Proceso contra Maduro va a paso de caracol en Corte Penal Internacional

Después de casi tres años, la fiscalía de la Corte Penal Internacional dice que encuentra "base razonable" para creer que en Venezuela se cometieron desde 2017 crímenes de la competencia de este tribunal que investiga genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión.

Proceso contra Maduro va a paso de caracol en Corte Penal Internacional

La oposición venezolana elevó sus expectativas de que avance en la Corte Penal Internacional (CPI) un proceso judicial contra el gobernante Nicolás Maduro y sus cercanos colaboradores, después que Fatou Bom Bensouda, la Fiscal jefe de este organismo con sede en La Haya dijera después de casi tres años que hay base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

La CPI inició el examen preliminar de la situación en Venezuela el 8 de febrero de 2018, para analizar los delitos presuntamente cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones contra el régimen de Maduro y los disturbios políticos conexos.

El 27 de septiembre de 2018 la Fiscalía recibió un petición de un grupo de Estados partes del Estatuto de Roma: Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y  Perú, que pedían investigar al régimen de Maduro por delitos de lesa humanidad.

La Oficina del Fiscal de la CPI “lleva a cabo exámenes preliminares independientes e imparciales, investigaciones y enjuiciamientos del crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión”, explica el organismo.

Desde 2003, la Fiscalía ha realizado investigaciones en múltiples situaciones de la competencia de la Corte: en Uganda, la República Democrática del Congo, Darfur (Sudán), la República Centroafricana (dos situaciones distintas), Kenya, Libia, Côte d’Ivoire (Costa de Marfil), Malí, Georgia, Burundi, Bangladesh/Myanmar y Afganistán.

También está realizando actualmente exámenes preliminares relativos a las situaciones en Bolivia, Colombia, Filipinas, Guinea, Iraq/Reino Unido, Nigeria y Ucrania, además de los dos casos sobre Venezuela.

El poeta va a La Haya

“Con respecto a la situación de Venezuela I, la Fiscal transmitió a una delegación enviada por Maduro que la Fiscalía había concluido su evaluación de la materia y determinado que había una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de la competencia de la Corte. A este respecto, la Fiscalía solicitó información sobre las actuaciones nacionales pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma”, dijo en un comunicado.

“Con respecto a la situación en Venezuela II, la Fiscal puso a la delegación al corriente de la situación de la evaluación temática en curso de la Fiscalía, que tiene por objeto llegar a una determinación sobre si hay una base razonable para creer que la presunta conducta es de la competencia de la Corte”.

Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente de Maduro se reúne con la fiscal Bensouda, de la CPI (Foto: CPI) .

Venezuela es parte del Estatuto de Roma, que entró en vigencia el 1 de julio 2002, cuando la propia Corte entró en funcionamiento permanente con competencia “para procesar a las personas responsables de los crímenes más graves bajo el derecho internacional”.

El Estatuto fue firmado por 120 Estados el 17 de julio de 1998. A marzo de 2019, los Estados Partes son 122.

Según los comentarios de Bensouda sobre el caso Venezuela I, “se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia hicieron un uso excesivo de la fuerza para dispersar y reprimir manifestaciones, y arrestaron y detuvieron a miles de miembros reales o supuestos de la oposición, algunos de los cuales habrían sido presuntamente objeto de graves abusos y malos tratos durante su detención. También se ha informado de que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que dio lugar a que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos”.

“Con respecto a la situación de Venezuela I, el Fiscal transmitió a la delegación que la Fiscalía (venezolana) había concluido su evaluación de la materia y determinado que había una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de la competencia de la Corte. A este respecto, la Fiscalía solicitó información sobre las actuaciones nacionales pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma”, agrega.

Oposición celebra

“Hoy se ha dado un nuevo paso para que haya justicia y la verdad prevalezca ante tantas injusticias cometidas en los últimos años: las declaraciones emitidas el día de hoy por la Fiscal de la Corte Penal Internacional asignada al caso Venezuela, afirman que existen bases para considerar que han ocurrido delitos de lesa humanidad en nuestro país”, declaró la oficina de Juan Guaidó, el presidente del Parlamento venezolano reconocido nominalmente por más de 50 naciones como presidente de Venezuela hasta tanto haya elecciones  libres.

“El Gobierno Legítimo de Venezuela asume este hecho como un nuevo impulso para redoblar los esfuerzos que nos permitan llevar a la dictadura de Maduro frente a la justicia internacional, en atención al derecho a la justicia que asiste al pueblo de Venezuela”, afirma.

Manifestantes piden la liberación de presos políticos, durante una marcha en 2017, en Caracas  

“Dichos diagnósticos sobre los crímenes perpetuados, coincide con el Informe de Verificación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”, dijo la oficina de Guaidó en un comunicado, citando un reciente informe de una comisión de derechos Humanos de la ONU que denunció crímenes de lesa humanidad de los que culpa a Maduro y a sus más cercanos colaboradores.

“A pesar de que una delegación de la dictadura de Nicolás Maduro fue recibida por representantes de la Corte Penal, hecho que rechazamos y denunciamos contundentemente, destacamos que el régimen de Nicolás Maduro sufrió una contundente derrota en el plano de la justicia internacional puesto que fueron notificados formalmente sobre la realidad que no pueden ocultar: están señalados como criminales de lesa humanidad y sus crímenes no serán ignorados”, agrega.

