Venezuela avanza en un año electoral en medio de una compleja relación con factores al margen de la ley. Varios expertos se juntaron para reflexionar sobre este tema de crucial interés
En diciembre, los principales voceros gubernamentales en materia de seguridad ciudadana afirmaron que los delitos y crímenes más violentos habían descendido 16,8% con respecto a 2022.
Esto sucedió en el mismo período en que los cuerpos uniformados ejecutaron intervenciones en siete internados judiciales, que hasta ese momento permanecían al margen del llamado “régimen”, es decir, el conjunto de normas implantadas por el Ejecutivo para la gobernanza carcelaria.
En un país signado por la opacidad, toda cifra suministrada desde los voceros gubernamentales debe llamar a sospecha. El propósito oficial, desde luego, no es mantener a la colectividad informada. De lo contrario, el acceso a las estadísticas de criminalidad sería irrestricto, tal y como sucede en otras latitudes, de manera que la propia gente pueda formarse una idea de lo que sucede y sacar sus propias conclusiones. Pero esta cifra, aunada a cierta “calma” en las grandes ciudades, pareciera rendir algún fruto propagandístico.
Aun si se parte de la premisa de que la criminalidad común disminuyó, no sabemos con certeza cuáles han sido los factores que pudieron incidir para llevarnos a ese resultado. En este espacio se ha insistido en que no se puede atribuir a una “política” en materia de seguridad, puesto que no existe. Al menos, no con las condiciones mínimas que permitan establecer alguna trazabilidad y, por ende, una evaluación de las ejecutorias.
Hay, sí, una sucesión de hechos públicos y notorios. En 2023, los más conocidos fueron las referidas intervenciones, inscritas en una operación denominada Gran Cacique Guaicaipuro. Y, previamente, la destitución del entonces ministro de Petróleo Tareck el Aissami, en medio de un escándalo sobre corrupción, bautizado por el propio régimen como Pdvsa-cripto.
¿Cuál será el impacto de estas decisiones sobre la delincuencia organizada en Venezuela?
Para analizar estos temas se llevó a cabo una interesante sesión virtual, organizada por el tanque de pensamiento InSightCrime. Participaron su director Jeremy McDermott; la profesora de la universidad de Massachusetts Lowell, e investigadora en cuestiones de políticas de drogas Angélica Durán; la investigadora del Indepaz Ligia Bolívar, y el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León. La discusión fue moderada por quien escribe estas líneas.
Desde luego, no se pretende aquí hacer una relatoría de las presentaciones. Los interesados las pueden encontrar en la página de InSightCrime. Más bien, en esta entrega se harán algunas reflexiones a manera de píldoras, sobre los aspectos más resaltantes.
El gobierno avanzó en su táctica de selectividad represiva. Atrás parecieran quedar las grandes redadas con el formato de las llamadas OLP (Operaciones Liberación del Pueblo). Se toma un bisturí para extirpar lo incómodo. Aún así, el resultado de las intervenciones resulta por lo menos sospechoso. En los casos de Tocorón y Tocuyito, por ejemplo, los líderes y sus principales lugartenientes ganaron las calles con suficiente antelación. Y más nunca los han visto. Tampoco parecieran desplegarse grandes esfuerzos para buscarlos.
Simultáneamente, se hacen más frecuentes las informaciones que refieren las actuaciones de megabandas venezolanas en el exterior, con el Tren de Aragua a la cabeza. Es posible que este no fuera un resultado deseado por el Ejecutivo. Pero está sucediendo.
Esta relación de amor-odio entre el Gobierno y ciertos operadores al margen de la ley es descrita por McDermott como propia de un “régimen híbrido”.
Llama la atención, por ejemplo, cómo se aplicó el garrote a las bandas enquistadas en siete cárceles, y mientras tanto nada se hizo con respecto a los colectivos (bandas de civiles armados, afectos al chavismo) que andan por las calles del país.
El doble rasero se pudo apreciar claramente en un reciente episodio, en el que un general y viceministro tuvo que acercarse a la sede de la policía municipal de Sucre para ordenar la libertad inmediata de catorce individuos apresados in fraganti cuando saqueaban un galpón, armados y provistos incluso de una grúa. Mientras tanto, sus correligionarios manifestaban encapuchados en la redoma de Petare. Nadie del Gobierno los tildó de guarimberos (manifestantes de la oposición que cerraban calles y avenidas, como los piqueteros, en Argentina).
Este hecho pudo ser visibilizado debido a la indignación ocasionada en las filas del cuerpo policial, que vieron cómo se desplomó un procedimiento del que claramente podrían desprenderse imputaciones por asociación para delinquir, porte ilícito de armas y hurto agravado.
