Gobierno y oposición: Cómo maximizar el mínimo acuerdo posible

Ante la aplastante derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones del 6-D, el presidente Nicolás Maduro está emplazado a enviar una rápida señal de rectificación, comenzando por el reconocimiento de los errores cometidos en materia de política económica que deben ser corregidos.

El pueblo habló duro en las parlamentarias y el descontento popular todavía es muy grande. Las cosas elementales de la vida cotidiana -como conseguir un rollo de papel higiénico, un jabón, un paquete de harina- se han convertido en una proeza de supervivencia, en una hazaña cotidiana  y la gente no quiere resignarse a semejante calamidad. Por eso votó como votó y le dio una abrumadora mayoría a la oposición en la AN.

Si el Gobierno quiere resultados diferentes tiene que comenzar por instrumentar políticas y estrategias diferentes. Pero en lugar de reconocer el peso que tuvieron las desviaciones y errores de su política, se empeña en atribuir este resultado adverso a una guerra económica que el mismo propició con sus incentivos perversos a la especulación y el contrabando, y que pudo haber ganado si hubiese aplicado a tiempo los correctivos necesarios.

La narrativa de la guerra económica luce cada vez más agotada. La apuesta por destruir la economía capitalista, sin haber creado antes una economía socialista eficiente y productiva, terminó siendo el atajo perfecto que desembocó en la actual crisis de caída de la producción, desabastecimiento, acaparamiento, especulación e inflación, todo lo cual tuvo un alto costo político para el Gobierno.

Pareciera que el Gobierno no termina de entender que son los incentivos perversos de su propia política económica los que estimulan la caída de la producción, la escasez, el contrabando y la especulación, incluso por parte de las masivas redes de buhoneros que no son enemigos políticos del gobierno, sino que ven en las distorsiones de la política económica la oportunidad de lucrase y obtener beneficios.

La incoherencia de la Oposición

Una y otra vez hemos escuchado a la oposición criticar un régimen cambiario que estimula las importaciones baratas que desplazan la producción nacional, cuestionar el precio de la gasolina que atiza el contrabando, criticar un rígido control de precios que condena a sus empresas a sufrir pérdidas, y atribuir a los exagerados subsidios un fuerte peso en el déficit fiscal.

Pero esa misma oposición que ha exigido corregir las distorsiones cambiarias, fiscales, monetarias y de precios, tan pronto como el gobierno asomó la posibilidad de introducir correctivos, inmediatamente cuestionó la eliminación y flexibilización de los controles que antes exigían, acusando al gobierno de tramar una nueva devaluación y liberación de precios, un  “paquetazo rojo”, que empobrecería aún más a la Nación.

Atrapado en sus creencias limitantes que lo mantienen en la inercia, el gobierno cayó en el juego de la oposición y le atribuyó un costo político a los correctivos que más bien hubiesen podido evitar el descalabro que sufrió en las elecciones parlamentarias. Mantuvo un régimen de cambios múltiples que sigue siendo aprovechado por los especuladores y corruptos que capturan los dólares baratos de Cencoex y Sicad para luego venderlos más caros en el paralelo; mantiene un precio de la gasolina que arruina a Pdvsa y es el principal incentivo al contrabando de extracción; y, refuerza un ineficaz control de precios que ahoga a la producción, pues nadie vende a un precio menor que el costo.

El gobierno luce paralizado por sus contradicciones internas y por la manipulación de los profetas del desastre de izquierda y derecha que no se cansan de anunciar un antipopular programa de shock. La oposición, en lugar de asumir un liderazgo propositivo favorable a la adopción de las medidas para superar la crisis, se empeñó en una guerra de desgaste que -si bien le dio los frutos electorales que esperaba-, no contribuye para nada a resolver y superar la grave crisis económica que azota al país.

Tanto en el discurso económico del gobierno como en el de la oposición, el razonamiento está al revés. Hasta ahora, la lógica mezquina de  minimizar el costo político y maximizar la rentabilidad electoral es lo que se ha impuesto en contra del interés nacional. Justamente, esto es lo que no ha permitido adoptar las medidas cambiarias, fiscales, monetarias y de precios que están al alcance de la mano para corregir los problemas que desestimulan la producción y agravan los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que tanto malestar causan en la población.

Así, prevalece la inercia que deteriora y desmantela los mecanismos básicos de funcionamiento de la economía y desata viento a favor para convocar un referendo revocatorio. Pero ante el severo deterioro en marcha, un eventual gobierno de la oposición se vería obligado a tomar -en el primer mes-, medidas tan antipopulares que provocarían una crisis de gobernabilidad de enormes proporciones que les impediría mantenerse en el poder.

Maximizar el mínimo acuerdo que sea posible

El país entero clama por un gran acuerdo nacional que permita superar los graves problemas de  escasez, acaparamiento y especulación que azotan a la población. A la luz de los irrefutables resultados en las parlamentarias del 6-D, el oficialismo tiene que asimilar semejante derrota y tendrá que aprender a gobernar con una AN que estará mucho más vigilante y será más exigente que el anterior parlamento dominado por el partido de gobierno.

Lo peor que puede pasar para las expectativas de un pueblo que se pronunció para que su precaria situación mejore, es que estalle un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Dialogar significa negociar y negociar significa reconocer al otro, significa ser capaces de sustentar y priorizar la reconciliación social, procurando maximizar el acuerdo mínimo posible.

