La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, desmintió que Hernán López Ortuño se haya fugado de la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros en el estado Guárico.
Así lo informó la máxima autoridad del Ministerio Público, este miércoles luego de un acto de inutilización de 231 armas de fuego realizado en la plaza Parque Carabobo de Caracas.
En este sentido, Ortega Díaz manifestó que la persona que divulgó esa falsa información pretende crear zozobra en el país.
López Ortuño recibió una condena de 30 años de prisión por su responsabilidad en la muerte del exgrandeliga Gustavo Polidor, ocurrida el 28 de abril de 1995.
López Ortuño fue condenado por ser coautor en el delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo en perjuicio del beisbolista. Asimismo, por robo agravado y privación ilegítima de libertad en detrimento de una mujer y un grupo familiar, acción perpetrada por el hoy condenado el 15 de abril de 1996.
En ese último hecho, ocurrido en unas residencias de Terrazas del Ávila, una situación de robo se convirtió en una escenario de rehenes que provocó la muerte de una de las dos mujeres retenidas, que habrían sido secuestradas en Chuao, municipio Baruta del estado Miranda.
Actualmente, el hombre se encuentra cumpliendo su condena en la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros.
En una nueva entrega a cuenta gotas, el corresponsal de la agencia de noticias AP en Miami revela que Luis Ortega Díaz es la funcionaria señalada por el empresario Carlos Urbano Fermín (preso y bajo juicio en Estados Unidos) en un oscuro caso de cobro de sobornos.
Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal chavista convertida en acérrima crítica del régimen que encabeza Nicolás Maduro, denuncia que se mantienen las amenazas y ataques contra su vida y su libertad, por lo que decidió abandonar Colombia y trasladarse a España y solicitar asilo.
Fuentes judiciales recapitulan los cargos por al menos 505 casos de asesinatos, tortura, represión, persecución sistemática de opositores, violación del hogar de los que se responsabiliza directamente a Nicolás Maduro y a cuatro de sus estrechos colaboradores militares, según la demanda que después de tres años apenas avanza en la Corte Penal Internacional, en La Haya y que fue impulsada por varios gobiernos americanos.
