España sancionará a quienes infrinjan estado de alarma
El Ejecutivo español anunció que impondrá penas que van desde una multa de 100 euros hasta un año de cárcel, si hay resistencia o desacato a la autoridad
El Ejecutivo español anunció que impondrá penas que van desde una multa de 100 euros hasta un año de cárcel, si hay resistencia o desacato a la autoridad
España impondrá importantes sanciones a quienes infrinjan el estado de alarma para contener el avance del Covid-19 coronavirus. Las penalizaciones van desde una multa de 100 euros hasta un año de cárcel si se “resistiere o desobedeciere gravemente a las autoridades o sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.
Estas sanciones las recoge un documento que circula entre los policías. El texto detalla los cuatro preceptos legales de aplicación ante las posibles situaciones que se registren mientras esté en vigor el real decreto que el Gobierno aprobó este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario, según recoge el diario español El País.
El escrito se apoya en cuatro normas: la Ley de seguridad ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’; la de salud pública, la de protección civil y el Código Penal.
Las personas que incumplan las medidas establecidas corren el riesgo de enfrentarse a sanciones de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud pública.
Asimismo, el delito de desobediencia a los agentes de la autoridad o al personal de seguridad privada se sanciona con pena de uno a tres meses de prisión. También se prevén penas de hasta cuatro años de prisión (y el personal sanitario se incluye entre los agentes de autoridad a esos efectos).
El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que el país cerrará a la medianoche sus fronteras terrestres para contener la expansión del coronavirus.
La entrada al país por vía terrestre sólo se permitirá a ciudadanos españoles. A residentes en España, personal diplomático acreditado y a quienes aleguen «causas de fuerza mayor», señaló el ministro.
Con información de El País, Telemadrid y AFP