La oposición que optó por la vía electoral y no está pensando en salidas violentas, si quiere alimentar sus esperanzas e ilusiones de gobernar en un clima de paz social, debe contribuir a sanear la economía. Por eso tiene que evitar que su euforia triunfalista se desboque y -en lugar de facilitar la reactivación de la economía-, embarquen al país en el irreparable desgaste de un referendo revocatorio. Esto agravaría la inercia gubernamental, toda vez que el oficialismo se enfocaría en mantenerse en el poder y pospondría una vez más la adopción de las urgentes medidas económicas que se requieren. Aun cuando la inacción del gobierno facilite el triunfo de la oposición, ésta recibiría un país a las puertas de una crisis de gobernabilidad. Por lo tanto, la oposición tampoco podría gobernar en un clima de paz social.

Para el gobierno, la solución de los problemas económicos que obstinan a la población le daría una mayor esperanza de vida y despejaría la amenaza de un referendo revocatorio.  Una postura sensata de ambas partes llevaría a retomar el diálogo político para acordar un Gobierno de Unidad Nacional, con un programa básico que detenga el deterioro. De allí la conveniencia para ambos de crear los consensos para sincerar el precio de la gasolina, unificar el régimen de cambios, aprobar la reforma fiscal, retomar la disciplina monetaria y reorientar los incentivos de política económica en favor del aparato productivo nacional.

Concluido el proceso electoral, la nueva mayoría en la AN está llamada a generar los mandatos necesarios que rompan la inercia del gobierno. Significa dejar de satanizar las medidas que tienen un efecto positivo para sanear la economía y, en lugar de oponerse, más bien facilitar su aplicación. Esto tendría un impacto positivo sobre la mayoría de la población, toda vez que no se trata  de un ajuste antipopular que genera pobreza y exclusión, sino de corregir los errores de la política económica que han causado tanto malestar y ponen en peligro la gobernabilidad. A la luz de este acuerdo básico para garantizar la gobernabilidad económica, al menos estas diez  leyes se debería reformar y adecuar en el transcurso del año 2016:

1. Ley de Promoción y Protección de Inversiones para garantizar los derechos de propiedad y la seguridad jurídica que requiere todo aquel que vaya a arriesgar su capital o el de sus accionistas.
2. Ley del Trabajo que sustituya la estabilidad absoluta por la estabilidad numérica, combata el ausentismo y el relajamiento de la moral del trabajo, propia de una economía rentista que espera vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo.
3. Ley Orgánica de Precios Justos que lejos de contribuir a derrotar la especulación y la inflación ha impuesto rígidos controles que congelan el precio de venta del producto final pero deja liberados los costos de las materias primas, insumos, fuerza de trabajo, etc., los cuales crecen de manera incesante hasta superar el precio controlado y generan pérdidas que desestimulan la producción y agravan los flagelos de la escasez, el acaparamiento y la especulación.      
4. Ley del BCV para retomar el espíritu original de los mandatos constitucionales en cuanto a la autonomía del BCV en la emisión de dinero y el manejo de las reservas internacionales. Esto pasa por sustituir los fondos que se crearon para gastar la renta petrolera por nuevos fondos para ahorra un porcentaje significativo de la renta que permita encarar los tiempos de escasez. En otras palabras, se trata de sustituir el FONDEN por el FEM.
5. Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología para que las empresas puedan invertir directamente sus aportes en el financiamiento de proyectos de modernización e innovación tecnológica, en función de mejorar productos y procesos productivos; fortalecer su calidad, productividad y competitividad; y llevar productos buenos y baratos al consumidor.
6. Ley de Concesiones para estimular la inversión privada nacional y extranjera en la repotenciación de las zonas y parques industriales, hoy carentes de los servicios básicos que requiere la actividad manufacturera, tales como: energía eléctrica, gas industrial, agua y plantas de tratamiento, manejo de desechos sólidos, emanaciones gaseosas y efluentes líquidos, telecomunicaciones, vías de penetración, etc. Esto estimularía un nuevo campo de inversión en el ramo inmobiliario de condominios industriales.
7. Ley de la Pequeña y Mediana Industria, que son la mayoría de las empresas que conforman el sector manufacturero del país, cuya reactivación, reconversión y reindustrialización requiere una amplia gama de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, suministro de insumos básicos, asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas que deberías quedar consagrados en esta Ley.
8. Ley de Compras Gubernamentales para sustituir los miles de millones de dólares que anualmente el gobierno destina a importar lo que perfectamente se puede producir en el país. Con esta Ley se reorientarían las importaciones públicas hacia un programa de compras gubernamentales que priorice lo hecho en Venezuela, condicionado al cumplimiento de metas para la mejora de la calidad, productividad y precios de la oferta nacional.
9. Ley de Repatriación de Capitales para extender el beneficio de estos incentivos de política económica a la inversión en la agricultura, la industria y el turismo de los capitales de origen venezolano que se encuentran depositados en el sistema financiero internacional.

Ley del INCE para recuperar y repotenciar los centros de capacitación técnica y productiva que terminaron convertidos en centros de formación política e ideológica, lo cual explica en gran medida la escasez de personal técnico calificado que requiere la reactivación y expansión del aparato productivo nacional.