¿Qué esperamos de la nueva Asamblea Nacional?

«Estamos en adviento, tiempo de espera ¿cómo leer en este tiempo nuestro acontecer nacional? Este editorial es escrito antes de las elecciones parlamentarias del 6D. Un hecho tan importante en nuestra vida política genera una mezcla de incertidumbre y esperanza. ¿Cuál será el desenlace? No lo sabemos, pero, como hombres y mujeres de fe que apostamos por el país, esperamos que la mayoría de los venezolanos haya votado consciente y responsablemente en estas elecciones.

Creemos que una nueva composición de la AN favorecería el inicio de un diálogo constructivo que ponga el bien común en el centro del debate. Esperamos que los representantes electos sean hombres y mujeres capaces de asumir la responsabilidad de legislar a favor de la recuperación del país; que no se aferren a su cuota de poder, ni a trincheras ideológicas e intereses mafiosos.

Aspiramos a que se recupere el peso institucional de la AN y se pueda ir caminando al restablecimiento de la tensión y control de poderes tan necesarios para la convivencia democrática. El país está en juego: o dialogamos o terminaremos en la calle ciega de la violencia. Es importante aprender de la experiencia salvadoreña y colombiana: la guerra no es el camino. Nuestra apuesta es por el diálogo y la negociación en contra de cualquier salida fratricida. Una an que recupere su misión es clave para encaminar al país en esta dirección.

El solo hecho de que los parlamentarios electos se tomen en serio la triple función que le asigna la Constitución de la República de representar, legislar y controlar, resultaría una novedad histórica invalorable en esta hora incierta que vivimos.

Representar

Las elecciones parlamentarias no son una elección, son 114 elecciones. Significa que el parlamento, como institución, es un foro de representantes. Por tanto, ahí deberían estar expresados los intereses de los electores por circuitos, regiones y, también, los intereses de los distintos sectores del país. Desde hace años el parlamento no ha hecho otra cosa que inhabilitarse a sí mismo y entregar su poder al Ejecutivo a través de las sucesivas leyes habilitantes. También ha avalado, complacientemente, los nombres propuestos por el Ejecutivo para el Poder Ciudadano (defensor del pueblo, fiscal general y procurador general), el Poder Judicial y los rectores del Poder Electoral, entre otros. En consecuencia, en estos últimos años, la an ha perdido su autonomía, legitimidad y representatividad.

Hoy más que nunca necesitamos un ejercicio auténtico de representatividad política, porque desde el Poder Ejecutivo no solo se ha minado, de facto, la institucionalidad de la Asamblea Nacional, sino también, desde la hegemonía comunicacional con su aparato propagandístico, se ha anatematizado la democracia representativa señalándola de contraria a los intereses de la ciudadanía, exaltando los méritos de la llamada democracia participativa y protagónica (dpp), inyectando la consigna ideológica en muchos venezolanos de a pie: “A mí nadie me representa, yo mismo me represento”. La dpp, entendida así, es un mito al servicio de quienes controlan el poder del Estado. Bien sabemos que el ciudadano común, por mucho que desee, en el mejor de los escenarios, no tiene ni los tiempos ni las energías para ejercer en todas las esferas de la vida la participación, entendida esta como gestión administrativa de lo público. El ciudadano no es un funcionario público por lo que requiere designar representantes que velen y sean servidores de sus legítimos intereses. La participación de la ciudadanía organizada es sobre todo para crear cohesión social y convivencia simbiótica y, desde su autonomía, controlar y monitorear la gestión pública, en ningún momento sustituir al Estado.

Sabemos, por experiencia propia, que la dpp del llamado socialismo del siglo xxi, tal como está concebida, ha sido una estrategia para mantener bajo el control del partido de gobierno las instancias de participación comunitaria, que por su misión deberían ser autónomas. El Gobierno, con su maquinaria aceitada con los recursos del petroestado, mantiene asalariados de la participación al servicio del partido y de su proyecto revolucionario, con el objeto de copar los espacios de participación con sus militantes. Esta dinámica de control se refuerza en los modos asamblearios de elección; especialmente en las comunidades donde todos se conocen y se aplica coacción por vía de presión social.

Por todo esto, consideramos que el carácter representativo de la democracia, aun cuando insuficiente, ha de ser potenciado y la an tiene una alta responsabilidad en esta materia, pues la representación es una de sus funciones básicas. Un buen ejercicio de los asambleístas rehabilitaría, entre otras cosas, la legitimidad de la representación política tan necesaria para que haya institucionalidad democrática y gobernabilidad.

Legislar

Un ejercicio auténtico de ciudadanía que obligue a los diputados electos a no olvidar su función de representar, sería de mucha ayuda para que el ejercicio de legislar esté precedido por debates sobre los asuntos públicos más vitales, dando a luz leyes orientadas a atender el bien común, poniendo el país en el centro. La gestión de la an que está por concluir, cuando ha legislado, lo ha hecho, en la mayoría de los casos, atendiendo al proyecto político del partido de gobierno y de espalda a las necesidades reales del país. Hoy, las regiones y todos los sectores del país, especialmente el productivo, están pidiendo a gritos un mínimo de seguridad jurídica que genere certidumbre para superar la crisis. Unas leyes enmarcadas en la Constitución y producto de los debates acerca de los problemas reales del país, sería una señal clara de la nueva an para recuperar la confianza y la institucionalidad. Por ejemplo, sin estabilidad jurídica no habrá inversión destinada a la recuperación del aparato productivo, y sin la rehabilitación del aparato productivo no habrá productividad ni salida a la crisis. Las leyes, con sentido de país, son necesarias para recuperar la confianza.

Controlar

La erosión de la institucionalidad ha traído como consecuencia un crecimiento alarmante de la impunidad. Nos urge recuperar la justicia y la transparencia en la gestión de los asuntos públicos. La an debería basar su triple función en la investigación, seguimiento y fiscalización, por lo que el acceso a la información pública es condición necesaria para ejercer control sobre el Gobierno y la administración pública nacional. También le toca, entre muchas otras cosas, discutir y aprobar el presupuesto nacional; aprobar por ley los tratados y convenios internacionales y velar por su cumplimiento; autorizar el nombramiento del procurador y jefes de la misión diplomática; nombrar a las autoridades del Poder Ciudadano (fiscal, contralor, defensor); magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y rectores del CNE entre otros. Todos sabemos que la mayoría de quienes hoy están al frente de estas instituciones son abiertamente militantes del partido de gobierno y sus nombramientos, viciados, se han hecho desconociendo los canales y procedimientos regulares.

Esperamos que nuestro voto responsable y el ejercicio activo de la participación ciudadana en los asuntos públicos incidan en la Asamblea Nacional electa; de modo que la misma sea un lugar desde donde podamos apalancarnos para encaminarnos con paciencia hacia la superación de la crisis. El camino es largo, pero hay que recorrerlo. “El pueblo que caminaba en tinieblas, vio una luz” (Mt 4,16).