El informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela recomienda investigar penalmente a Nicolás Maduro y a 45 de sus principales ministros y colaboradores. Dos expertos consultados por El Estímulo analizan estos procesos lentos y engorrosos, donde los acusados se defienden con uñas y dientes.
La frase “luz verde para matar”, podría significar el principio del fin para un régimen autoritario de Nicolás Maduro que hasta ahora navegó entre la violación de derechos humanos y el reconocimiento de una parte del mundo. Sin embargo, Naciones Unidas que aún mantiene nexos con la actual administración en Miraflores, indicó en un informe que el régimen chavista pasó la raya y comete crímenes de lesa humanidad. Y eso casi nadie en los cinco continentes lo tolera.
Las actuaciones de la ONU en el mundo más bien se han hecho conocidas entre el gran público gracias a películas como “Hotel Ruanda”, o algún documental sobre la masacre de la etnia Tutsi con respaldo del gobierno hegemónico de Hutu en Ruanda a mediados de los años 90`s, conocido como el genocidio de Ruanda. Escenas de personas con machetes provistos por aquel gobierno, asesinando en las calles a otras personas del mismo país son imborrables y dolorosas para el mundo. Los muertos podían verse apilados en las avenidas, aceras, en los vecindarios, mientras alguien lloraba a alguna víctima con el miedo a cuestas de ser asesinado.
Se cree que un millón de personas, 70% de los Tutsi, fueron ejecutados, mientras que cerca de quinientas mil mujeres fueron violadas. Ni la misión de la ONU pudo parar aquella masacre durante unos 7 días aproximadamente.
Posteriormente, con los años pasando, el Consejo de Seguridad de la ONU creo el tribunal penal Internacional (TPIR) para los crímenes en Ruanda, donde fueron sentenciadas 15 personas entre políticos, civiles y militares. Algunos está presos, otros murieron y algunos continúan huyendo.
Nada está más lejos entre Venezuela y casos como el de Ruanda, o el de los crímenes cometidos en la guerra de los Balcanes, pero aquellos huracanes también comenzaron con un vuelo de mariposas, con un primer muerto.
Venezuela aún está a tiempo de parar lo que podría volverse un patrón de muertes selectivas, como identificó en el último informe de la ONU a los asesinatos ejecutados por funcionarios del Estado mandados por Nicolás Maduro en la llamada OLP, Operación de Liberación del Pueblo, (redadas a gran escala en barriadas pobres que dejaron decenas de muertos).
Desde 2017 el trabajo sucio lo cumple principalmente la Policía Nacional a través de la FAES (Fuerza de Acciones Especiales), responsable de unas 8.000 asesinatos extrajudiciales, según el Ministerio Público (Fiscalía).
Tanto el reciente informe de la ONU, como la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos piden disolver esta estructura de terrorismo de Estado que decide quien vive y quien muerte en barriadas pobres y zonas rurales de Venezuela.
En Venezuela en el año 2016, fueron detenidos y desaparecidos 35 hombres de manera deliberada por las fuerzas de seguridad del Estado en el estado Miranda. Nadie sabían donde estaban. Sus familiares buscaban en hospitales, morgues y módulos policiales, pero no había noticias. Posteriormente, 12 de los 35 ciudadanos, menores de 30 años todos, aparecieron enterrados en una fosa común en un cantera aledaña al pueblo de Barlovento, en el norte costero de Venezuela.
Dos de los cuerpos sin vida, y según la dirección de criminalística de la Fiscalía, tenían heridas por arma de fuego en el cráneo con trayectoria descendente, y los otros diez heridas en varias partes del cuerpo con un objeto filoso. Machetes. Los fiscales determinaron que, como el hueco que abrieron para enterrarlos era más pequeño que los cuerpos de los hombres, le cortaron las piernas con los machetes y luego los sepultaron, torso y piernas. Una masacre en Barlovento.
