En su reciente informe, las Naciones Unidas calificó de "patrón" la captura en flagrancia de opositores al gobierno de Nicolás Maduro, a los que luego imputan calificándolos de terroristas, por encontrar explosivos y armas en allanamientos de dudosa legalidad. Recordamos algunos casos
«Son terroristas», «tenían armas en su poder», «les encontraron explosivos». Esas son algunas de las frases en las que el chavismo encuentra el justificativo fácil para encarcelar opositores y acusarlos de traición. Es lo mismo que aplicaron ayer, 28 de octubre, para acusar a Roland Carreño.
Las armas y explosivos de los «terroristas» los encuentran en allanamientos que rara vez cumplen los rigores legales. A veces se hacen sin orden judicial, con los lugares vacíos, con las personas que viven en ellos aisladas del procedimiento o con todas las anteriores. Estas irregularidades fueron plasmadas en el informe que las Naciones Unidas hizo sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.
Estos son algunos casos:
A este diputado del partido Voluntad Popular y opositor al gobierno de Nicolás Maduro lo han detenido tres veces, con distintos argumentos. La primera vez, en 2017, el recién estrenado vicepresidente Tarek El Aissami aseguró que Caro llevaba consigo «un fusil automático ligero, 20 cartuchos sin percutar y explosivo plástico (C4)». Y mostró fotos aunque no ninguna otra prueba.
Como se ve en el video, también lo acusaron de narcotraficante, homicida, «pran» de bandas criminales en las cárceles y de liderar terroristas.
En agosto de 2016, el entonces joven político y organizador del Movimiento Estudiantil Venezolano de 2007, fue apresado acusado de poseer «cordones detonantes» para explosivos. La información la dio el entonces primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.
En junio de 2017, la misma Fiscalía General de la República, afecta al chavismo, pidió su excarcelación.
En realidad, se le había expedido una boleta de liberación en enero de 2017, pero la policía política de Nicolás Maduro se negó a cumplirla.
A este abogado de confianza de Leopoldo López y Juan Guaidó lo apresaron en marzo de 2019. En esa oportunidad le tocó a Jorge Rodríguez, entonces ministro de Comunicaciones, imputarlo como parte de «células terroristas».
Aunque en esa oportunidad no se habló de explosivos, el funcionario del gobierno de Maduro sí dijo que «se prepararon entre ocho y diez equipos de mercenarios», para «asesinar a líderes chavistas, sabotear el metro y el teleférico de Caracas (…), provocar una huelga general (…) y finalmente asaltar Miraflores».
Según reportó El Estímulo en esa oportunidad, todas las presuntas pruebas presentadas eran difusas capturas de pantalla y audios de baja calidad. A Marrero lo liberaron el 31 de agosto de este año en un indulto masivo otorgado por Maduro a presos políticos.
Sobre el caso de este activista, los expertos independientes de las Naciones Unidas que documentaron la situación de Venezuela indicaron lo siguiente: «Por su parte, el exdirector del Sebin, Christopher Figuera, dijo que había recibido órdenes directamente del presidente Maduro para colocar armas en el apartamento del Sr. Marrero».
La excusa de los explosivos y el terrorismo también la han usado para tratar de borrar errores letales, como en el caso de Antonio López Castillo, a quien mataron de 18 tiros, incluyendo uno de gracia. Luego buscaron involucrarlo en el asesinato del fiscal Danilo Anderson. En un allanamiento a su casa, inmediato a la muerte y donde confinaron a sus padres a un salón, «encontraron» explosivos C4 debajo de los muebles de la cocina.
El C4 es un explosivo de alto poder, que en Venezuela es de uso exclusivo de la Fuerza Armada y que solo puede ser adquirido por militares. Por tanto, a ellos les es muy fácil tenerlo y transportarlo hasta donde necesiten que esté. Cómo los opositores obtienen tan difícil producto o a quién se lo compran, el gobierno de Maduro no lo explica.
En el más reciente informe de la Misión Independiente de las Naciones Unidas sobre violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, se registra esta práctica por parte de los organismos militares y policiales. Según los expertos de la ONU, consideran que es «un patrón» detener a la gente en supuesta «flagrancia», sembrando elementos que puedan perjudicarlos, incluyendo explosivos y armas.
«La Misión ha identificado un patrón según el cual los funcionarios del Sebin utilizaron la figura en flagrancia como base para realizar detenciones arbitrarias. Tiene motivos razonables para creer que la práctica fue sistemática.
Numerosos disidentes políticos presuntamente fueron detenidos en flagrancia a pesar de que no había delitos en curso, ni que se haya cometido en momentos antes (…).
En varios casos investigados por la Misión, víctimas o testigos alegaron que funcionarios del Sebin habían encubierto o falsificado información, incluida la siembra de elementos para justificar la detención e incriminar a las víctimas (…).
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