Este es apenas un asomo de la permisividad con la que puede operar el Gobierno en ciertos contextos. Para el director de InSightCrime, se trata de una actitud que puede extenderse a otras actividades, más silenciosas y lucrativas, como el tráfico de drogas.
Mientras tanto, está en desarrollo una reconfiguración de la criminalidad organizada. Uno de los aspectos observados por Briceño León es que las extorsiones no han cesado. Por el contrario, se han extendido a buena parte del país, y ahora incluyen como perpetradores a grupos enquistados en la administración pública.
En Colombia, la producción de coca viene incrementándose desde finales de la administración de Iván Duque. Con Gustavo Petro, se ha acentuado. Los grandes centros de cultivo se encuentran al sur del vecino país, en Putumayo, y en la frontera oriental (Norte de Santander y Cesar) que da hacia Venezuela. De hecho, los cultivos ilícitos también abarcan al Catabumbo y otras extensiones de Zulia. Y desde la pospandemia se ha constatado la existencia de enclaves destinados a la fabricación de clorhidrato de cocaína. Es decir, el ciclo completo está en un mismo territorio, donde antes solo había siembras aisladas.
Pero esta es solo una pequeña expresión de un proceso más amplio. Según la oficina de Drogas y Delito de Naciones Unidas (Onudd), en su informe correspondiente a 2023, la producción mundial de este alcaloide subió en 35%.
¿Adónde va y por dónde pasa esta droga? Según McDertmott, el mayor interés actualmente está en los mercados europeos, pues pagan mejor por cada kilo. Allí cobra importancia el territorio venezolano, a través de tres grandes rutas. Una de ellas, por cierto, tiene su cabecera en el Delta del Orinoco, donde se está produciendo una concentración de militares, a propósito del reclamo por el Esequibo. Estos dos factores (mayor paso de drogas y presencia de militares) podría estimular el involucramiento de cuadros medios y bajos de la Fuerza Armada en el tráfico de psicotrópicos hacia el Caribe.
Luego, está la irrupción de nuevos grupos criminales en territorios de Centro y Norteamérica. Entre ellos, el Tren de Aragua. De acuerdo con la profesora Angélica Durán, estos individuos ávidos por explotar la bonanza estadounidense, intentarán abarcar cada vez más plazas, sin descartar la posibilidad de que se alíen con grupos ya establecidos, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La docente, sin embargo, advirtió que todavía es temprano para emitir un veredicto sobre la presencia masiva de los seguidores de Niño Guerrero. Es cuestión de tiempo para evaluar mejor la gravedad del asunto.
El año electoral plantea una compleja relación entre el régimen y los grupos armados no estatales. Entre otras razones porque está planteada la necesidad de encontrar recursos para el financiamiento de la campaña. Y en ello estas estructuras podrían jugar un rol fundamental. Esta es, por lo menos, la percepción de la investigadora Ligia Bolívar.
Los grupos armados que han logrado cierta permanencia en el país ya conocen los territorios donde operan. Entre ellos, destaca el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con presencia en todos los estados fronterizos con Colombia, y también en trechos limítrofes cono Guyana. Según Bolívar, hay evidencias de actuación de estos guerrilleros durante fechas electorales en por lo menos cuatro municipios.
“Se lleva a personas a la fuerza y se les obliga a votar por el oficialismo. Eso lo veremos en estas elecciones también”, advirtió.
Paradójicamente, la guerrilla fundada por el cura Manuel Pérez pareciera disminuir la frecuencia e intensidad de sus actuaciones en Colombia, tal y como lo anotó Angélica Durán. Esto podría sugerir un renovado interés por el control de territorios donde se pueden lograr mayores rentas ilícitas, como los del Arco Minero. Las riquezas en Guayana han posibilitado que esta organización llegue a alianzas puntuales con el frente Acacio Medina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los efectos de mejorar la explotación aurífera. Hay para todos, pareciera ser la premisa.
El panorama para este año en Venezuela resulta complejo. Incluso, la posibilidad de un cambio político en el país podría verse opacada por la actuación, pre y post electoral, de los factores señalados en estas líneas, quizá de manera muy superficial. De allí la necesidad imperiosa de pensar en alternativas encarar estos desafíos, sin caer en las tentaciones autoritarias, de moda por estos días.
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En las imágenes se observa a un grupo de militantes de este grupo insurgente, haciendo alcabalas y caminando en la misma zona donde estuvo Iván Duque el domingo para liderar un Consejo de Seguridad
