Aplicar a los niños medicamentos experimentales viola sus derechos, advierten médicos

Nuevamente la Academia Nacional de Medicina intenta hacerse escuchar por las autoridades sanitarias del gobierno de Maduro en torno a asuntos relacionados con la pandemia y la vacunación y en concreto, el regreso a clases presenciales. Esta vez con el respaldo de otras organizaciones y representantes de la sociedad civil como Médicos Unidos de Venezuela, Mujeres de Frente, Alianza Venezolana por la Salud, el Colegios de Enfermería del Distrito Capital, Fe y Alegría, el IVIC, Padres Organizados de Venezuela y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, entre muchos otros firmantes de un comunicado divulgado este viernes 5 de noviembre.

¿Y qué plantean? Primero, demandan lo lógico: que el gobierno escuche y atienda los planteamientos hechos ·desde las Academias, Sociedades Científicas y otras organizaciones de la Sociedad Civil para trabajar coordinadamente con estos actores en el abordaje de la pandemia, con el fin de alcanzar una visión comprensiva del regreso a clases en este contexto, que garantice la protección de la familia venezolana ante la COVID-19 y el derecho a la información de la población».

Y segundo, «que el Estado garantice la vacunación de los mayores de 12 años, con vacunas seguras como la Sinopharm que están utilizando en los adultos, con el previo Consentimiento Informado, por escrito, de los representantes. En cuanto a los menores de 12 años, no se debe iniciar la vacunación hasta no contar con suficientes evidencias del uso seguro de vacunas aprobadas en estas edades y también con el Consentimiento Informado, por escrito, de sus representantes».

En este sentido, sin mencionarlo, advierten sobre los riesgos de utilizar con los niños medicamentos que no pueden considerarse vacunas, como los que provienen de Cuba: «Bajo ninguna circunstancia se les debe aplicar productos experimentales, lo cual sería violatorio de los derechos de los niños, a tenor de lo dispuesto en las declaraciones, instrumentos, tratados y pactos internacionales más significativos en materia de Derechos Humanos, incluidos los que garantizan de una manera específica los derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata, conforme se desprende de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de otras disposiciones previstas en el derecho interno, como la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, además de las normas y protocolos de investigación científica en niños, niñas y adolescentes».

La última demanda es a los ciudadanos, a unirse y a contribuir vacunándose: «invitamos a las organizaciones, comunidades educativas, asociaciones de padres y representantes, gremios, sindicatos y asociaciones que realizan actividades en los sectores educación y salud, y a otras organizaciones de la sociedad civil, a que se incorporen en la defensa de los intereses superiores de niñas, niños y adolescentes, en materia de educación y salud. Y a los padres y representantes a vacunar a sus adolescentes, mayores de 12 años y a vacunarse ellos. Atender este llamado permite contribuir al desarrollo de hogares autoprotegidos contra la COVID-19 y protectores de los menores de 12 años, si los hubiere en la familia.La vacunación familiar podría convertirse en una excelente forma de prevenir y evitar complicaciones y casos graves causados por la COVID-19».

A continuación, el texto completo del comunicado:

EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN ADOLESCENTES, NIÑOS Y PERSONAL DOCENTE. POR UN REGRESO SEGURO A CLASES.

Los ciudadanos, entes y organizaciones que suscribimos la presente comunicación nos dirigimos al país y a los representantes de los Poderes Públicos Nacionales ante el inicio de clases simultáneo, con jornadas de vacunación contra la COVID-19, en la población comprendida entre trece y diecisiete años, y el reciente anuncio del Presidente de la República de extender esta vacunación al grupo comprendido entre tres y doce años.

OBSERVAMOS CON INQUIETUD

PRIMERO. La ausencia de una gestión planificada y efectiva que garantice un plan oficial nacional de vacunación contra la COVID-19 ordenado, acorde con criterios de priorización y basado en análisis de riesgo y vulnerabilidad de las personas. Exigencia que ha sido reclamada desde la sociedad organizada ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Defensoría del Pueblo en varias oportunidades.

SEGUNDO. Que la apertura de los centros educativos no ha contado con un plan de apoyo por parte de las autoridades educativas y de salud. El reinicio de clases presenciales en el subsistema de educación básica en todos sus niveles (inicial, primaria y media) no se ha hecho en condiciones que garanticen la seguridad y la protección de niñas, niños y adolescentes y de su grupo familiar.

