El Ministerio Público basa su acusación en reuniones que califica de “conspirativas” donde supuestamente habían participado diez oficiales, la mayoría del componente Aviación en el año 2014. Cuando los oficiales fueron arrestados por la División de Contrainteligencia Militar, varios de ellos manifestaron haber estado presentes en dichas reuniones, es en ese momento que se activa el sistema de justicia penal militar.
Tres militares hicieron la denuncia de estas reuniones, supuestamente para conspirar. Uno de ellos sería un Teniente de apellido Coronel.
Los detenidos en abril de 2014 son: Coronel del Ejército (retirado) José Gregorio Delgado, Mayor de la Aviación César Orta Santamaría, Mayor de la Aviación Víctor José Ascanio, Capitán de la Aviación Laired Salazar, Capitán de la Aviación Andrés Thomson Martínez, Capitán de la Aviación Adolfo Neri Cordoba, Capitán de la Guardia Nacional (retirado) Juan Carlos Nieto Quintero, Teniente Coronel de la Aviación Ruperto Chiquinquira Sánchez y General de Brigada Aviación Oswaldo Hernández Sánchez.
Estos oficiales fueron detenidos la primera semana del mes de abril del año 2014, los llevaron a la DCIM, donde según su representante legal abogado Alonso Medina Roa fueron torturados antes de presentarlos en los tribunales penales castrenses. Según el jurista no existen elementos tangibles para enjuiciar a estos oficiales, de hecho, afirma que para el momento que se dieron estas reuniones, todo el parque aeronáutico militar estaba desactivado. “No hay un hecho cierto, concreto, que determine que esos oficiales habían generado algún clima para movilizar aeronaves o tropas militares”, indicó Medina Roa.
No hay grabaciones, no hay documentos escritos, sólo existe la denuncia de tres oficiales que afirman haber estado en reuniones donde supuestamente se planea atentar contra el hilo constitucional.
Recientemente, el 17 de febrero de 2015 se hizo pública una carta que supuestamente envió la Capitán Aviación Laired Salazar, quien esta presa en Ramo Verde desde abril de 2014, por supuestamente haber participado en las reuniones que, según la Fiscalía Militar, se hicieron para atentar contra el gobierno constitucionalmente constituido. Un fragmento de su misiva pública sería el siguiente: “Son tiempos de cobardías y bastardías donde se ha tomado el camino tortuoso y grotesco de la opresión, de atropellos, abusos, violación de los derechos humanos y una nueva maniobra, la de mentira e infamia, todo esto engloba a este régimen de Apartheid que estamos viviendo en nuestros país”.
Otro miembro de la Aviación, El general Oswaldo Hernández está acusado por el delito de “Instigación a la rebelión y contra el decoro militar”, porque los denunciantes manifiestan que éste había participado en unas reuniones de carácter conspirativo y que él de cierto modo lideraba esa agrupación. Hernández Sánchez fue viceministro de Educación para la Defensa y comandante de la base aérea José Antonio Páez.
Por su parte, El Capitán Juan Carlos Nieto Quintero está siendo procesado por una conversación que tuvo con su hermano vía telefónica, otro militar retirado Capitán de la Guardia Nacional Javier Nieto Quintero quien se encuentra asilado en los Estados Unidos. Javier Nieto supuestamente le refería en esa conversación que tuviera contacto con otro oficial de la Guardia Nacional de apellido Caguaripano. En la acusación de la Fiscalía Militar no dejan asentado que hubiese algo ilícito en esta conversación.
Para el Ministerio Público Militar, Javier Nieto Quintero le dio una orden a su hermano Juan Carlos de reunirse con el Capitán Caguaripano y transmitirle alguna información.
Vale resaltar que Javier Nieto Quintero fue juzgado por el caso de la Finca Daktari en 2004, donde detuvieron a 153 supuestos paramiliatres colombianos que planificaban el asesinato del presidente Hugo Chávez. A este Capitán retirado pretendieron involucrarlo en otro caso de rebelión y decidió irse a los Estados Unidos donde le otorgaron asilo.
Existen alrededor de 40 órganos de pruebas contra estos oficiales, que está presentando la Fiscalía Militar. Lo más grave que ha ocurrido hasta ahora según la defensa de los oficiales, es que se constituyó un “Concejo de Guerra Accidental”, violentando el principio del juez natural. “Toda persona debe ser juzgada por un tribunal previamente constituido conforme a la ley”. Esto quiere decir que, se hizo un tribunal especial para juzgar a los referidos militares, lo que por supuesto genera dudas en cuanto a su imparcialidad y equilibrio.
Alonso Medina Roa denunció en la Corte Marcial el evidente retardo procesal en este caso, pues se va a cumplir un año y recién comienza la fase de juicio. “En la jurisdicción penal militar, el retardo procesal cuando es imputable a un funcionario de justicia militar, es penalizado, de acuerdo al Código Orgánico de Justicia Militar. Nosotros hemos solicitado una investigación en contra de la juez de control que llevó ese caso por haber incurrido en retardo procesal sin haber planteado argumento alguno por haber generado tal retardo”, indicó el jurista experto en derecho militar.
Este grupo de oficiales activos y retirados detenidos hace 11 meses, en abril de 2014, estarían supuestamente relacionados con los que nombró el pasado mes de febrero de 2015 el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y que formarían parte del llamado “Golpe Azul”: Héctor Noguera Figueroa, José Suarez, Maximiliano Hernández Vásquez, César Pérez, Wilfredo Castillo, Henry Salazar (detenido), Miguel Salazar, Carlos Esquera (detenido), Jafre de Jesús Trejo, José Antich (detenido) y quien sería el encargado de los contactos con la embajada de los Estados Unidos para el asilo.
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