Tras la inhumación, dolientes de Abraham Agostini y Díaz Pimentel celebraron la misa

Entonando el Himno Nacional y custodiados por efectivos de la Policía Militarizada, los deudos despidieron a los dos fallecidos el pasado 15 de junio durante un operativo policial en El Junquito.

Los llantos y el dolor de la gente se pudo evidenciar a través de videos que circulan por las redes, así como por las imágenes del canal VPI.

Durante el mediodía, el diputado a la Asamblea Nacional, Winston Flores, denunció este sábado que entierran de forma ilegal los cuerpos de Abraham Agostini y Díaz Pimentel, dos de los fallecidos el pasado 15 de enero durante el operativo realizado por efectivos policiales en El Junquito, en donde también fue asesinado el exinspector del Cicpc, Óscar Pérez.

Flores calificó esta acción de una violación a los Derechos Humanos «y abre a la investigación que adelanta la Asamblea Nacional otra arista». Se preguntó por qué «secuestran» a los familiares y los llevan al Cementerio del Este con «fosas abiertas» ya predeterminadas.

«Esto es asombroso, escabroso. El dolor que se está viviendo aquí suma otro capítulo más de la ‘masacre de El Junquito»

De  igual forma, dijo que la presencia de un piquete de la Guardia Nacional -que impide el paso a donde se llevan a cabo las inhumaciones- representa un «excesivo maltrato» a los familiares de los fallecidos el 15 de junio, así como a los otros visitantes del camposanto.

Aseguró que este atropello será denunciado en el exterior «y debe ser repudiado por los países».

Indicó que los que vinieron de la morgue fueron los familiares de Abraham Agostini y Díaz Pimentel y se desconoce aún si los demás cuerpos estarían siendo inhumados en La Guairita.

Relató que todas las actas de defunción tienen registro de que todos recibieron disparos en la cabeza, pero declaró que el Gobierno podrá esconder «hasta cierto punto» lo que pasó, por lo que dijo que «tarde o temprano» se realizará una autopsia independiente para determinar lo sucedido.

Más temprano, la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció este sábado desde la Morgue de Bello Monte que el Gobierno quiere prohibir que los familiares de los siete fallecidos el pasado 15 de enero, entre ellos el exinspector del Cicpc, Óscar Pérez, realicen los actos velatorios para, posteriormente, darles cristiana sepultura.

De acuerdo a un audio enviado por las redes sociales de Solórzano, los familiares se encuentran «conversando» con las autoridades para que les sean entregados los cuerpos y les dejen tener el control de los ritos funerarios y denunció que «el Estado quiere negarles el derecho».

También, un tuit de la parlamentaria señala más temprano que los deudos habían sido llamados a la medicatura forense en Caracas para obligarles a enterrar los cuerpos sin el rito religioso  y que el mismo sería manejado por el Ejecutivo.

Delsa 2001 – Curated tweets by elestimulo

En otro audio, denunció que uno de los cuerpos ya fue retirado de la morgue y al parecer, quieren proceder al acto de inhumación sin los actos velatorios correspondientes, evitando que los familiares tengan injerencia en esa decisión.

Los familiares de Abraham Agostini y Díaz Pimentel denunciaron que fueron llevados «de forma engañosa» al Cementerio del Este para la inhumación de los cadáveres de forma inmediata, hecho que es rechazado de forma categórica por parte de los deudos, alertó Solórzano.

Denunció que la Guardia Nacional en el Cementerio del Este impide el ingreso de los familiares a una colina del camposanto, en donde están enterrando los cuerpos de Agostini y Díaz Pimentel.

Tras los sucesos registrados en El Junquito el pasado 15 de enero, los familiares de los fallecidos han estado a las puertas de la morgue de Bello Monte para poder identificar y reclamar los cadáveres.

Luego de casi 96 horas de espera, fue que los deudos pudieron identificar los cuerpos, pero sólo le dejaron ver el rostro. Además, recibieron el acta de defunción y según el documento, los siete individuos murieron por disparos en la cabeza.

También estuvieron luchando ante la amenaza del Ejecutivo de querer cremar los cadáveres, que de acuerdo a la legislación actual, no se puede realizar porque estuvieron involucrados en un hecho que encierra una investigación legal.