El homicidio de Nicolás Fermín en Puente Hierro, Caracas, evidencia el miedo y la inseguridad ciudadana ante las presuntas alcabalas policiales en Venezuela. En esta nota familiares dan detalles de cómo avanza el caso y expertos indican cuál debió haber sido el procedimiento adecuado
Nicolás Fermín, un joven de 23 años de edad, inició el traslado en Ridery en la madrugada. Llevaba dos pasajeros y se desplazaba por la autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Francisco Fajardo), donde tomó una entrada hacia una calle del sector Los Flores de Puente Hierro, muy cerca de San Agustín del Sur.
En este lugar Nicolás fue interceptado por otro carro que llevaba tres sujetos a bordo. Los testigos dicen que trancaron el vehículo de Fermín, quien intentó retroceder porque pensó que se trataba de un robo.
Ante su acción, dos personas bajaron del carro infractor. Ninguno de los sujetos dijo nada y uno de ellos, sin identificación, accionó el arma de fuego que llevaba consigo.
Fuentes y fotografías revelaron que el proyectil entró por el lado izquierdo del parabrisas del vehículo de Nicolás Fermín, un Chevrolet, modelo Aveo, de color negro. El joven resultó herido en el cuello y la bala salió y dejó un orificio en el lado derecho trasero.
La trayectoria del proyectil era algo ascendente, lo que significa que el tirador debió adoptar una posición ofensiva para conseguir ese tipo de inclinación.
Testigos dijeron que eran tres hombres los que se movían en el carro y que presuntamente pertenecían al cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Al disparar, el trío huyó del lugar. En esos minutos, Nicolás Fermín agonizaba para después morir en el sitio del suceso.
Esa herida desvaneció los sueños de surcar los cielos que tenía el joven. Fermín se acababa de graduar de piloto y esa carrera, que había iniciado como un viaje normal, sumaba a sus ahorros para pagar las horas de vuelo que le faltaban para certificarse.
José Fermín, padre de Nicolás, no estaba en Venezuela al momento del suceso. Tuvo que viajar desde Estados Unidos, donde vivía hace más de cuatro años, para ir directamente a la morgue de Bello Monte y reconocer el cuerpo de su hijo.
El padre del piloto contó con dolor que la madre de Nicolás y el propio muchacho le ocultaron que trabajaba como taxista para ganar dinero extra y pagar sus costosas prácticas.
En algún momento de la conversación, José sacó su teléfono del bolsillo y mostró que estaba realizando los trámites migratorios para que su hijo se fuera a Estados Unidos: «Yo le dije: ‘Vente. Aquí comienzas como mecánico y poco a poco te vas metiendo en tu mundo (aviación)'».
José Fermín expresó también: «Estábamos trabajando para pagar sus horas de vuelo. Trabajar aquí de taxista, de madrugada, con tanto riesgo (…) Ellos no me lo dijeron. Yo le hubiese dicho que buscáramos otra forma. Fíjate, unos policías terminan matándolo. ¿Cómo le dan una pistola a cualquiera? El que tiene hijos aquí, tiene que sacarlos. Aquí no hay futuro».
Fermín estaba acompañado de un mayor retirado de la Fuerza Armada Nacional de nombre Arellano Gómez, quien obtuvo información del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) sobre el caso, y afirmó que los tres sujetos seguían a Nicolás Fermín desde la autopista. Es decir, no estaban en una alcabala.
«Cuando Nicolás entra de la autopista a Puente Hierro, estos tipos lo trancan y dos se bajan del vehículo. Nicolás intenta retroceder y en ese momento le dispararon», aseguró Arellano.
Este militar retirado explicó que luego de efectuar el disparo y en medio de los gritos de testigos, algunas personas decían: «No los maten, no los maten». En ese momento, los dos supuestos policías, vestidos de civil y sin identificación, se montaron en el carro y se dieron a la fuga.
Arellano Gómez resaltó que estos funcionarios no estaban de comisión y portaban armas de reglamento (orgánicas): «Tenían tres meses de haberse graduado en la UNES”, aseguró.
Y también indicó que estos hombres, una vez se entregaron en la delegación del Cicpc, plantearon que «les había parecido sospechoso» el carro en el que Nicolás hacía el traslado a dos estudiantes de Medicina. El tercer hombre el vehículo de los asesinos se dio a la fuga.
El abogado y expolicía del municipio Chacao, Roberto Rodríguez, explicó a El Estímulo que un policía solo debe desenfundar su arma de reglamento «si observa un arma de fuego en poder del ciudadano».
«Siempre se toman las previsiones de seguridad pertinentes, depende de lo que esté sucediendo. Si son las 10 de la mañana, en un sitio transitado, las medidas de prevención son más bajas porque se supone que no estás en alerta para la interceptación de algún elemento que previamente se había notificado», comentó Rodríguez.
Sin embargo, si se trata de la verificación de un documento en un punto de control, como las placas, las medidas de prevención policial son más bajas.
