¿Por qué 4 millones de venezolanos han tenido que dejar su país?

Venezuela, el territorio que muchos inmigrantes adoptaron como su tierra, pasó a ser un país de emigrantes, afectada por una crisis multidimensional.  El 7 de junio de este año la Alta Comisionada de Derechos Humanos reveló que más de 4 millones de venezolanos han cruzado la frontera. A diario 5.000 personas salen de forma legal de la nación para huir del colapso.

La situación que viven los venezolanos es definida por los expertos como una emergencia humanitaria compleja. El término que puede ser difícil de comprender a primera vista resume violencia, inseguridad, amenazas a la población desde grupos de poder, falta de alimentos, medicinas y colapso de los servicios públicos en el país.

El contexto ha derivado en una crisis sin precedente que escapa de lo nacional, pasa de lo regional y amenaza con ser global. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) considera que el éxodo venezolano es uno de los desplazamientos sociales más grandes del mundo.

El organismo asegura que los acontecimientos políticos, de derechos humanos y socioeconómicos que se desarrollan con constancia en el territorio obligan a un número creciente de niños, mujeres y hombres a irse a los países vecinos y más allá. Muchos, por no decir la mayoría, llegan asustados, cansados y en extrema necesidad de asistencia.

En Venezuela todo falta 

Venezuela es en parte una emergencia humanitaria compleja por las cifras de desabastecimiento y desnutrición que reportan y denuncian las ONG y medios de comunicación. Según el último informe del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas) publicado el 18 de agosto de 2019, una familia necesitaría de 41 salarios mínimos para cubrir los gastos básicos de alimentación.

Con un ingreso mensual de 40.000 bolívares soberanos y una cotización de 23.417 bolívares por dólar estadounidense, el salario mínimo venezolano es de unos 1,70 dólares mensuales. Según el Banco Mundial, para que un individuo esté por encima de la línea de la pobreza debe recibir más de 2 dólares diarios, el venezolano no llega ni al nivel mínimo de pobreza mundial en un mes.

Las personas que dependen únicamente de un salario mínimo como ingreso deben esperar cada mes para adquirir uno o dos productos de la cesta básica o, básicamente, vivir de las dádivas del gobierno. Cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación revelan que 70% de la población padece de hambre, 90% de inseguridad alimentaria y 33% refieren a niños de 0-2 años de edad con retardo de crecimiento y posible desnutrición.

Para ocultar el abastecimiento, el Estado brinda a los ciudadanos -mayormente de sectores populares- la venta de cajas de alimentos subsidiados distribuido por el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Muchos ciudadanos denuncian la pobre calidad de los productos que son principalmente granos, pastas y muchos carbohidratos, con muy escasas proteínas que los ayuden a balancear la dieta de la persona. 

Recientemente el Departamento del Tesoro publicó un informe en el que asegura que altos funcionarios usan el Clap para lavar activos obtenidos a través de la corrupción y que, incluso, se embolsaban directamente el dinero que el Ejecutivo de Maduro destina a ese plan.

Hambre

A la severa crisis alimentaria se le añaden los apagones: más de 18 millones de venezolanos – de 30 millones o 26 millones si contamos a los emigrantes- viven en parroquias con un plan de racionamiento eléctrico. Usuarios en redes sociales reportan cortes eléctricos de hasta 10 días con sus consecuentes fallas de otros servicios como el agua y la conectividad de internet.

La educación y la vida laboral, por su parte, también son afectados. De acuerdo con un reporte del Observatorio Educativo de Venezuela (OEV), al menos 21% del tiempo previsto para las actividades escolares se habrá perdido. Desde enero hasta abril de 2019, los estudiantes solo han tenido 45 días de clases, de los 60 programados por el Ministerio de Educación.

 

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Las fallas eléctricas afectan también el suministro del agua. En el estado Zulia, uno de los más afectados, se le cobran a los ciudadanos entre 500 y 750 dólares por un camión cisterna de agua para los tanques de las viviendas.

También es común ver en la capital transeúntes con botellones vacíos que van por agua. La inestabilidad en el servicio conlleva a una búsqueda por fuentes alternativas de agua. La posibilidad de abastacerse en lugares donde el líquido no es potable hace temer que se desencadene una catástrofe sanitaria.

«En Caracas, la crisis ha llevado a numerosas personas a surtirse de agua en las orillas del muy contaminado río Guaire, que atraviesa la ciudad y cuyo cauce recoge gran parte de los desechos de la urbe. Hay personas que están recogiendo agua de algunos manantiales de los cerros de la capital venezolana que parecen ser limpios pero que, en realidad, son el retorno de aguas servidas de la ciudad», denunció un reportaje de BBC Mundo durante uno de los apagones de marzo que duraron casi una semana. 