El abogado experto en derecho internacional Fernando Fernández, conocedor del sistema penal suscrito por 139 países en el Estatuto de Roma, aseguró que el informe de la ONU presentado este 16 de septiembre estamuy bien documentado, pero su alcance es limitado a rendir información en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.
Este Consejo, según explicó Fernández, en un equivalente al Consejo de Seguridad de la ONU, pero con competencias distintas. Los estados que forman parte del Consejo, discutirán el próximo 23 de septiembre este informe, y emitirán una opinión oficial por parte de cada gobierno, crítica, constructiva.
“Es decir, está pasando esto, eso no puede seguir ocurriendo y mi recomendación es la siguiente”, dijo Fernández sobre lo que podrían decir las naciones miembros.
“Imagínate lo útil que será este informe que los propios colegas de otros Estados, otros cancilleres, otros embajadores, le digan al Estado venezolano: ‘mira lo que está pasando’, ya hay argumentos fundamentados para un caso penal. Entonces el insumo de este documento va a tener utilidad inmediata para el Consejo de Derechos Humanos. Pero a su vez también se constituye en un insumo muy importante para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) lo tome en consideración”, explicó Fernández.
El jurista indicó que la CPI viene haciendo su investigación autónoma pero aún más limitada que la misión de la ONU que estaba destinada solo al caso Venezuela, mientras que la Fiscalía debe atender otros asuntos del mundo.
Aunque ya el régimen comenzó a descalificar el informe a través del canciller Jorge Arreaza y Diosdado Cabello, Fernández aseveró que aunque los miembros de la misión no estuvieron en Venezuela habrían utilizados técnicas forenses digitales que son muy eficaces.
3/3 Un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DDHH.
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 16, 2020
“Muchos expertos y víctimas colaboraron con ese informe y las información aportada fue verificada”, dice Fernández.
El hecho de que el propio Secretario General de Naciones Unidad, Antonio Guterres, haya salido al frente y enviara un mensaje al régimen de Nicolás Maduro, de que se “tomara en serio el contenido del informe”, es un espaldarazo al trabajo realizado durante un año por la misión.
Fernández piensa que algunos Estados parte del Estatuto de Roma acudirán a realizar una remisión al caso de Venezuela en la Corte, es decir se harán parte del proceso penal en contra del régimen de Maduro.
“Pienso que este informe va a dar pie, como ocurrió con el informe de la OEA, a que algunos países se animen a formular esa remisión en la Fiscalía”, aseveró Fernández.
Para el ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público en Venezuela, Zair Mundaray, quien colaboró con la misión de la ONU, el informe constituye un hito histórico desde el punto de vista del tratamiento del tema de los derechos humanos para la región en esta época.
Aunque otros informes de la ONU habían expresado que se cometieron y se están cometiendo violaciones a los derechos humanos en Venezuela, eso estaba claro, Mundaray piensa que este nuevo pronunciamiento va más allá y es más grave.
“El informe habla de la perpetración de crímenes de lesa humanidad, esto tiene una connotación muy importante que no había ocurrido antes, en ningún informe previo se había expresado antes de forma tan clara que en Venezuela se comenten crímenes de lesa humanidad, recogidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, dijo el ex fiscal.
Tras escuchar el resultado del informe y conversar con varios juristas y defensores de derechos humanos en Venezuela, todos, absolutamente todos, estaban gratamente sorprendidos por los señalamientos directos que hicieron los expertos de la ONU a funcionarios activos de la Administración Maduro.
Este añadido que sorprendió a todos, como dice Mundaray, es que “el informe establece responsabilidades individuales, indica de manera clara quienes pueden ser los autores de estos crímenes, hacen un señalamiento directo a Nicolás Maduro, Wladimir Padrino y a Néstor Reverol, como miembros o cabezas de esta estructura de poder que ha cometido una cantidad de hechos repudiables”.
Mundaray fue mano derecha de Luisa Ortega Díaz, la fiscal general destituida por Maduro y Cabello cuando esta abogada cercana al difunto Hugo Chávez denunció violaciones a los derechos humanos y asesinatos extra judiciales cometidos por la OLP y la FAES.
