y circunscripciones electorales que ha creado el CNE y ahí es que deben producirse los procesos electorales, en ámbitos en los que hay consenso de la sociedad. Hay que revincular a estas figuras a los gobiernos locales, organizaciones ciudadanas, no estar solamente a asociados a (…) figuras inexistentes. Y garantizar el soporte e independencia del desempeño del juez de paz».
«Sería muy conveniente que se escucharan otras voces, otras miradas, mas allá del sector oficial, que tiene una postura y una visión que forma parte de un proyecto específico. Sin embargo, si se quiere generar confianza, si quieren que sea una alternativa para todos los sectores de la sociedad, que sean como una figura al servicio y cercana a las comunidades, debe ser entonces una figura que muestre evidencias de esa independencia y autonomía».
