El magistrado de la Sala Constitucional, Francisco Carrasquero, convocó una recolección de firmas por parte de los jueces penales del país, con el propósito de formalizar una petición de destitución de su colega Maikel José Moreno Pérez como magistrado de la Sala Penal del TSJ, revelaron a El Estímulo fuentes judiciales vinculadas al Tribunal Supremo de Justicia,
Moreno Pérez fue designado en el cargo de magistrado de la Sala Penal el año 2014, y su llegada al más alto tribunal del país ha generado mucha incomodidad en el tribunal debido a su cercanía con el entorno del Presidente Nicolás Maduro, según las fuentes.
La designación de nuevos magistrados en 2014, ha supuesto una división en el seno del TSJ, pues los Magistrados más antiguos, como Carrasquero, sentirían amenazada su situación de poder en el sistema judicial.
Un funcionario de la Sala Penal, que prefirió el anonimato, confirmó que Moreno Pérez ordenó revisar las credenciales profesionales de los jueces penales que suscribieron la petición de destitución y propondrá a la Comisión Judicial que se dejen sin efecto los nombramientos de esos jueces, pues en su mayoría son jueces interinos o provisorios.
Igualmente estarían indagando si en este caso está la mano del «Magistrado 33», esposo de una influyente Magistrada del TSJ.
La lucha por el poder se ha intensificado luego que Moreno Pérez habría prohibido a todos los jueces penales de la República ejecutar ordenes impartidas por Magistrados de otras salas del TSJ, sin previamente efectuar la consulta del caso con la Sala Penal, una práctica que ya se había hecho común en el poder judicial.
En país donde la crisis económica ha barrido el ahorro familiar y el valor de los ingresos fijos, la morosidad en las cuotas de los condominios se dispara y afecta la convivencia y la condiciones de vida en espacios comunes. Estas son algunas propuestas viables.
El peligroso escenario Nicaragua despunta en el horizonte de Venezuela. Según los politólogos John Magdaleno y Ramón Guillermo Aveledo, esto traería una profundización de las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos, y a nadie le convendría esto, ni al régimen ni al resto de los venezolanos.
Aunque el gobierno ha insistido en que habrá elecciones presidenciales este año, eso lejos de dar certezas alimenta la incertidumbre dada la ausencia de una fecha precisa, la falta de garantías para asegurar unos comicios confiables y, especialmente, es una incógnita la estrategia que seguirán María Corina Machado y la Plataforma Unitaria
