Venezuela
Según el expediente, el ciudadano de nombre Junior José Varela Aranguren supuestamente perteneciente al Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional y quien presuntamente había actuado como agente encubierto, se presentó ante la juez quinta del estado Miranda, acogiéndose al principio de oportunidad, para declarar sobre el caso de la avioneta que salió del aeropuerto Caracas, en Charallave, con 450 panelas de supuesta cocaína y que aterrizó en República Dominicana a las 9 de la mañana del 17 de marzo de 2015. Según fuentes judiciales tres días después de este acto jurídico, el militar desertó del referido cuerpo castrense.
Después de esta declaración ante el tribunal, Varela Aranguren, quien se presentó con un abogado privado y no como funcionario del Comando Antidrogas, debió quedar detenido y no lo está, es decir, tampoco fue imputado, ni será testigo del juicio. Según fuentes de tribunales, el colaborador habría dicho que en la operación le ofrecieron 120 mil dólares. Junior Varela aparece registrado en el CNE como residente del estado Nueva Esparta, en la parroquia Punta de Piedra, sector Laguna de Raya, calle La Cancha. Ni siquiera está detenido por delito militar.
Por otra parte, el Ministerio Público no presentó antes o durante la audiencia preliminar los exámenes practicados en República Dominicana, a la sustancia comisada que supuestamente provenía de Venezuela. La fiscalía había pedido estas rogatorias a sus pares dominicanos pero, al parecer no han llegado al país y aun así, acusaron al presidente de la empresa de espectáculos Juan Carlos Araujo Durán y al comerciante Juan Jacinto González por ser presuntos financista en el delito de tráfico de drogas. Es decir, los fiscales habrían acusado sin tener las pruebas en las manos sobre que sustancia se incautó.
Cabe destacar que, hasta que no lleguen los resultados de estas pruebas a Venezuela, no debería empezar el juicio.
Los otros acusados son los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, el teniente Richard Sánchez y los sargentos Pablo José Gil Loyo y Omerly Salcedo, quienes fueron acusados por el delito de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, Mientras que Luis Hurtado a quien vinculan como socio de Araujo y las empleadas de la mencionada empresa de espectáculos Mariflex Manzanilla, Carolina Pérez y Zoraimy Araujo les fue ratificado el delito de legitimación de capitales. A todos se les imputó el delito de asociación para delinquir.
“Esa experticia técnica nunca ha estado en el expediente que es la del pesaje y el saber cuál fue la sustancia que se incautó en la avioneta en República Dominicana, no consta en los auto y la juez 5ta de control de los Valles del Tuy admitió la acusación”, afirmó el abogado de Luis Hurtado, Gustavo Castro.
Según el jurista, los fiscales 3 y 27 nacionales, en ningún momento en la audiencia preliminar establecieron cual fue el nexo entre Araujo, González con Hurtado. “El código es muy claro, tú tienes que hacer una relación sucinta de los hechos y después traspolar esa conducta al ordenamiento jurídico, eso es lo que te va a dar a lugar si la persona tiene algo que ver o no con el hecho que se investiga”, argumentó Castro.
La defensa de Luis Hurtado, para tratar de desacreditar la acusación por el delito de legitimación de capitales, mostró como Hurtado compró sus viviendas y vehículos, según Castro con préstamos bancarios inclusive, al día de hoy, su última propiedad todavía debe cancelarla al banco de Venezuela hasta el año 2020.
“Nosotros demostramos durante la investigación que el señor Luis Hurtado Arévalo, todos los bienes que adquirió durante los últimos 20 años, los adquirió con dinero proveniente de actividades lícitas, de su trabajo el comercio y créditos hipotecarios. Compró un apartamento en San Martín, luego vendió y compró uno en Los Samanes, luego vendió éste y se compró un terreno, después el terreno lo vendió con la plusvalía y con un crédito hipotecario compró la casa en la lagunita; en el caso de las empresas se demostró que todo el dinero con que se hacia la actividad a parte del giro comercial diario, eran con créditos provenientes del banco Mercantil y otras entidades financieras. Todo eso está en el expediente y aun así el Ministerio Público lo acusó”, dijo Gustavo Castro.
Para los abogados de Hurtado, el sólo hecho de haber estado asociado con Juan Carlos Araujo en unas empresas, es la única prueba que tienen los fiscales para acusar a su defendido por lavado de dinero y asociación para delinquir.
