El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró este viernes que el Tribunal Supremo de Justicia prepara nuevas decisiones para limitar aún más las competencias del Parlamento.
Entrevistado por Globovisión, Ramos Allup denunció que el TSJ prepara una decisión para impedir que se aumente el número de magistrados, cosa que realizó la AN de control chavista el año 2004.
Además, también el Poder Judicial buscaría aprobar una sentencia para prohibir a la Asamblea citar a funcionarios, que no se ha podido aprobar porque hay magistrados que no están de acuerdo y han salvado su voto.
El presidente de la AN indicó que la Ley de Amnistía fue emblemática para la oposición durante la pasada campaña electoral y que el parlamento la sancionará con las correcciones que sean necesarias, aunque no cambiará en un ápice en su esencia de otorgar libertad a quienes son presos políticos y a favor de las personas que se encuentran en el exilio.
“Vamos a sancionar la Ley y si el gobierno no la promulga, nosotros sí. En los próximos días haremos una lista de las sentencias del TSJ desde las elecciones e incluso hay dos magistrados dispuestos a decir que los obligaron a renunciar”, expresó en relación a un informe preparado por el diputado Carlos Berrizbeitia.
La "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares" fue presentada por Delcy Rodríguez, quien explicó que consta de cuatro capítulos y 30 artículos. Entre las prohibiciones del capítulo dos se incluyó "la constitución de organizaciones sociales o con fines políticos que se fundamenten en el fascismo" y también un apartado especial para regular redes sociales
En país donde la crisis económica ha barrido el ahorro familiar y el valor de los ingresos fijos, la morosidad en las cuotas de los condominios se dispara y afecta la convivencia y la condiciones de vida en espacios comunes. Estas son algunas propuestas viables.
El peligroso escenario Nicaragua despunta en el horizonte de Venezuela. Según los politólogos John Magdaleno y Ramón Guillermo Aveledo, esto traería una profundización de las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos, y a nadie le convendría esto, ni al régimen ni al resto de los venezolanos.
