María Eugenia acusa a un policía de haber matado a su nieta de 11 años en La Dolorita, un barrio de Caracas, mientras apunta con un dedo el agujero que la bala dejó en una ventana de su casa.
El policía dice que vio «una sombra», pero «él disparó a la niña, directamente a la niña», relata María Eugenia Segovia, de 54 años, al rememorar la tragedia que vivió el pasado 13 de noviembre.
Su nieta, Yadimar, dormía cuando el proyectil la alcanzó en la nuca después de atravesar una de las barras de la reja de la ventana y hacer añicos el vidrio.
Las denuncias de muertes a manos de autoridades se han multiplicado en Venezuela. La ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), referencia ante la falta de cifras oficiales, documentó más de 700 fallecimientos a manos de policías en el primer semestre del año.
María Eugenia cuenta que encaró al oficial y un compañero que le acompañaba.
«Me acerqué a él y me le paré al frente y le dije: ¡le dispararon a la niña, le disparaste a mi nieta!», rememora. «Dieron la vuelta y salieron corriendo».
Al menos cinco personas fueron detenidas por este crimen, según la policía científica. «No tengo confirmación de que sean funcionarios policiales», señaló por su parte un portavoz de la Fiscalía.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales en 2020 y 2021 en operaciones contra la delincuencia, lo que consideraron como una «política de Estado» de exterminio.
En un clima de impunidad generalizada ocurren igualmente casos como el de Yadimar, dice el director del OVV, Roberto Briceño León, en los que hay responsabilidad «individual» de un policía o un grupo de policías, más que órdenes superiores.
La violencia se ha ido «mudando» de los delincuentes a los policías, afirma Briceño León, quien alerta que «en buena parte del país, los policías tenían más víctimas y más muertos que los propios delincuentes».
Vecinos y familiares de la niña, que estudiaba sexto grado, dicen que los policías cacheaban a un joven en el sector y que allegados salieron a reclamar. Los funcionarios, que según Segovia pertenecían a la Dirección de Contraingeligencia Militar (DGCIM), pidieron «refuerzos» y entraron a la calle disparando de acuerdo con su relato.
Otros aseguran que los policías estaban bebiendo antes del incidente.
Los familiares de la niña hicieron una denuncia ante la Fiscalía. Piden justicia y «más control» sobre las fuerzas del orden.
«No podemos tenerles más miedo a ellos que a la propia calle», comentó Yuleimy Valencia, de 34 años, prima de la pequeña.
La ONU ha expresado su preocupación sobre los operativos policiales, mientras la Fiscalía se defiende de las acusaciones de impunidad asegurando que 358 funcionarios de seguridad han sido condenados por violar derechos humanos.
La ONG Cofavic estima que «98% de los casos de violaciones de derechos humanos no llegan a ser investigados«.
«¿Por qué te fuiste Yadimar?, ¿por qué tú, amiga, te fuiste?, ¡vuela alto!», se leía en uno de los carteles pegados en las paredes de su casa.
Globos blancos, canciones infantiles, flores y marcas de manos blancas figuraban alrededor de la urna de la niña, despedida por una multitud.
Yadimar era «carismática, alegre y gozosa», coinciden su abuela y prima. Estaba bajo el cuidado de sus abuelas porque su madre había viajado a Perú a buscar a una hermana que migró y su padre murió hace nueve años por una bala perdida en un tiroteo entre delincuentes.
«¡Mi niña, te mataron igual que a tu papá!», gritó entre llantos la madre al ver el ataúd de su hija, después de un viaje de regreso de miles de kilómetros por carretera ante la falta de dinero para pagar un vuelo.
«Todavía no lo logramos entender. ¿Por qué si ella estaba dentro de su casa (…) se dio esta situación?», se pregunta la prima de Yadimar.
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