«Bueno, sí, voy con la mano en el arma de fuego, sin esgrimir el arma. Me acerco por la ventana, por la parte de atrás, 45 grados hacia la ventana del conductor con una distancia aproximada de tres metros. Se le indica que baje los vidrios, se le pide que coloque las manos sobre el volante. Repito, depende de la situación en la que estés trabajando. Siempre debe haber dos funcionarios al menos», explicó Rodríguez, quien también fue fiscal del Ministerio Público.
Igualmente dejó claro lo prohibido: «Lo que nunca puede hacer un funcionario es disparar si no has visto un arma de fuego. Lo que pasó ahí es homicidio. Los detenidos pueden decir lo que quieran. Si en el vehículo no incautaron un arma de fuego, eso es homicidio intencional calificado y uso indebido de arma de fuego orgánica. Esos son los delitos que se imputan ahí».
El comisario Luis Godoy, quien trabajó durante 30 años en la División contra Homicidios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y después en el Cicpc, coincidió con Rodríguez.
Godoy describió que en el homicidio de Fermín no parece haber elementos para que los supuestos funcionarios aleguen «legítima defensa». Además destacó: «Los funcionarios de seguridad deben estar capacitados para presumir el riesgo en medio de una situación si llegara a presentarse y poder actuar en consecuencia. La situación de riesgo es muy clara, que la otra persona esgrima un arma de fuego, no presumir que la persona va a buscar un arma de fuego. Yo tengo que ver el arma, no es que yo creo que va a haber un arma».
Otro punto que se debería evaluar es la proporción del medio empleado: «Si la persona va a agarrar una piedra o un palo, yo para defenderme no le voy a disparar. ¿El muchacho estaba atracando? ¿El muchacho estaba corriendo? ¿El muchacho estaba en algo ilegal? No estaba. Lo más grave de esto es acabar con la vida de un ser humano. Lo agrava más si es estudiante, si estaba trabajando».
El comisario señaló que deben tomarse en cuenta las responsabilidades administrativas y penales que puedan tener los jefes o supervisores de esos presunto oficiales: «¿Qué hacen unos funcionarios de civil, sin cumplir con normas de seguridad? Ahí tiene que haber una responsabilidad y alguien debe asumirla».
En materia de política criminal hay aspectos que deben estar en primer orden como la planificación, ejecución y control de lineamientos preventivos y represivos en la lucha contra la criminalidad. Esto es algo que, desde hace 23 años, el Estado venezolano no ha manejado con claridad y asertividad. Hay varios ejemplos, todos con nombre, desde los famosos cuadrantes de paz hasta las estructuras organizativas policiales en materia de prevención.
Al respecto, el abogado y criminalista Juan Carlos Carrero dice lo siguiente: «Esto trae como consecuencia la desviación de las conductas estructurales en cuanto a la formación policial supervisada. Hemos visto con preocupación que, en la ejecución de la parte formativa del funcionario policial, tal vez por la falta de remuneración efectiva o de ingresos propios o la limitada seguridad social del funcionario al momento de formarse, lo hacen con personas que no tienen méritos académicos ni experiencia».
Carrero asegura que en procedimientos de calle se ha visto la falta de supervisión jerárquica con experiencia. Es decir que, por alguna situación interna o estructural, no colocan a los supervisores de mayor experiencia a dar clases y así los policías puedan recibir educación con mejor calidad. En lugar de esto, dejan que sean funcionarios de menor experiencia los que acompañen a los nuevos policías.
«Ellos son los que traen, como consecuencia, la mala praxis policial», afirma Carrero.
Las reglas de actuación policial son un principio general. Desde el punto de vista de investigación criminal y de prevención, en cuanto al uso diferenciado y progresivo de la fuerza, se debe conocer que los puntos de control están suspendidos; y de estar activos, deben estar autorizados por el Ministerio del Interior y coordinado por Visipol. Sin embargo, muchas veces no se cumple y los funcionarios caen en excesos o abusos.
Debemos agregar que, en cuanto a la estructura policial, la remuneración disminuida o la deficiente seguridad social del funcionario policial ha llevado a varios a la utilización de su arma de fuego reglamentaria para cometer delitos y obtener beneficios que no logra con su labor como policía.
«Hacen patrullajes indebidos o criminales; el cobro de peaje o matraca; y esto es lo que pasa en profundidad por una política pública deficiente. Hay que hablar también del reciclaje de funcionarios por la falta de personal, sin importar la verificación de antecedentes penales», explica Carrera.
Otra cosa que el especialista no olvida mencionar es que hay bandas criminales que están retornando a Venezuela. Esta situación ha incrementado la modalidad del robo agravado, el hurto y arrebatos.
El flujo de dinero en efectivo en dólares también ha hecho que se eleven los robos, tanto en los sectores populares como en las zonas más acomodadas de Caracas y las grandes ciudades del país, donde la mayoría maneja divisas para sus transacciones.
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