TERCERO. Que el Ejecutivo Nacional no consultó a las instituciones académicas, sociedades científicas, gremios, padres y representantes ni a la sociedad en general sobre las medidas y condiciones en que debería producirse un regreso a clases seguro, sin poner en riesgo a la población involucrada. Lo que hubiese contribuido a que estas decisiones pudiesen haber sido el resultado de un proceso participativo que condujese a construir consensos sobre el carácter y contenido de estas decisiones.

CONSIDERAMOS NECESARIO TOMAR EN CUENTA QUE

PRIMERO. Los venezolanos tenemos derecho a: a) disponer de información confiable sobre el desarrollo de vacunas seguras y efectivas para ser utilizadas en los distintos grupos poblacionales, así como a conocer el tipo de vacuna administrada; b) que se cumplan los procedimientos y protocolos sobre el uso de vacunas, lo que comienza por su aprobación por la autoridad sanitaria correspondiente; en este caso, el ministro del poder popular para la salud, previo dictamen de la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos; c) tener información confiable y oportuna sobre el curso de la pandemia, a fin de adoptar las decisiones que su desarrollo amerita; d) un plan oficial nacional de vacunación actualizado, lo que permitiría el ejercicio de la controlaría social consagrada en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDO. El regreso a clases presenciales debió haberse hecho bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, funcionamiento regular de los servicios públicos, especialmente en los planteles educativos oficiales, que atienden al 80% de niñas, niños y adolescentes provenientes de los sectores más depauperados de nuestra población. De igual manera, debió haberse reactivado el Programa de Alimentación Escolar, así como un plan de recuperación de la infraestructura y dotación de las instituciones educativas, y de todo el ámbito de protección del estudiante, la familia y el personal docente. En el marco de estas condiciones, debió garantizarse de manera expresa la inmunización del estudiante, familia y personal docente, previo al reinicio de las clases presenciales, para el caso de la población comprendida entre los 13 y 17 años.

TERCERO. En Venezuela están disponibles las vacunas SINOPHARM y SINOVAC, que ofrecen seguridad y niveles de protección potenciales altamente beneficiosos, en contra de la COVID-19. Estas vacunas, pese a no contar con la autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ser utilizadas, en condiciones de emergencia, en poblaciones entre 12 y 18 años, han sido ensayadas exitosamente, en estos grupos poblacionales, en países de América Latina y a nivel mundial. Sobre la base de estos hechos, no objetamos que sea aprobado su uso por las autoridades sanitarias venezolanas, en el grupo de edades comprendidas entre 13 y 17 años, siempre que se dé cumplimiento a lo que el ordenamiento jurídico nacional señala en materia de autorización de uso de productos farmacéuticos, en situaciones de emergencia.

CUARTO. El caso de la vacunación del grupo poblacional de menores, entre tres y doce años, merece atención especial; a la fecha actual, la OMS todavía no ha autorizado ninguna vacuna contra la COVID-19 para menores de 12 años; la autorización más reciente es la adoptada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés), el 3 de noviembre de 2021, al aprobar el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech en menores de 5 a 11 años. Ahora bien, solo en la medida que obtengamos más información de los resultados de los ensayos clínicos de vacunas, en este grupo poblacional, estaremos en capacidad de recomendar se extienda la vacunación contra la COVID-19 a este grupo etario; máxime cuando sabemos que es poco probable que la sola vacunación en adultos frene la cadena de transmisión del virus en la comunidad. Los datos recientemente publicados muestran que los niños y adolescentes están ahora propagando la enfermedad en sus comunidades y hogares, por ello no dudamos en mostrar nuestro acuerdo en que se iniciase la vacunación en los grupos etarios entre 13 y 17 años, sin dejar de tener presente que los programas de vacunación contra la COVID-19 están guiados principalmente por dos principios fundamentales: 1. Proteger a los más expuestos y vulnerables contra la enfermedad grave y muerte, y 2. Cortar la cadena de transmisión del virus en la comunidad; la implementación de esta medida en este grupo etario, aunque justificada, no debe hacerse a expensas del primer objetivo.

QUINTO. El Estado venezolano debe considerar los riesgos que implica una flexibilización prolongada en el escenario de una dinámica epidémica de intensidad creciente, por lo cual es importante generar las condiciones para el cabal cumplimiento de las normas de bioseguridad como una medida fundamental que garantizará el éxito de las actividades de prevención y vacunación emprendidas.

