Pese a que la actividad es legal en el país desde hace ya un año, no ha dejado de padecer por los "caprichos" de cierto tipo de funcionarios. Esta decisión favorable a una empresa privada -Sierramoros CA- en un caso contra la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas deja sentado un precedente
Estos largos años han enseñado que no es habitual que un tribunal dicte alguna medida que contradiga la decisión o acción de instancias oficiales. Por eso llama la atención este caso. Y porque permite la interpretación optimista de que el ambiente comienza a mejorar a favor de las empresas que trabajan en minería de criptomonedas: la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) está obligada a devolver a la firma Sierramoros un lote de equipos confiscados de forma irregular en octubre pasado.
Los días 13 y 16 de octubre dos empresas -una en Caracas y otra en La Victoria, estado Aragua- subcontratadas por Sierramoros C.A para hacer mantenimiento y otras labores con sus equipos de minado recibieron la visita de un funcionario de Sunacrip -el mismo en ambos casos- que encontró en sus inspecciones «elementos que podrían vulnerar el Sistema Integral de Criptoactivos, causando lesiones a la colectividad», aunque sin especificar ni cuáles eran esos elementos, ni cuáles las potenciales lesiones a la colectividad. Y en esas visitas, funcionarios del Cicpc habrían cargado con los equipos sin dar tiempo ni a presentar la documentación correspondiente, ni cumpliendo los plazos que dicta la norma para estos casos.
Eso es lo que se lee en el texto de la decisión del Juzgado Nacional Primero, a cargo de la jueza María de Los Ángeles Toledo, hecha pública el 3 de noviembre (expediente 2021-175). Los representantes legales de Sierramoros argumentaron una cadena de irregularidades en ambos procedimientos -violaciones al derecho a la defensa, a la propiedad, a las libertades económicas y al debido proceso- y presentaron una solicitud de amparo constitucional, «conjuntamente con un recurso contencioso administrativo de nulidad» para dejar sin efecto las decisiones y acciones de la Sunacrip sobre los equipos retenidos.
El listado incluye 12 equipos Antminer S9-S9I, 1.624 mineros EBANG E9I y 1.475 fuentes de poder, todos propiedad de la empresa Sierramoros.
La decisión del juzgado plantea no solo que queden sin efecto las medidas que afectan a esta empresa en particular y que los equipos sean devueltos a sus propietarios y se abra el compás de tiempo y procedimientos específicos para subsanar cualquier asunto pendiente antes de ponerlos a operar, sino que establece un precedente: los tribunales tienen competencia para actuar en estos casos, con lo cual, en el sector de minado y criptomonedas ya no será solo la Sunacrip la institución que tenga la última palabra.
El portal especializado Criptonoticias aporta otro elemento que apunta en la misma dirección y afianza el optimismo en el sector que hasta ahora opera entre vientos cruzados y a merced de ciertos caprichos, pese a que desde hace al menos un año la minería de Bitcoin es legal en Venezuela: en septiembre pasado se dio a conocer una circular del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana basado en el Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos en la que queda establecido que antes de cualquier procedimiento contra compañías de minería digital y criptomonedas las policías del país deben notificar y coordinar primero con la Superintendencia. En caso contrario, la norma establece prisión de tres a cinco años contra los funcionarios que participen en acciones que interrumpan el trabajo de estas empresas sin una causa justificada y avalada por la Sunacrip.
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