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La Federación Farmacéutica Venezolana, (Fefarven), asegura que 8 de cada 10 medicamentos no se consiguen en farmacias, muchas compañías del rubro han preferido dejar de trabajar con Venezuela por la hiperinflación de la nación. La escasez de medicinas de alto costo para enfermedades como cáncer, VIH y hemofilia llega a 90%.

A la crisis hospitalaria, enmarcada en la escasez de insumos médicos, medicinas y falta de especialistas que han emigrado, también se le suma la falla generalizada de servicios. La última Encuesta Nacional de Hospitales, realizada entre el 19 de noviembre de 2018 y el 9 de febrero de 2019, cuantificó 79 fallecimientos por los apagones en distintas regiones del país.

Las fallas de agua también afectó a los centros de atención sanitaria del país, los pacientes y personas hospitalizadas se encuentran con baños inservibles que son más un foco de infección y enfermedades.

Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Situación de la Salud de las Américas en 2018, Venezuela aporta más de la mitad de los casos de malaria, una enfermedad que estuvo erradicada por más más de medio siglo en el país.

Una dictadura fruto de un sistema democrático

Venezuela por muchos años fue una de las democracias más sólidas del continente. El país se impuso a constantes amenazas tanto extranjeras, como los avances violentos de Fidel Castro sobre el país en la década de 1960, así como movimientos internos cercanos a la izquierda del partido Comunista o a la dictadura perejimenista.

El sistema de partidos se afianzó hasta 1989, cuando se produjo el Caracazo, y en 1992 con los dos golpes de Estado. Sin embargo, una serie de factores entre los que están el desgaste del sistema político partidista, que llevó a la sociedad a apoyar golpes de Estados y movimientos antisistemas que finalmente harían implosionar la democracia desde adentro. 

En Venezuela existe la Asamblea Nacional, tribunales de justicia y el voto sigue siendo un derecho. Pero aunque existentes, no funcionan de la manera como establece la ley.

La última elección de consulta popular realizada dentro del marco legal y bajo las ordenanzas de la Constitución fue la del Parlamento el 6 de diciembre de 2015, cuya mayoría de votos la obtuvo la oposición. Para disminuir el poder de la electa Asamblea Nacional, el Ejecutivo impuso un organismo paralelo e ilegal llamado Asamblea Constituyente chavista.

Venezuela está conformada por cinco poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral. Solo el Legislativo tiene mayoría de factores que adversan a Maduro, mientras que el Ejecutivo controla a los otros tres.

Quien se opone al «ideal revolucionario», son castigados por el chavismo. Asimismo, se han reportado miles de detenciones arbitrarias, torturas, represión y acoso por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que más que proteger se han convertido en cuerpos represores. Muchos han tenido que optar por el exilio, como fue el caso de Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, activistas del partido Voluntad Popular detenidos arbitrariamente el 19 de junio de 2016 y llevados a la cárcel Tocuyito en Carabobo. Ambos salieron del país una vez liberados meses después.

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Maduro fue reelecto el 20 de mayo de 2018 a través de unos comicios convocados por la Constituyente. Este proceso violó lo establecido en la Constitución, por lo que más de 60 países calificaron el hecho como una ilegalidad.

Las formas arbitrarias del Ejecutivo así como la mala gestión gubernamental desencadenó en múltiples protestas, las que aglutinaron más personas desde 2002 fueron las de 2014, 2017 y 2019.  

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La manifestación pública, que es un derecho humano, ha sido reprimido de forma violenta por los cuerpos de seguridad del gobierno. Solo en el primer trimestre de 2019 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señalaba que había alrededor de 58 protestas diarias.

Ejemplo de excesos de uso de la fuerza están en las víctimas de 2017, más de 120 personas asesinadas por el uso de armas de fuego y munición letal y por supuesto más recientemente el ataque al adolescente Rufo Chacón de tan solo 16 años de edad en el Táchira, que quedó ciego por el uso de una pistola de perdigones directamente a su cara.

El abuso de los cuerpos policiales atentan contra la integridad y la vida misma. Solo en Caracas 50% de los homicidios se ejecutaron por cuerpos de seguridad según Monitor de Víctimas, observatorio independiente que estudia casos y verifica estadísticas de homicidios en la capital.

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Todos estos hechos justifican una verdadera emergencia humanitaria, que hasta ahora, ha resultado en la huida de más de 4 millones de venezolanos y en uno de los movimientos sociales más grandes del mundo.