DEMANDAMOS

PRIMERO. Incorporar las recomendaciones emanadas desde las Academias, Sociedades Científicas y otras organizaciones de la Sociedad Civil para trabajar coordinadamente con estos actores en el abordaje de la pandemia, con el fin de alcanzar una visión comprensiva del regreso a clases en este contexto, que garantice la protección de la familia venezolana ante la COVID-19 y el derecho a la información de la población.

SEGUNDO. Que el Estado garantice la vacunación de los mayores de 12 años, con vacunas seguras como la Sinopharm que están utilizando en los adultos, con el previo Consentimiento Informado, por escrito, de los representantes. En cuanto a los menores de 12 años, no se debe iniciar la vacunación hasta no contar con suficientes evidencias del uso seguro de vacunas aprobadas en estas edades y también con el Consentimiento Informado, por escrito, de sus representantes. Bajo ninguna circunstancia se les debe aplicar productos experimentales, lo cual sería violatorio de los derechos de los niños, a tenor de lo dispuesto en las declaraciones, instrumentos, tratados y pactos internacionales más significativos en materia de Derechos Humanos, incluidos los que garantizan de una manera específica los derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata, conforme se desprende de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de otras disposiciones previstas en el derecho interno, como la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, además de las normas y protocolos de investigación científica en niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, invitamos a las organizaciones, comunidades educativas, asociaciones de padres y representantes, gremios, sindicatos y asociaciones que realizan actividades en los sectores educación y salud, y a otras organizaciones de la sociedad civil, a que se incorporen en la defensa de los intereses superiores de niñas, niños y adolescentes, en materia de educación y salud. Y a los padres y representantes a vacunar a sus adolescentes, mayores de 12 años y a vacunarse ellos. Atender este llamado permite contribuir al desarrollo de hogares autoprotegidos contra la COVID-19 y protectores de los menores de 12 años, si los hubiere en la familia. La vacunación familiar podría convertirse en una excelente forma de prevenir y evitar complicaciones y casos graves causados por la COVID-19.

Caracas, 05 de noviembre de 2021.

Suscriben:

Organizaciones:

Academia Nacional de Medicina
A.C. Casa del Nuevo Pueblo
A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA
A.C. Mujeres de Frente
Alianza Venezolana Por La Salud
Caracas Ciudad Plural
Colegio de Enfermería del Distrito Capital
Colegio de Enfermeras(os) del estado Carabobo
Colegio de Licenciados en Educación del estado Carabobo.
EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined)
FEDERACIÓN NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES -FENASOPADRES- FENASOPADRES capítulo ARAGUA
Fe y Alegría
Fundación Mavid Carabobo
IVIC
Médicos Unidos de Venezuela – Capítulo Carabobo
Médicos Unidos de Venezuela – Capitulo Ciudad Bolívar
Médicos Unidos Venezuela – Capítulo Guárico.
MEDICOS UNIDOS VENEZUELA – Capítulo Mérida
Médicos Unidos de Venezuela – Capítulo Uruguay
Médicos Unidos Venezuela USA
Monitor Social A.C.
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Movimiento de Educadores Simón Rodríguez
Padres Organizados de Venezuela
Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas
Sindicato de Profesionales de la Docencia-Colegio de Profesores Yaracuy (SINPRODO-CPV- Yaracuy)
SintraEnseñanza Carabobo
SINVEMACA
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría
Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE).

Individualidades:

Adelfa Malpica Dommar Adelba Taffin
Alicia Ponte-Sucre
Alicia Villamizar
Andrés Barreto Ruiz Andy Delgado Blanco Antonio Machado Allison Argenis Millán
Benito Gómez
Blanca Elena
Carmen Cecilia Gómez Christian Rivas Graffe Claudio Bifano
Flor Pujol
Gladys Mogollón
José Esparza
José Félix Oletta Lopez José.R. Cazorla
Juan Tortolero
Julio García
Keila hernandez
Leyla OrtIz
Liliana Peña R
Luis Guillermo Padrón
Luzmila Leal
Mabel Mundó
Maleisi Núñez Medina
Margarita Lampo
María Auxiliadora Villarroel Beretta Ma. Corina Pinedo O.
María Eugenia Grillet María Soledad Tapia Mariela Ramírez Mireya Goldwasser Noelbis Aguilar Nohe Ramos
Omar Vergel Reina Sequera Saúl Jiménez Beiza Yiniba Ortega Yllen Guerra
Yusra Guevara Zaida Silva