Hoy Ortega Díaz pide que Maduro sea juzgado como a Augusto Pinochet.
El artículo 7 del Estatuto de Roma establece los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional, cuales son los tipos penales que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad:
Mundaray también dejó claro que, aunque el documento presentado por Naciones Unidas no es vinculante, es un instrumento fundamental, que debería ser tomado en cuenta por la Fiscalía de la Corte para dar el paso siguiente: el inicio de la investigación penal y que se tomen medidas concretas de persecución penal, ordenes de captura, incautación de bienes u órdenes de comparecencia a los responsables. De allí la relevancia, señala Mundaray, del informe y su trasfondo.
Estos procesos a distancia siempre son complejos, dijo el abogado Fernando Fernández. Además, el gobierno de Nicolás Maduro está litigando, está respondiendo a los requerimientos de la Corte, es decir, se está defendiendo, de allí parte de la lentitud del proceso. Cuando la Fiscalía de la Corte pasó al “examen preliminar” del caso Venezuela hubo 118 comunicaciones, ¿cuántas de esas eran del gobierno de Maduro? se preguntó Fernández, queriendo explicar que el gobierno hace seguimiento y se defiende.
“La técnica que está utilizando el gobierno es la de enredar, confundir. Entonces, parte de la dificultad que ha tenido la Fiscalía, aparte de no poder estar en el sitio, es qué corresponde a qué cosa o situación de las que va obteniendo información», manifestó Fernández.
«Si nosotros aquí en Caracas somos víctimas de fake news, desinformación, censura, imaginemos cual puede ser el problema para descifrar todo allá en La Haya, a distancia, cuando en sitios oficiales del gobierno borran información, hackean cuentas. Entonces, es importante este tipo de documentos realizados por la ONU con técnicas digitales de compilación de información certificada, con una única tarea del caso Venezuela, y no como la Fiscalía, que tiene múltiples casos de que ocuparse”, explicó.
Fernández cree que los “interesados” han “embasurado” la información que llega a la Fiscalía de la Corte, y esto hace más difícil y lento el proceso penal.
El estándar que exige la CPI para considerar un crimen como “de lesa humanidad”, es que no exista un quiebre en la cadena de mando con el hecho y los ejecutores del resultado final. Es por ello que, lo que recoge el informe de la ONU es tan importante. La misión de expertos independientes dio cuenta de que no se trata de ataques aislados contra la población civil, sino que hay una política, una sistematicidad, en las agresiones, por lo tanto hay conocimiento de lo que estaba sucediendo por parte de los jerarcas o cabecillas.
Según la misión en su informe, hubo funcionarios activos y otros que ya no están con el régimen, que aseguraron que Nicolás Maduro dio ordenes directas al director de la policía política Sebin para ir contra un objetivo, y para ellos se contó con recursos, información, medios para cumplir con esta orden. No hubo ruptura en la cadena de mando.
Como dice el informe de la ONU, el hecho de detallar solo algunos casos de violaciones a los derechos humanos no quiere decir que las demás personas no hayan sufrido los mismos abusos. Recordamos, con la documentación original, cuatro de estos casos
Dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la crisis que se vive dentro de Venezuela es un tema imposible de esquivar por los representantes de Estados que toman el podio. Culpar a Nicolás Maduro de la crisis y clamar por una movida conjunta para lograr la “estabilización” del país petrolero es la constante. Y pese a una presunta intervención extranjera comandada por Estados Unidos, como lo afirma el canciller Jorge Arreaza, hay algo que sí queda claro: Venezuela está, más que nunca, en la lupa internacional
La contundente evaluación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que registra las violaciones en Venezuela, podría traer complicaciones para el régimen chavista. El documento emitido por la expresidenta chilena tiene varios destinos, quizá el más emblemático es la Corte Penal Internacional
