El asalto el día 1 de octubre de 2015 a las 5:30 de la tarde. El comunicado relata los sucesos:
«Alvarado regresaba de buscar a su hijo en el colegio. Al ingresar al edificio donde reside tres hombres lo interceptaron y con armas de fuego 9 mm los sometieron hasta hacerlo ingresar a su vivienda. Una vez allí, Alvarado y su hijo fueron amarrados mientras los hombres sustraían dos computadoras portátiles, una tableta, dos teléfonos, dinero en efectivo y una cámara fotográfica. Esta situación se prolongó por unos 40 minutos. Alvarado fue golpeado en la cabeza y, aunque está fuera de peligro, ingresó a un centro médico para ser suturado».
Medidas cautelares
Provea y Alvarado pidieron el otorgamiento de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al hostigamiento e intimidación por parte de altos funcionarios del Estado venezolano como el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Ellos afirmaron que Alvarado está vinculado con el paramilitarismo colombiano, el recibimiento ilícito de divisas y actos de naturaleza conspiradora y desestabilizadora.
No existen suficientes elementos para asociar estos hechos a las constantes amenazas por parte de los altos funcionarios en medios estatales contra Marino Alvarado. No obstante, tampoco se puede afirmar lo contrario, pero el Estado tiene la obligación de investigar y establecer las responsabilidades de estos sucesos, demanda el texto divulgado.
Estas son las exigencias por parte de la coalición El Foro por la Vida, que incluye al Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y Espacio Público:
1.- Que se adelante, por parte de las autoridades, una investigación eficaz que permita esclarecer estos hechos, establecer las responsabilidades materiales e intelectuales; y que los responsables sean sancionados de acuerdo a las leyes nacionales .
2.- Que el Estado venezolano garantice a los defensores y organizaciones de derechos humanos la posibilidad de continuar labor sin miedo a represalias, descalificaciones públicas por parte de altos funcionarios y ataques a su integridad personal.
3.- De igual modo, las organizaciones que suscriben este pronunciamiento hacemos responsables a las autoridades del Estado Venezolano por la protección de la integridad física y moral, vida y libertad de Marino Alvarado y su familia.
El Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, también rechazó los actos de violencia en contra del excoordinador de Provea vía Twitter. :