“Este importante hecho nos obliga a recordar a todos los funcionarios civiles y militares que todavía sostienen al régimen de Maduro, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo y que, de ser cómplices por acción u omisión de los mismos, podrían terminar señalados como criminales de lesa humanidad por el resto de sus vidas tanto en la ONU como en la CPI”, dijo la oficina de Guaidó.

Qué es la Corte Penal Internacional

Según explica en la literatura sobre oficial sobre su funcionamiento, “la Corte juzga a las personas presuntamente responsables de los crímenes de su competencia. La Corte no puede procesar a grupos, ni tampoco a Estados”.

“La Corte no es un órgano de las Naciones Unidas. Es una institución permanente e independiente, creada por un tratado internacional. En 2004, la Corte y las Naciones Unidas firmaron un acuerdo de relación por el que se establecía la base jurídica para su cooperación”, explica.

“Bajo el sistema de la Corte corresponde a los Estados Partes la obligación general de cooperar plenamente con la Corte en cuestiones relativas a sus investigaciones y procesamientos”.

El fiscal contraataca

Tarek William Saab es el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente.

Ese último organismo fue creado por Maduro en 2017 en medio de las protestas masivas en su contra, para abrogarse los poderes del Parlamento, que está en manos de la oposición y que ya había sido parcialmente aniquilado con decisiones de la también chavista Tribunal Supremo de Justicia.

Una de las primeras decisiones de esa Constituyente que le permite a Maduro gobernar con poderes “soberanos y originarios” fue designar a Saab como fiscal general, tras destituir sumariamente a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, una chavista disidente que denuncia violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Maduro introdujo el 13 de febrero de 2020 ante la Corte su propia demanda, clasificada como “Venezuela II” por el organismo internacional, para pedir a la Fiscal que inicie una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela, con miras a determinar si una o más personas deben ser acusadas de la comisión de esos crímenes.

El gobierno de Maduro afirma que los crímenes de lesa humanidad se cometen “como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde el año 2014”.

Saab está en la lista de colaboradores cercanos de Maduro investigados y sancionados por el gobierno de Estados Unidos, por presuntos delitos contra la democracia, los derechos humanos, corrupción o narcotráfico.

“Con respecto a la situación en Venezuela II, el Fiscal puso a la delegación al corriente de la situación de la evaluación temática en curso de la Fiscalía, que tiene por objeto llegar a una determinación sobre si hay una base razonable para creer que la presunta conducta es de la competencia de la Corte”, dijo en su comunicado.

Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma.

El diputado Juan Requesens, uno de los políticos opositores más perseguidos y atacados por el régimen de Maduro 

Un trabajo colectivo

La Fiscalía de la CPI precedida por Fatou Bensouda “ha indicado que existen bases razones para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, violencia sexual, persecución y desaparición”, explicó Humberto Prado, comisionado de Guaidó para los Derechos Humanos y Protección a las Víctimas.

Prado felicitó la labor de documentación llevada a cabo por la sociedad civil, y organizaciones  no gubernamentales cuyos aportes han sido importantes para denunciar las atrocidades ocurridas en Venezuela.

Por su parte, Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela en el exilio afirmó en entrevista con El Estímulo que el proceso contra Nicolás Maduro y su “régimen asesino” que avanza en la Corte Penal es una oportunidad para que toda la oposición venezolana se una con el objetivo común de empujar un cambio político en este colapsado país.

El abogado Alí Daniels, director de la asociación civil Acceso a la Justicia, señaló que es trascendental que la Fiscal Besouda declarara que tiene motivos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes competencia de la Corte,

“Es la primera vez que lo dice y quiere decir que el examen preliminar sigue a la siguiente etapa en la que se debe determinar si se han juzgado en el país a los responsables de esos crímenes. Esta declaración de la Fiscal implica además que efectivamente en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, ya no es sólo el Consejo de DDHH de la ONU, un enorme paso hacia la justicia”, dijo.

 

La Corte Penal Internacional está penetrada por la izquierda aliada del chavismo

La actual fiscal Fatou Bensouda tardó cuatro años para ordenar que se abriera un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad por las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro. A la fecha, el proceso está estancado. La magistrada trabajó al servicio del Poder Judicial del dictador Yahya Jammeh, de Gambia, también acusado por graves violaciones a los DDHH. Dos organizaciones venezolanas acaban de presentar una denuncia sobre esta situación

100 días de protestas en videos: el pulso entre la oposición y el gobierno

Este domingo 9 de julio se cumplen 100 días de protestas continuas en todo el país en contra del presidente Nicolás Maduro. Las manifestaciones han dejado un saldo de 91 muertos, entre los que destacan 15 menores de edad. Tras marchas, plantones, pancartazos y trancones, los venezolanos se adueñaron de las calles en todos los estados para exigir el respeto a sus derechos.  Desde el 1 de abril de 2017, tras dos sentencias emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los venezolanos tomaron las calles para exigirle al Gobierno nacional respuestas a sus diferentes demandas. A lo largo de 14 semanas, los opositores han atendido el llamado de las convocatorias anunciadas por los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y han abarrotado calles, avenidas y autopistas.

El ABC de las protestas en Venezuela de 2017

Un “golpe de Estado” sin movilización de tanquetas ni ruidos de bayonetas. Medios que no informaron sobre la escalada de violencia y represión. Una Asamblea Constituyente impuesta para desmovilizar la calle. Un Gobierno que terminó señalado como una dictadura. Una oposición que salió dividida y frustrada tras meses de marchas, trancazos y un referendo simbólico. A un año de estas movilizaciones, ¿qué fue lo más destacado?  Ofrecemos respuestas a modo de diccionario.